Salvadoreña es absuelta por «intento de homicidio» tras sufrir parto espontáneo

La salvadoreña Imelda Cortez, de 20 años de edad, fue absuelta por la justicia de ese país, tras permanecer 20 meses en prisión preventiva acusada de tentativa de homicidio de su bebé, tras sufrir un parto espontáneo.

“Juez de tribunal de sentencia de Usulután absuelve a Imelda Cortez. Libertad”, escribió en Twiter Bertha María Deleón, la abogada que comandó la defensa de la joven que tuvo un parto espontáneo luego de quedar embarazada producto de una violación.

Un portavoz de la agrupación feminista La Casa de Todas confirmó a la AFP que Imelda fue declarada “libre”.

La sentencia se produce luego de que la Fiscalía solicitó al tribunal cambiar la tipificación del delito de tentativa de homicidio que es castigado con penas de hasta 30 años a “abandono y desamparo de personas”, en perjuicio de su hija.

“El juez determinó que no hubo indicio de que Imelda cometiera delito” y como estuvo encarcelada por un año y ocho meses, la dejó en libertad, declaró a la AFP el portavoz de la Agrupacion Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapeútico Ético y Eugenésico, Jorge Menjívar.

Antes de que el juez pronunciara el veredicto, agrupaciones feministas que se habían concentrado frente al tribunal coreaban: “Libertad para Imelda”.  Luego del fallo, Imelda fue liberada “de inmediato”, comentó Menjívar.

Imelda Cortez sufrió un parto espontáneo en un retrete ―su niña sobrevivió― luego de quedar embarazada de su padrastro, quien la violó reiteradamente durante siete años. El sujeto se encuentra detenido y afronta un juicio.

El juicio estuvo a cargo de un tribunal integrado por tres jueces ―un hombre y dos mujeres― que evaluó los testimonios, pruebas y argumentos de la fiscalía y la defensa, tras la celebración de la audiencia preliminar en septiembre pasado.

“Sabemos que Imelda no cometió ningún delito y por eso debe quedar en absolución total, recobrando la libertad que se le ha negado por un delito que no ha cometido”, declaró a la AFP Keyla Cáceres, una de sus abogadas.

La acusación

La acusación fiscal afirma que el 17 de abril de 2017 la joven buscó ayuda médica en el hospital nacional de la ciudad de Jiquilisco, departamento de Usulután, por enfrentar una hemorragia.

“Al ingresarla, una doctora diagnosticó que la fémina había tenido un parto extrahospitalario, pues además habían llevado la placenta”, consignó un comunicado del Centro Judicial.

Cortez lo justificó diciendo “que sintió que le salió algo cuando estaba en el servicio (sanitario)”.

El Salvador cuenta con una severa ley antiaborto que criminaliza a las mujeres aún en situaciones como el parto extrahospitalario de Cortez.

Agentes policiales y soldados inspeccionaron  la fosa séptica en la vivienda de la joven, en la localidad rural de El Paraís, donde escucharon el llanto de la recién nacida “llena de heces y de polvo blanco”.  La bebé fue trasladada al hospital y sobrevivió.

Según el parte judicial, Imelda Cortez negó inicialmente haber dado a luz, y arrojó a la bebé a la fosa séptica, lo que “configura el delito de homicidio agravado tentado”.

Desde 2017, Cortez se mantuvo bajo detención provisional en el centro penal de San Miguel, este del país.

“Injusticia”

La defensa de Cortez arremetió contra la severa ley antiaborto de El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando es producto de una violación o la mujer corre riesgo de vida.

“Imelda representa a las niñas y jóvenes adolescentes que tienen una vulneración de sus derechos humanos en su totalidad. Vemos cómo el Estado, por medio de la penalización absoluta del aborto, condena a mujeres como Imelda, las mete en prisión y otras terminan muertas sin que se conozcan sus nombres”, aseguró la abogada Cáceres.

Para el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el caso de Cortez representa una injusticia en un país que acumula una impunidad histórica.

“Estamos (en el caso de Imelda) ante una situación de una profunda injusticia, porque se está procesando a una persona por un delito que no ha cometido”, reclamó el abogado Arnau Baulenas, coordinador de procesos de justicia del IDHUCA.

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