ONU denuncia manipulación de consultas a pueblos indígenas en México

En México las consultas a los pueblos indígenas se hacen por trámite, cuando ya está en marcha el proyecto, sin información suficiente y muchas veces ni siquiera en el idioma que hablan esas personas, denuncia la Organización de Naciones Unidas.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz presentó un informe en el que detalla que las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios y de agricultura constituyen “un reto mayúsculo” para los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Según el informe, las consultas que se han llevado a cabo para estos megaproyectos desde la visita del anterior relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen (en 2003) han incumplido los estándares internacionales de derechos humanos a los que México se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.

Para cumplir con esto, explicó la relatora a Animal Político, las consultas se deben hacer incluso antes de diseñar los proyectos de explotación de la tierra; se debe proporcionar a los habitantes información sobre los posibles impactos ambientales, sociales y de derechos humanos que tendrá el proyecto y sólo entonces se puede considerar que la consulta se hizo de buena fe.

Sin embargo, las consultas se realizan con los proyectos ya en marcha, se dirigen a pocas personas preseleccionadas y en español, cuando muchos ni siquiera lo hablan. “No los escuchan, no los consultan”, dijo la Relatora. “A veces eligen a algunas personas que creen que estarán de acuerdo con el proyecto y sólo a esos se les consulta, por eso las comunidades están divididas. Ningún gobierno debería permitir que se realice un proyecto comercial en esas zonas sin consultarlos”.

Por su parte, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab apuntó que estas consultas se convierten en un método de chantaje,  ya que quienes las realizan intentan convencer a los habitantes de los pueblos indígenas con la promesa de beneficios, mismos que perderán si votan en contra.

“A los pueblos afectados nadie les pregunta hasta que empiezan a resistir. Cuando se le preguntó a una mujer lo que es la consulta, respondió que les prometen beneficios si firman; si no, los amenazan con despojarlos. Entonces no es libre, es un contexto muy manipulador”, sentenció Jarab.

Estas prácticas, además, dividen a las comunidades entre los que “se dejan convencer” y los que persisten, quienes después son estigmatizados como los “malos indígenas”, los que se oponen al desarrollo, agregó el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En entrevista, el funcionario dijo que lejos de informar a los pueblos indígenas sobre los proyectos a realizar en sus tierras, se les presenta la información con soberbia ante su desconocimiento sobre el tema. “Nos preocupan los servidores públicos que se presentan como ‘nosotros tenemos la ciencia y ustedes no entienden nada’, aunque sabemos que esa es sólo la versión de las empresas y que la ciencia en lo general respalda a los ambientalistas y los indígenas”, dijo.

Citando el ejemplo de los apicultores de Campeche que llevaron hasta la Suprema Corte su lucha contra la soya transgénica, Jarab dijo que en las prácticas que han acompañado desde la ONU, por lo general los procesos de consulta han sido decepcionantes.

“Esto también nos hace dudar de la última característica, que es la buena fe. Si no es ni libre, ni previa, ni informada ni culturalmente adecuada, difícilmente puede ser de buena fe”, puntualizó.

El informe de la Relatora Especial se basa en la visita que realizó en noviembre de 2017 a cuatro entidades mexicanas: Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, en los que se entrevistó con 200 representantes indígenas, que le expresaron “cientos de quejas” sobre violaciones a sus derechos humanos.

El reporte hace una comparación con el informe presentado por Rodolfo Stavenhagen en 2003, y concluye que no ha habido grandes avances en 14 años a pesar de los compromisos internacionales contraídos por México desde entonces en materia de derechos humanos; los pueblos indígenas siguen presentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos.

Sumado a los proyectos de explotación de sus tierras, los indígenas enfrentan conflictos territoriales, desplazamientos forzados, criminalización y violencia contra los que defienden esos derechos.

“Todos estos problemas se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”, puntualiza el nuevo informe de la Relatoría.

Ante este panorama, la Relatora indicó que el gobierno mexicano debe regular las actividades productivas y de desarrollo en las tierras habitadas por pueblos indígenas, para asegurarse de que las grandes compañías están cumpliendo con los estándares internacionales, particularmente de respeto a los derechos de estos pueblos.

Entre los otros abusos cometidos contra estos pueblos, la relatora destacó los desplazamientos forzados, la violencia ejercida contra ellos por grupos criminales que pelean por los territorios, lo que los desplaza a áreas urbanas.

Una preocupación particular de la Relatora son las mujeres, que sufren varias formas de discriminación por factores de género y étnicos, e incluso destacó la violencia obstétrica. “El acceso a la justicia en mujeres indígenas  es particularmente difícil dados los altos índices de feminicidios de mujeres indígenas”, dijo durante la presentación del Informe, en la que también estuvo presente el ombudsman nacional, Raúl González Plascencia.

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