Gobierno anuncia agenda legislativa de 50 años en Parque Cultural de Valparaíso: «Proyecta un futuro donde la verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición son fundamentales»

A propósito del anuncio de este domingo del presidente Gabriel Boric, respecto a la posibilidad de poner “a disposición del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia toda la información que permita conocer la verdad y la trayectoria de los detenidos desaparecidos”, se reunieron en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel), el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, junto al titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, para sostener una reunión con agrupaciones y parlamentarios e informar sobre la agenda legislativa en DD.HH. del Gobierno.

El objetivo de este encuentro fue anunciar oficialmente las medidas comprometidas por el Gobierno, que se encuentran relacionadas a proyectos de ley que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional y a las que se presentará urgencia e indicaciones.

Entre estas iniciativas figuran la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal y el levantamiento para el Plan Nacional de Búsqueda del secreto vinculado a la información contenida en la Comisión Valech. Además, se incluyen el Plan Nacional de Memoria y Patrimonio y, por último, la eliminación de la restricción de información que existe respecto a las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida.

Al respecto, el ministro Álvaro Elizalde, explicó que esta instancia “más que una jornada, es una reunión de diálogo con víctimas de violación a los derechos humanos (…) Para que nunca más se cometan las atrocidades que el país sufrió en el contexto de la dictadura. Cuando conmemoramos 50 años del golpe de Estado, es siempre importante tomar conciencia, como un acervo cultural compartido, respecto a la necesidad de cuidar la democracia, rechazar siempre los golpes de Estado y también las violaciones a los derechos humanos para construir una forma de convivencia centrada en el respeto a la dignidad de las personas”.

En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, y planteó que es fundamental que “el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de Informe Valech 1 y 2 en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos».

Indicó que la finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan y trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, «de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos. De igual modo se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad».

«Para que ustedes tengan un orden de magnitud, del total de víctimas actualmente se han requerido aproximadamente un poco más de 8.000 carpetas con sus testimonios y sus antecedentes. Y finalmente, la posibilidad de también respetando la voluntad de las víctimas, los tribunales de justicia, al igual como sucede en el caso de Vallech 2, se pueda permitir el acceso a los antecedentes que allí se encuentran”, agregó Cordero.

Eduardo Morris, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos y de Detenidas y Detenidos Desaparecidos de la región de Valparaíso, valoró los anuncios, “porque por primera vez desde que se inició lo que se ha llamado transición democrática o transición a la democracia, tenemos un gobierno que ha tomado con decisión política, con mucha fuerza, a través de diferentes ministerios; saldar en la mayor forma posible la deuda que tiene el Estado de Chile con las víctimas de las violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la dictadura genocida.

«Creemos que es una oportunidad única para saldar esta deuda y las agrupaciones están dispuestas, y así se lo han manifestado al gobierno y a los ministros, dispuestas a colaborar para construir la memoria, para establecer la verdad, para hacer justicia, para reivindicar a nuestros familiares como luchadores políticos, sociales y, sobre todo, para garantizar la no repetición de otro genocidio», afirmó.

A juicio de Morris, es sumamente importante que nadie se tiente nuevamente a dar un golpe de Estado y «el hecho que a 50 años de tan tremendo hecho sanguinario, la peor tragedia de Chile, todavía se persiga, se sancione y se condene a los criminales de lesa humanidad, es una señal potente para quienes se puedan tentar porque se les va a perseguir y condenar igual como se está haciendo ahora”.

El director ejecutivo (i) del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, Erick Fuentes, valoró que los anuncios se realizaran en el sitio de memoria y junto a las agrupaciones de derechos humanos de la región, ya que “proyectan un futuro donde la verdad, la memoria, la justicia, las garantías de no repetición son fundamentales».

«Destacamos, a 50 años del golpe, que desde un sitio de memoria regional como la cárcel pública Valparaíso, actual Parque Cultural, se haga este lanzamiento con una participación ciudadana importante, con agrupaciones históricas, con agrupaciones de jóvenes y que de alguna manera transversalizan con su participación un desafío del Estado de Chile por garantizar un futuro donde la memoria, donde la verdad, donde las reparaciones sean parte del sello de esta conmemoración. Es decir, saldar las deudas del pasado con nuestra democracia y promover un compromiso férreo, decidido, audaz también, en la formación de las nuevas generaciones”, expresó.

Con relación a la elaboración del Plan Nacional de Memoria y Patrimonio, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, detalló que «éste busca establecer una mesa técnica que culmina con la formulación de esta política de memoria y patrimonio, además de fortalecer las regulaciones, mejorar el mecanismo y sistema de financiamiento de los sitios de memoria y memoriales con perspectiva de educación, difusión y divulgación en materia de derechos humanos».

En la instancia también participaron la Subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos Palacios; Xavier Altamirano Molina, de la subsecretaría de DD.HH.; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; además de organizaciones de memoria y derechos humanos, como la Red de Sitios de Memoria de Chile, el Comité Chileno de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso, Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile, el Colectivo de Ex Presos Políticos de Valparaíso, Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví, entre otras convocadas por la SEGPRES.

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