La Presidencia del Estado de Palestina expresó su contundente condena frente a esta decisión, advirtiendo que representa una grave escalada destinada a consolidar la ocupación, expandir los asentamientos y anular los acuerdos firmados por Israel.
En una medida calificada como una anexión de facto sin precedentes desde la ocupación de 1967, Israel aprobó la reapertura del registro de tierras en Cisjordania estableciendo un mecanismo administrativo que permitiría declarar extensas áreas como «propiedad estatal» del régimen sionista,
Según un reporte elaborado y difundido por la Embajada del Estado de Palestina en Chile, la decisión, adoptada por las autoridades ocupantes, contempla la asignación de 244,1 millones de nuevos shéquels israelíes (NIS) (78 millones de dólares) para poner en funcionamiento una estructura burocrática destinada al despojo a gran escala de miles de familias palestinas cuyas tierras han sido cultivadas y habitadas por generaciones.
El informe diplomático palestino destaca que esta reactivación del registro de tierras constituye un punto de inflexión en la política de asentamientos israelí, siendo descrita por altos funcionarios de Tel Aviv Como parte de una autodenominada «revolución de los asentamientos» que busca fortalecer el control israelí y garantizar lo que denominan «plena libertad de acción» en todo el territorio ocupado.
La medida, según detalla el documento, fue adoptada menos de una semana después de que la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara la entrada en vigor de diversas políticas destinadas a agilizar la adquisición de tierras por parte de ciudadanos israelíes en las Áreas «A» y «B» de Cisjordania, zonas que según los Acuerdos de Oslo debían permanecer bajo control administrativo palestino.
La Presidencia del Estado de Palestina expresó su contundente condena frente a esta decisión, advirtiendo que la misma representa una grave escalada destinada a consolidar la ocupación, expandir los asentamientos y anular los acuerdos firmados.
Advirtió que la decisión de clasificar las tierras de Cisjordania como propiedad estatal bajo la autoridad israelí constituye una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad, argumentando que equivale a una anexión de facto del territorio palestino ocupado y constituye el comienzo de la aplicación de planes de anexión destinados a afianzar la ocupación mediante la expansión ilegal de los asentamientos.
En su declaración, recogida por el reporte de la representación diplomática en Santiago, la Presidencia enfatizó que la medida «viola el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la Resolución 2334», que precisamente exige el cese inmediato de las actividades de asentamiento en territorio palestino ocupado.
Según el texto, estas medidas unilaterales no otorgarán a la ocupación israelí ninguna legitimidad sobre el territorio del Estado de Palestina y no alterarán el estatus jurídico e histórico de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza como territorios palestinos ocupados en virtud del derecho internacional.
Ante este escenario, la Presidencia del Estado Palestino hizo un llamamiento a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Gobierno de los Estados Unidos, para que intervengan de inmediato con el fin de detener las peligrosas acciones israelíes y obligar a Israel a cumplir el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional, con el fin de reducir las tensiones y restablecer la estabilidad.
Desde el cese al fuego, Israel ha asesinado a 603 palestinos en Gaza
A 130 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego que entré en vigor en octubre de 2025, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 603 palestinos en la Franja de Gaza y han herido a otros 1.558, según reveló el informe de la Embajada del Estado de Palestina en Chile.
Estas cifras, verificadas por fuentes locales y médicas gazatíes, elevan la cifra total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023 hasta el 17 de febrero de 2026 a 72.063 mártires palestinos en la Franja, además de 171.726 heridos, en lo que organismos internacionales han calificado como un genocidio sin precedentes en la historia reciente.
El reporte diplomático también se refirió a una serie de ataques perpetrados contra zonas del norte y sur de la Franja de Gaza, en los cuales las fuerzas de ocupación israelí mataron a nueve palestinos e hirieron a varios más en una sola jornada. Esta agresión incluyó una serie de bombardeos aéreos y disparos de artillería contra áreas densamente pobladas, se han repetido con alarmante frecuencia durante el período de supuesto cese al fuego.
Informes adicionales revelan que las Fuerzas de Ocupación Israelíes mataron a nueve palestinos en nuevos ataques en Gaza el lunes pasado, a pesar de que el alto el fuego aparentemente está en vigor desde octubre de 2025. Al día siguiente, un ataque con drones israelíes en la carretera de Saladino, una de las principales vías de la Franja, mató a dos palestinos más que transitaban por la zona.
«Las condiciones de los refugios en Gaza siguen siendo catastróficas, lo que obliga a muchas familias desplazadas a vivir en estructuras inseguras o a buscar entre los escombros artículos de primera necesidad», señala el informe de la Embajada palestina citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La descripción de la situación humanitaria resulta desgarradora: miles de familias carecen de acceso a agua potable, alimentos suficientes o medicamentos básicos, mientras los bombardeos israelíes continúan afectando incluso las zonas donde se ha indicado a la población civil que debe refugiarse.
El documento presta especial atención a la situación de los sectores más vulnerables de la población gazatí. «Los niños están expuestos a los restos explosivos de guerra, mientras que las personas mayores enfrentan mayores riesgos de salud y un acceso limitado a la atención médica», advierte.
Ante esta situación desde la Organización de Naciones Unidas, advirtieron además que «las necesidades humanitarias siguen superando el acceso y la capacidad operativa, dejando a miles de pacientes sin tratamiento adecuado, ya que los servicios esenciales prácticamente no están disponibles».
Esta advertencia adquiere especial gravedad considerando que de los 36 hospitales que funcionaban en Gaza antes del 7 de octubre de 2023, actualmente solo 18 lo hacen de manera parcial, con graves carencias de combustible, medicamentos, material quirúrgico y personal especializado, muchos de los cuales han sido asesinados por los bombardeos israelíes.
El reporte de la Embajada detalla que, desde el inicio del genocidio el 7 de octubre de 2023, además de los 72.063 mártires registrados, se contabilizan más de 10.000 ciudadanos palestinos que permanecen desaparecidos bajo los escombros, sin que las fuerzas israelíes permitan el acceso de equipos de rescate para recuperar sus cuerpos.
Igualmente, 1.700 trabajadores de la salud han sido asesinados mientras cumplían con su deber humanitario de atender a los heridos, en lo que organizaciones internacionales han denunciado como una política sistemática de destrucción del sistema sanitario gazatí.
Ataques terroristas sistemáticos contra territorios y civiles palestinos
Paralelamente a la ofensiva militar en Gaza, el reporte citado documenta una intensificación alarmante de los ataques perpetrados por colonos israelíes contra aldeas, comunidades y propiedades palestinas en diversos puntos de la Cisjordania ocupada.
Estos ataques, según detalla el documento, se producen «a menudo protegidos y respaldados por las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI)», que no solo no intervienen para detener las agresiones sino que en múltiples ocasiones han proporcionado cobertura militar a los colonos o incluso han participado directamente en las agresiones.
De este modo, identifica varias localidades especialmente afectadas por esta violencia sistemática.
«En aldeas y pueblos, como Al-Mughayyir, Deir Istiya, Kafr al-Dik y Turmusayya, así como en zonas cercanas a Nablus y Hebrón, los colonos han arrasado tierras agrícolas, talado aproximadamente 300 olivos, agredido a palestinos, incluidos a quienes cuidaban ganado, y causado múltiples lesiones», señala el documento .
Los incidentes documentados por la Embajada incluyen también ataques cerca de Jabal Subeih en Beita, una zona que ha sido escenario recurrente de enfrentamientos debido a los intentos israelíes de establecer nuevos asentamientos. Particularmente grave resulta el asalto a la estación de agua de Jaba’a (Sanur) en Yenín, donde los colonos atacaron y socavaron recursos hídricos vitales para el pueblo palestino.
La destrucción de infraestructuras hídricas constituye, según el derecho internacional humanitario, un crimen de guerra, al privar a la población civil de un elemento esencial para su supervivencia.
El reporte enfatiza que estos ataques no constituyen incidentes aislados o espontáneos, sino que responden a «ataques terroristas sistemáticos de colonos contra territorios y civiles palestinos», enmarcados en una estrategia coordinada de expulsión de la población palestina de áreas estratégicas para la expansión de los asentamientos.
Demoliciones de vivienda y desplazamientos forzados
El cuarto frente documentado por el reporte de la Embajada corresponde a la persistente política israelí de demoliciones de viviendas y desplazamientos forzados de la población palestina, que se ha intensificado en paralelo a las medidas administrativas para el despojo territorial.
El informe detalla que el martes pasado, las Fuerzas de Ocupación Israelíes demolieron viviendas y otras estructuras en toda la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, en el barrio de Al-Bustan de Silwan, uno de los enclaves palestinos más castigados por las políticas de judaización de la Ciudad Santa.
Las operaciones de demolición se extendieron también a «varias zonas de Hebrón, dejando a varios palestinos heridos y desplazando a decenas».
El reporte subraya la conexión directa entre estas demoliciones y las nuevas medidas aplicadas por Tel Aviv y señala que «estas operaciones se producen tras las nuevas medidas del gabinete de ocupación israelí que facilitan la adquisición de tierras por parte de los colonos y amplían el control administrativo a zonas bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina».
Las cifras proporcionadas por la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, citada en el informe diplomático, revelan que «desde octubre de 2023, más de 1.000 demoliciones han afectado a casi 3.700 estructuras, incluidas 1.288 viviendas».
Puedes acceder al contenido íntegro del reporte realizado por la Embajada del Estado de Palestina en Chile a través de este enlace.
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