«Vamos a gobernar el país»: Preparando una ocupación ilegal en Venezuela

Por Michelle Ellner

Escuché la conferencia de prensa del 3 de enero con un nudo en el estómago. Como venezolana-estadounidense con familia, recuerdos y una conexión viva con el país, del que se hablaba como si fuera una posesión, lo que escuché fue muy claro. Y esa claridad fue escalofriante.

El presidente dijo, sin rodeos, que Estados Unidos «gobernaría el país» hasta una transición que considere «segura» y «prudente».

Habló de secuestrar al jefe de Estado venezolano, de transportarlo en un buque militar estadounidense, de administrar Venezuela temporalmente y de traer compañías petroleras estadounidenses para reconstruir la industria.

Desestimó las preocupaciones sobre la reacción internacional con una frase que debería alarmar a todos: «Entiendan que este es nuestro hemisferio». Para los venezolanos, esas palabras son el eco de una larga y dolorosa historia.

Seamos claros sobre las afirmaciones. El presidente afirma que Estados Unidos puede detener a un presidente extranjero en funciones y a su cónyuge bajo la legislación penal estadounidense. Que Estados Unidos puede administrar otro país soberano sin un mandato internacional. Que el futuro político de Venezuela puede decidirse desde Washington. Que el control del petróleo y la reconstrucción son una consecuencia legítima de la intervención. Que todo esto puede suceder sin autorización del Congreso y sin evidencia de amenaza inminente.

Ya hemos escuchado este lenguaje antes. En Irak, Estados Unidos prometió una intervención limitada y una administración temporal, solo para imponer años de ocupación, tomar el control de infraestructura crítica y dejar tras de sí devastación e inestabilidad. Lo que se presentó como administración se convirtió en dominación.

Ahora se habla de Venezuela en términos inquietantemente similares. La «administración temporal» terminó siendo un desastre permanente.

Según el derecho internacional, nada de lo descrito en esa conferencia de prensa es legal. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otro Estado y veda la injerencia en la independencia política de una nación. Las sanciones diseñadas para forzar resultados políticos y causar sufrimiento civil constituyen un castigo colectivo. Declarar el derecho a «gobernar» otro país es el lenguaje de la ocupación, por mucho que se evite el término.

Según la legislación estadounidense, las afirmaciones son igual de inquietantes. El poder de guerra corresponde al Congreso. No ha habido ninguna autorización, declaración ni proceso legal que permita a un ejecutivo detener a un jefe de estado extranjero o administrar un país.

Llamar a esto «aplicación de la ley» no lo convierte en tal. Venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos. No ha atacado a Estados Unidos ni ha emitido ninguna amenaza que justifique el uso de la fuerza según el derecho estadounidense o internacional. No existe fundamento legal, ni nacional ni internacional, para lo que se afirma.

Pero más allá de la ley y los precedentes, reside la realidad más importante: el costo de esta agresión lo paga la gente común en Venezuela. La guerra, las sanciones y la escalada militar no recaen de forma equitativa. Recaen con mayor dureza sobre las mujeres, los niños, los ancianos y los pobres. Implican escasez de medicamentos y alimentos, sistemas de salud interrumpidos, aumento de la mortalidad materna e infantil y el estrés diario de la supervivencia en un país obligado a vivir bajo asedio.

También implican muertes evitables, personas que mueren no por desastres naturales ni por la inevitabilidad, sino porque se ha obstruido deliberadamente el acceso a la atención médica, la electricidad, el transporte o los medicamentos. Cada escalada agrava el daño existente y aumenta la probabilidad de pérdida de vidas, muertes de civiles que se considerarán colaterales, aunque fueran previsibles y evitables.

Lo que hace esto aún más peligroso es la suposición subyacente: que los venezolanos permanecerán pasivos, sumisos y sumisos ante la humillación y la fuerza. Esa suposición es errónea. Y cuando colapse, como inevitablemente ocurrirá, el costo se medirá en un derramamiento de sangre innecesario. Esto es lo que se borra cuando se habla de un país como una «transición» o un «problema de administración». Desaparecen seres humanos. Las vidas se reducen a pérdidas aceptables. Y la violencia que sigue se presenta como lamentable en lugar del resultado predecible de la arrogancia y la coerción.

Escuchar a un presidente estadounidense hablar de un país como algo que hay que gestionar, estabilizar y entregar una vez que se comporta correctamente, duele. Humilla. Y enfurece.

Y sí, Venezuela no está unida políticamente. No lo está. Nunca lo ha estado. Hay profundas divisiones sobre el gobierno, la economía, el liderazgo y el futuro. Hay quienes se identifican como chavistas, quienes son ferozmente antichavistas, quienes están exhaustos y desconectados, y sí, hay quienes celebran lo que creen que finalmente podría traer un cambio.

Pero la división política no invita a la invasión.

América Latina ya ha presenciado esta lógica. En Chile, la división política interna se utilizó para justificar la intervención estadounidense, enmarcada como una respuesta a la ingobernabilidad, la inestabilidad y las amenazas al orden regional, que no culminó en democracia, sino en dictadura, represión y décadas de trauma.

De hecho, muchos venezolanos que se oponen al gobierno aún rechazan rotundamente este momento. Entienden que las bombas, las sanciones y las «transiciones» impuestas desde el exterior no traen la democracia, sino que destruyen las condiciones que la hacen posible.

Este momento exige madurez política, no pruebas de pureza. Puedes oponerte a Maduro y aun así oponerte a la agresión estadounidense. Puedes desear un cambio y aun así rechazar el control extranjero. Puedes estar enojado, desesperado o esperanzado, y aun así decir no a ser gobernado por otro país.

Venezuela es un país donde consejos comunales, organizaciones obreras, colectivos vecinales y movimientos sociales se han forjado bajo presión. La formación política no provino de centros de investigación, sino de la supervivencia. En este momento, los venezolanos no se esconden. Están cerrando filas porque reconocen el patrón. Saben lo que significa cuando líderes extranjeros empiezan a hablar de «transiciones» y «control temporal». Saben lo que suele seguir. Y están respondiendo como siempre lo han hecho: convirtiendo el miedo en acción colectiva.

Esa conferencia de prensa no se trataba solo de Venezuela. Se trataba de si el imperio puede volver a decir lo que no dice, si puede reivindicar abiertamente el derecho a gobernar otras naciones y esperar que el mundo se encoja de hombros. Si esto se mantiene, la lección es brutal e innegable: la soberanía es condicional, los recursos están ahí para que Estados Unidos los tome, y la democracia sólo existe por consentimiento imperial.

Como venezolana-estadounidense, rechazo esa lección. Rechazo la idea de que mis impuestos financien la humillación de mi patria. Rechazo la mentira de que la guerra y la coerción son actos de «cuidado» para el pueblo venezolano. Y me niego a callar mientras se habla de un país que amo como materia prima para los intereses estadounidenses, no como una sociedad de seres humanos que merece respeto.

El futuro de Venezuela no está en manos de funcionarios estadounidenses, juntas directivas corporativas ni de ningún presidente que crea que el hemisferio está a su disposición. Pertenece a los venezolanos.

Michelle Ellner

El Ciudadano