“Se violó el derecho a la vida, hubo uso excesivo de la fuerza, se torturó a estudiantes y el derecho a la integridad física fue totalmente vulnerado”

Denuncian al Estado mexicano ante CIDH por asesinato y tortura de estudiantes de Ayotzinapa en 2011

La denuncia es contra el Estado mexicano por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

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Familiares y organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los asesinatos de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez, ocurridas durante un operativo policial implementado por agentes estatales y federales en diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero.

Los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron agredidos durante una protesta en la Autopista del Sol donde exigían mejoras a sus condiciones estudiantiles.

El abogado Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, expresó que ha habido deficiencias y dilación en las investigaciones de los hechos y que hay pruebas contundentes de que la policía disparó y ninguno de ellos ha sido sentenciado.

La denuncia es contra el Estado mexicano por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además piden la no repetición, la reparación integral del daño para los familiares y que los autores materiales e intelectuales sean castigados.

“Se violó el derecho a la vida, hubo uso excesivo de la fuerza, se torturó a estudiantes y el derecho a la integridad física fue totalmente vulnerado”, dijo Rosales y denunció que hasta la fecha el gobierno mexicano no ha hecho caso a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por otro lado, Jorge Herrera, padre de Jorge Alexis, argumentó que se alteró la escena del crimen y que los jóvenes sólo estaban pidiendo una audiencia con el gobernador y les “respondieron con balas”.

Los familiares expresaron que esta denuncia es parte de la crisis de violación de derechos humanos del país y particularmente del estado de Guerrero.

Por Dámaris Policroniades

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