En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Gabriel Boric recibió el miércoles el primer Informe Bienal del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia (PNBVJ). El documento, que sistematiza los avances de esta política pública estatal creada en 2023, oficializa la cifra de 1.469 víctimas de desaparición forzada y presenta herramientas clave, como un mapa georreferenciado público de sus trayectorias.
La presentación, realizada en La Moneda, contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de la cartera, Daniela Quintanilla; el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic; y representantes de agrupaciones de familiares. El Plan busca esclarecer el destino de las víctimas, asegurar el acceso a la información para sus familias e implementar acciones de reparación y garantías de no repetición.
Estado asume su responsabilidad histórica
El acto estuvo marcado por el reconocimiento de la deuda histórica del Estado. El Presidente Boric destacó que, gracias al informe, pudo “constatar todas las acciones realizadas y la consolidación de esta política inédita para el Estado de Chile”.
El ministro Jaime Gajardo destacó que esta política marca un cambio en la forma en que el país asume su compromiso con las familias.
«El Plan Nacional de Búsqueda es un imperativo ético para nuestro país. Fueron agentes del Estado quienes hicieron desaparecer a miles de compatriotas, y es el Estado el que tiene la obligación de buscarlos y determinar sus paraderos», indicó.
Señaló que la entrega de este informe “sintetiza el trabajo de implementación y refleja un esfuerzo que, por primera vez, el Estado de Chile realiza de manera integral, sistemática y permanente”.
Hitos del Plan Nacional de Búsqueda: de la nómina única a las diligencias en terreno
El informe detalla avances concretos logrados desde la implementación del Plan. Los más destacados son:
Nómina oficial y pública: Se consolidó, por primera vez en un sitio estatal (plannacionaldebusqueda.cl), una lista única con 1.469 casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpo.
Esta cifra representa a casi la mitad de las víctimas que aún no han sido encontradas, ya que se estima que durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) hubo más de 3.200 casos y aún faltan por hallar alrededor de 1.500.
Mapa georreferenciado de trayectorias: Se construyó un mapa público alimentado por expedientes judiciales y archivos administrativos.
Este instrumento permite seguir la ruta las víctimas, incluyendo los lugares donde fueron detenidas, trasladadas, sometidas a tortura o prisión política, hasta el punto donde se pierde su rastro.
Diligencias en terreno: Se han realizado 157 diligencias en lugares emblemáticos como Pisagua, la ex Colonia Dignidad, Lonquén y Playa Ancha, muchas de ellas con la participación directa de las familias.
Institucionalidad y marco legal: Se creó el Archivo Nacional de la Memoria y se promulgó la ley que establece la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada”, un estatus legal crucial para las familias.
El compromiso de las familias: «Vamos a seguir buscando hasta encontrarlos»
El proceso ha tenido un carácter colaborativo. Al respecto, el ministro Gajardo destacó la coordinación de diversas instituciones como Sernageomin, el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad y el Servicio Médico Legal para las diligencias.
Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Comité de Seguimiento del Plan, agradeció el avance, pero recordó la responsabilidad estatal.
“Agradecemos este avance, pero tenemos claro que fue el Estado de Chile el que hizo desaparecer a nuestros familiares; por lo tanto, es el Estado el que debe hacerse responsable de la búsqueda”.
“Vamos a seguir buscando hasta encontrarlos, porque la sociedad completa debe hacerse cargo de lo que significa la desaparición forzada en este país”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario U. de Chile.
Anteriormente, en agosto, en el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ya se había avanzado con la entrega de “Carpetas de Calificación” a cerca de 150 familiares, documentos que reúnen antecedentes personales, testimonios e informes de sus seres queridos.
En esa ocasión, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), valoró el gesto y señaló que “las acciones que hace este Gobierno son un acto reparatorio no sólo a los familiares, sino que a esta sociedad que tanto necesita de una reparación integral”.
Un plan a largo plazo con desafíos por delante
Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia fue oficializado en 2023 con el decreto firmado por el presidente Boric, quien entonces afirmó: “Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra”.
Se diseñó como una política de Estado permanente, con gobernanza y presupuesto asignado, que debe ser implementado y respetado por cualquier gobierno futuro.
Su objetivo central es “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte” de las víctimas, garantizando a las familias el acceso a la información y su participación, e implementando medidas de reparación y garantías de no repetición.
El informe presentado este 10 de diciembre al jefe de Estado estará disponible para toda la ciudadanía y busca consolidar al Plan como una política de Estado con proyección permanente y con la participación activa de las organizaciones de derechos humanos.
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