Reportea reveló que en una declaración clave ante la fiscalía, el abogado Eduardo Lagos admitió pagos a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, lo cual contribuiría a comprobar el pago de sobornos en la Corte Suprema en el marco de la «trama bielorrusa«.
Engrillado de pies y manos, el abogado Eduardo Lagos fue ingresado bajo fuerte custodia al edificio del OS7 de Carabineros. Su destino no era una celda, sino la sala de declaraciones del fiscal regional Marco Muñoz. Allí, durante dos días, se convirtió en el primer imputado en confirmar una pieza central de la investigación denominada «trama bielorrusa»: la existencia de pagos ilegales al círculo íntimo de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco para comprar fallos en beneficio del Consorcio Chileno Bielorruso Belaz Movitec (CBM).
Sin embargo, en un giro de 180 grados, la colaboración del jurista con la justicia se derrumbó entre gritos y discusiones con el persecutor su propia defensa.
Pago de coimas a la pareja de Vivanco
Eduardo Lagos, junto a su socio Mario Vargas y Gonzalo Migueles (pareja de la exministra Vivanco), cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.
Según la Fiscalía, los dos abogados como representantes de CBM pagaron coimas a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que desde la Suprema firmara una seguidilla de fallos y resoluciones entre 2023 y 2024 en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación que obligaron a cuprífera estatal a pagar más de $17.000 millones al consorcio.
Los pagos por estos favores, superarían los $90 millones, según se ha detectado hasta el momento.
Hasta el 6 de enero, nadie había reconocido las coimas. No obstante en su declaración ante el fiscal Muñoz, según confirmó Reportea a través de tres fuentes sin conexión entre sí, Lagos admitió que efectivamente se realizaron transferencias de dinero a Gonzalo Migueles., lo cual contribuiría a corroborar la compleja estructura de lavado de activos que, según la Fiscalía involucró a los conservadores de bienes raíces —Sergio Yáber, de Puente Alto; y Yamil Najle, de Chillán—, así como al dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro, quienes fueron formalizados por el delito de lavado de activos.
Formalización de Ángela Vivanco
«Ese punto de la declaración de Lagos será fundamental para la segunda parte de la causa, la que incluye la muy probable formalización de Ángela Vivanco», indicó el medio citado, haciendo referencia a la decisión que debe tomar la Corte Suprema esta semana.
La declaración de Lagos, además, echa por tierra los esfuerzos de las defensas de Vargas, Migueles y Vivanco por desacreditar las pruebas, como los cruces de geolocalización que ubican a los imputados en reuniones clave.
La situación de la exministra se agrava con la declaración del conservador Yamil Najle, quien afirmó que Vivanco fue la redactora de uno de los contratos usados para blanquear las transferencias, contradiciendo su alegato de ignorar los negocios y vínculos comerciales de su pareja.
De hecho, entregó la copia de un correo electrónico que demostraría que Vivanco redactó personalmente uno de los contratos utilizados, según el Ministerio Público, para justificar pagos de coimas en l marco de la «trama bielorrusa»
El acuerdo de colaboración que duró un día
La confesión de Lagos no fue espontánea, ya que ocurrió en el marco de un acuerdo de colaboración formal con el Ministerio Público, firmado a cambio de beneficios procesales. Como primer gesto, el primer día de declaración (6 de enero) Lagos autorizó el peritaje de su iPhone 17 Pro, un dispositivo clave incautado el 4 de noviembre pero inaccesible hasta entonces porque el abogado se negaba a dar las claves.
La Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, había argumentado ante el tribunal en diciembre que «resulta razonable considerar que el ingreso de un experto en informática [solicitado por la defensa] tenga por finalidad la entrega de claves de acceso o de datos de información técnica destinados a borrar, alterar o modificar evidencia». El juzgado le dio la razón y bloqueó el acceso. El acuerdo de Lagos lo desbloqueaba todo.
Sin embargo, el miércoles 7 de enero, la situación dio un giro. Según relatan testigos de la declaración a Reportea, Lagos llegó con una actitud completamente distinta, «decidido a entorpecer la colaboración». Discutió fuertemente con el fiscal Muñoz y con su propio abogado patrocinante, José Luis Andrés.
«Hubo varios episodios donde el abogado gritó y le faltó el respeto a los presentes», detalla una fuente. La tensión escaló hasta que el fiscal decidió suspender la declaración. En respuesta, Lagos se negó a firmar el acta que resumía su testimonio del día anterior.
Acto seguido, inició una ofensiva comunicacional y legal. En primer lugar, decidió conceder su primera entrevista a un medio de comunicación.
«El jueves 15 de enero un equipo de La Tercera ingresó una solicitud al 7° Juzgado de Garantía para entrar a Capitán Yáber a entrevistarlo», consignó Reportea.
Posteriormente, presentó un recurso de amparo y una querella criminal contra el fiscal Muñoz, acusándolo de «apremios ilegítimos» por no haberle retirado los grilletes durante la declaración, lo que –según él– le causó lesiones. Sin embargo, testigos y evidencias desmienten su versión.
Fuentes del entorno indican que el fiscal accedió a quitarle las esposas de una mano para que escribiera e, incluso, le facilitaron comida. Según el informe médico de Gendarmería del 6 de enero, solicitado por el propio Lagos, «se observa leve aumento de volumen y enrojecimiento en tobillo derecho. Resto sin novedad».
La ruptura del acuerdo tuvo consecuencias inmediatas: su abogado, José Luis Andrés, renunció a su defensa (al igual que lo había hecho antes Cristián Cáceres).
Por su parte, el recurso de amparo que presentó ante tribunales será discutido durante el próximo martes 20 de enero.
¿Por qué Lagos pateó la mesa y rompió el acuerdo?
¿Qué hizo a Lagos volverse contra el acuerdo que tanto le convenía?. Fuentes cercanas a la relación entre Lagos y su socio Mario Vargas –de quien está distanciado– no descartan que alguna conversación dentro de Capitán Yáber lo haya hecho cambiar de opinión, tal vez presionado por lealtades o temores que trascienden esta causa.
Mientras se especula, el medio de investigación Ciper reveló que el abogado entregó información sobre el nombramiento de Yamil Najle como Conservador de Bienes Raíces de Chillán.
Según su versión, la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja del exdiputado y exsocio de Lagos, Gabriel Silber, habría cobrado $300 millones por gestionar ese nombramiento. La senadora lo niega categóricamente.
Este dato conecta con otro hilo roto: la relación con Gabriel Silber. El exdiputado declaró el 19 de noviembre que recibió llamadas desde Capitán Yáber de Lagos y Vargas para «coordinar una versión común».
La «trama bielorrusa» está lejos de cerrarse. La fiscalía ya abrió líneas de investigación paralelas por otros pagos detectados en las cuentas de los implicados, incluyendo uno de $255 millones provenientes de Andes Iron, controladora del polémico proyecto minero Dominga.
La confesión de Eduardo Lagos, aunque luego intentó retractarla, ya quedó registrada en el expediente y representa un antecedente que podría ser la llave que lleve a la exministra Ángela Vivanco desde la Corte Suprema al banquillo de los acusados.

