Se alerta que la propuesta para castigar filtraciones, conocida como «Ley Mordaza» amenaza con silenciar a la prensa y permitir la creación de archivos judiciales ocultos.
La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera se pronunció en contra de un proyecto de ley que propone modificar la legislación actual para sancionar las filtraciones de investigaciones. Encina enfatizó que la solución al problema de las filtraciones no debe ser la criminalización de los actores del sistema judicial ni de la prensa por informar sobre los casos.
Uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la creación de una carpeta paralela de información reservada, situación que permitiría al Ministerio Público separar antecedentes del archivo principal que no tengan interés penal. Sin embargo, esta medida también impediría el acceso de información a involucrados como la defensa, las víctimas y los querellantes, y carecería de un control judicial efectivo: «este mecanismo no solo carece de control judicial efectivo, sino que impide que cualquier interviniente pueda acceder a dicha información», señaló la Defensora Nacional.
Encina alertó que esta situación recuerda prácticas regresivas como los sumarios secretos o la vigilancia institucional sin control. La propuesta, al romper el equilibrio entre las partes y el control cruzado, limitaría a la defensa incluso en debatir la existencia o el contenido de la información.
A esto se suma la potencial criminalización del periodismo, ya que los puntos penales propuestos, al usar palabras como «informar», «difundir» o «divulgar», abren la posibilidad de sancionar tanto a quienes filtran la información como a quienes la publican. Esto tiene el potencial de confundir la línea entre el deber de reserva y la libertad de expresión: “si no se precisa que sólo se sanciona a quien, estando obligado por ley a guardar secreto, entrega la información, podríamos terminar persiguiendo penalmente a periodistas”, advierte Encina, poniendo sobre la mesa la delicada situación en la que se encontraría el derecho de los
medios de comunicación.
La Defensoría Penal Pública no es indiferente a las filtraciones que pueden perjudicar a los imputados, pero aseguran que la solución debe basarse en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control internos. Ante esto, se propone fortalecer el sistema con registros de acceso, auditorías y deberes reforzados para las policías y el Ministerio Público, de esta forma se evitaría: “cualquier medida que debilite las garantías procesales o que genere espacios oscuros dentro del proceso penal”, señaló.
La alerta de la Defensora Nacional resuena fuerte, y lleva a reflexionar sobre el futuro de la justicia y la libertad de información en nuestro país.
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