Exigen medidas para proteger a mujeres amenazadas por grandes proyectos extractivos

El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras COPINH, ha sacudido profundamente organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos.

Es por eso que la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a empresas y gobiernos la responsabilidad para frenar la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas y piden medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas.

La organización asegura que «las mujeres están especialmente expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas» y, entre ellas enumeran «las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; la contaminación que afecta a su salud; la criminalización que afecta a su integridad; y  el despojo de sus territorios». Unos impactos que, dicen, «se extienden a sus familias y comunidades».

La Red denuncia esta situación y ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para visibilizar que las mujeres que defienden sus territorios ponen en riesgo sus vidas.

En una carta dirigida a los gobiernos latinoamericanos, explican que la violencia se da «desde el mismo intento de ingreso de una empresa extractiva a una determinada zona» hasta «después de haberse retirado la empresa y el proyecto de las comunidades»

El texto critica que «las mujeres ven limitado el acceso y la capacidad de proporcionar agua, comida y seguridad alimentaria» y que «su salud, su trabajo y su economía se resienten». Además, agregan «la vulneración de sus derechos, el hostigamiento y la criminalización generan violencia psicológica, física, sexual y también violencia política».

Berta Cáceres

La activista indígena había recibido varias amenazas de muerte por luchar y proteger al territorio y a sus comunidades.

Su asesinato se vincula a las artimañas de las empresas mineras e hidroeléctricas, que se instalaron en los territorios pasando por alto a las comunidades instaladas allí.