Archivos históricos de exonerados políticos resultan dañados por la lluvia tras desalojo municipal en Puerto Montt

Representantes de un grupo de 18 organizaciones, entre las que se encuentra la Agrupación de Pensionados, Exonerados y Adultos Mayores de Puerto Montt, denunciaron un grave atropello por parte de la Municipalidad, tras haber sido desalojados de manera irregular y sin previo aviso del inmueble que ocupaban en calle San Felipe #13, situación que dejó sus pertenencias bajo la lluvia y expuestas a severos daños materiales.

El espacio en cuestión era arrendado por el municipio de Puerto Montt y facilitado a las organizaciones sociales. Sin embargo, la actual administración del alcalde, Rodrigo Wainraihgt (RN), decidió no renovar el contrato de arriendo, lo que derivó en desalojo del recinto el pasado 28 de mayo,

Los dirigentes de las agrupaciones afectadas señalaron como responsable de la expulsión arbitraria al administrador municipal, Fernando Orellana, ya que desde marzo pasado le estuvieron solicitando reuniones para abordar el tema y buscar una solución de traslado, lo cual no se concretó.

No obstante, plantearon que existió un compromiso verbal por parte del propio funcionario para reubicar a las organizaciones en una oficina ubicada en calle Urmeneta #214, donde antiguamente funcionaba Deportes Puerto Montt. Sin embargo, este acuerdo no se habría cumplido.

Según los dirigentes, la medida fue ejecutada sin una coordinación adecuada con ellos, ya que en principio se les indicó que se llevaría a cabo el 29 de mayo, por lo que no pudieron estar presentes.

También explicaron que el operativo se llevó a sin una orden judicial y sin la presencia de un ministro de fe. Los funcionarios de la Municipalidad habrían ingresado a la fuerza al recinto, rompiendo puertas y ventanas.

Señalaron que las pertenencias de las agrupaciones fueron retiradas y llevadas a una bodega del municipio donde solo las cubrieron con bolsas negras y estuvieron a la intemperie y expuestas a la lluvia.

Desalojo irregular a la fuerza

«Fuimos tratados por las autoridades municipales de manera muy prepotente, con una falta de respeto. En los hechos nos engañaron, porque nos hicieron creer que íbamos a recibir otro local. Incluso fuimos a ver el local por nuestra propia cuenta y ya hacíamos planes», relató en conversación con El Ciudadano, el presidente de la Agrupación de Pensionados, Exonerados y Adultos Mayores, Rudy Carrasco

«Es cierto que la Municipalidad tenía que devolver ese local y nosotros tampoco nos oponemos a que lo hubiera devuelto. No nos oponíamos. Es más, si nos hubieran dicho necesitaban las llaves, tendríamos que haberlas entregado», señaló, al tiempo que criticó el ingreso forzado al recinto y que no les permitieran sacar su pertenencias de forma organizada.

«En los últimos días, antes que sea la fecha tope para devolver esa casa a la dueña, ellos rompieron el candado de la entrada del portón de la calle y la soldaron, soldaron la puerta porque es una puerta metálica, la soldaron. Entonces nosotros no podíamos entrar. Y si hubiéramos entrado, nos habrían acusado de violentar, qué sé yo. Después ellos nuevamente abrieron ese portón metálico y para entrar a las oficinas rompieron puertas y me parece que ingresaron por una ventana a la cual le quebraron los vidrios. Fue una cosa vandálica, sobre todo demuestran un descriterio, al pensar que van a hacer una cosa así y que esto no tiene ninguna consecuencia, lamentables los conceptos», planteó el dirigente.

En la misma línea, Bernardo Miranda, presidente de la agrupación de pueblos indígenas Comité Mari Lahuen, señaló que ante la falta de atención por parte del acalde y del incumplimiento del ofrecimiento del administrador sobre el traslado al local en calle Urmeneta #214, todos los días se dirigían a la Municipalidad para exigir respuestas.

«Hasta que el día 28 de mayo, la secretaria nos dijo que el administrador no nos podía atender porque estaba en una reunión, terminando la reunión, ella iba a hablar con él e iban a ver qué decisión iban a tomar. Bueno, a las 12 del mediodía salió la secretaria, habló conmigo, y me dijo que la resolución que habían tomado era de que no se nos renovaba el contrato y que el día de mañana, jueves 29 de mayo, había que desocupar el local, que ellos ponían el camión y la gente», narró.

«Yo misma me voy a encargar de que sus cosas se las embalen bien embaladas y que se traten muy bien y se las van a llevar a una bodega de la Municipalidad, nos dijo la secretaria y yo le dije que iría en la mañana temprano para tomar nota de lo que se iban a llevar «, acotó Miranda.

Sin embargo, cuando llegaron hasta la oficina el día 29 de mayo, tal y como habían acordado, se encontraron que ya la Municipalidad había realizado el desalojo, llevándose sus pertenencias.

«Lo peor de todo es que forzaron las puertas teniendo llaves nosotros. ¿Por qué no nos las pidieron?, ¿Y por qué lo hicieron a la fuerza?, ¿Por qué dejaron nuestras cosas, muebles, archivos y carpetas, a la intemperie?», preguntó.

«Es una pérdida irreparable y más el abuso de haber tomado esa decisión, sin previo aviso de un Juzgado que iba que desalojar. Deberíamos haber estado nosotros ahí para tomar nota de lo que se llevaron», dijo.

1.700 carpetas con archivos históricos de exonerados políticos bajo la lluvia

Rudy Carrasco, quien se desempañaba como administrador (ad honorem) del recinto, destacó que en el inmueble que ocupaban en la calle San Felipe #13 de Puerto Montt, se encontraban las pertenencias y archivos de 18 organizaciones sociales, entres las que se encontraban la agrupación de pueblos indígenas Comité Mari Lahuen, grupos del espectro autista, mujeres emprendedoras, grupos animalistas, comités de vivienda, el centro para el progreso, e incluso una organización de celiacos.

Sin embargo, destacó que las mayores pérdidas las sufrieron los exonerados políticos, con más de 1.700 carpetas con documentación histórica, que en su mayoría resultaron destruidos por la exposición al agua y la humedad. Se trata de una pérdida irreparable de memoria histórica y de documentos clave para cientos de personas que por décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos.

«Los más dañados, en cuanto a destrucción material, de nuestros muebles, de nuestros archivos, somos los exonerados. Son documentos acumulados desde el año 2000, y hay cosas como fotografías que adornaban nuestra sala, fotografías de nuestros compañeros, las cuales en su mayoría están muertos ahora. Por la edad de nosotros somos un grupo social que se va extinguiendo rápidamente», afirmó.

«Se comete la primera irregularidad que irrumpir en el local rompiendo las puertas y si no me equivoco, rompieron una ventana. Entonces eso evidentemente que es una ilegalidad. Segundo, un descriterio. Ellos resguardaron nuestros documentos, resguardaron entre comillas, echándolos adentro de bolsas plásticas,, pero en el total desorden. Si uno echa archivadores sin orden, así como un bloque, es una cosa que no está organizada, Tenemos libros que por ejemplo, ahora tienen todas las hojas pegadas por el agua y se encuentran desarmados. También se desarmaron todas nuestras repisas, porque son de madera aglomerada, de tablero aglomerado, como son normalmente los muebles hoy día, y que se hincharon y ya no sirven», narró.

«Y porque no hubo un inventario, es posible que otras pertenencias ya no las encontraremos, porque sencillamente las hayan tirado a la basura. No sabemos cuánto de lo nuestro tiraron a la basura, porque ellos decidieron qué servía y qué no servía. Y tampoco hubo una orden judicial para desalojar, y eso es grave», enfatizó el dirigente.

Tanto Rudy Carrasco, como Bernardo Miranda indicaron a El Ciudadano que un equipo de la Universidad Austral (Antropología) se reunió con ellos para analizar los documentos y archivos que se mojaron, pero los especialistas les indicaron que sería muy difícil poder recuperarlos.

«Le consultamos a la universidad si se podían llevar los documentos para conservarlos y nos dijeron que es muy complicado, porque los documentos ya tienen hongos, tienen bacterias y por lo tanto esos podrían contaminar otros objetos que tienen resguardados. De tal manera, que nos van a responder a ver si tienen otro espacio para ayudarnos a recuperar, mientras nosotros tengamos un local adecuado», explicó Carrasco.

¿Intencionalidad política por parte de la Municipalidad de Puerto Montt?

Para el presidente de la Agrupación de Pensionados, Exonerados y Adultos Mayores, este desalojo arbitrario se debe a la falta de criterio por parte del alcalde Rodrigo Wainraihgt, el administrado Fernando Orellana y del equipo de la Municipalidad de Puerto Montt.

«Creyeron que somos una organización pobre, por decir, no tenemos recursos. Entonces, calcularon que sacando las cosas de ahí, ya no podíamos volver. Esa me parece que es la lógica de ellos», indicó.

Sin embargo, para Bernardo Miranda, presidente del Comité Mary Lahuen, el daño causado a 18 organizaciones tiene una clara intención política ya que muchos de los integrantes son exonerados de trabajos en tiempos de la dictadura militar.

«Estos políticos de derecha odian a los exonerados políticos. ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser exonerados o presos políticos de la dictadura?. Así que es netamente política esta cosa», acusó.

Ante la falta de respuestas por parte del alcalde y su equipo y por el daño y las perdidas de bienes materiales y documentos de memoria histórica que les causó el desalojo forzado, las agrupaciones evalúan emprender acciones legales contra la Municipalidad, con la finalidad de exigir una reparación.