Santiago, Chile – La Corte Suprema confirmó una sentencia que reconoce de manera explícita la territorialidad ancestral de la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, desestimando el recurso de protección presentado por otras agrupaciones que carecen de vínculos históricos y culturales con el territorio en disputa.
El fallo del máximo tribunal chileno, que respalda íntegramente lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Copiapó, establece un precedente significativo en la protección de los derechos indígenas basados en la ocupación efectiva, la historia y la relación cultural con el territorio.
La presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote, Ercilia Araya Altamirano, declaró: “Esta es una victoria contra comunidades que pretenden simular una territorialidad que no tienen”, refiriéndose a las agrupaciones recurrentes –Finca El Chañar, Flora Normilla, Monte Amargo y Ayllupura– que no lograron acreditar vinculación alguna con las tierras ancestrales.
El tribunal determinó que estas comunidades, agrupadas bajo el Consejo del Pueblo Colla, carecen de historia, ocupación y relación cultural con el territorio altoandino, y que sus intereses responden principalmente a motivaciones económicas, no a derechos territoriales reales.

Ariel León Bacián, asesor de la comunidad Pai Ote, destacó que “la Corte Suprema ha sido categórica al señalar que la territorialidad debe ser real, acreditable y fundada en historia, ocupación y vínculo efectivo con el territorio”, cerrando así la puerta a intentos de instrumentalización de los procesos de consulta indígena.
La sentencia se enmarca en el cumplimiento del Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile, que establece que los procesos de consulta deben realizarse con los pueblos directamente afectados y reconoce el derecho a la propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas.
Para la Comunidad Colla Pai Ote, este fallo no solo restablece el imperio del derecho, sino que también fortalece la protección de los pueblos indígenas con arraigo real y sienta un precedente relevante para futuros casos judiciales y administrativo.
El Ciudadano

