Estará al alcance de quien lo requiera

Argentina: Registro de violadores de Buenos Aires dejará de ser «información reservada»

Desde el gobierno bonaerense proponen que la condena por violación se comunique al municipio donde tenga registrado domicilio el condenado, así como a la Policía, instituciones y clubes de barrio o entidades sociales.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, firmará un decreto para que los antecedentes de todas aquellas personas condenadas por delitos sexuales dejen de ser información reservada y puedan ser obtenidos por organismos estatales, entidades o clubes y personas que logren demostrar un interés legítimo, informó este jueves la agencia trasandina Télam.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, explicó que a través de un decreto, la gobernadora hará el próximo mes un cambio en la reglamentación del decreto impulsado por su antecesor, Daniel Scioli, que data del año 2009 y que creó el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

Ferrari indicó que en el borrador de trabajo se propone que la condena se comunique al municipio donde tenga registrado domicilio el condenado, a la Policía, instituciones y clubes de barrio o entidades sociales. «Es una decisión estratégica la de avanzar hacia una ampliación de las facultades informativas que hoy en día tiene el Registro de Condenas por Delitos contra la Integridad Sexual. Pretendemos agilizar la información para que sea transmitida a las instituciones o a quienes les resulte de interés y así evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual», sostuvo el ministro.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Patricio Grassi, señaló que «a través del Registro de Violadores se informan todas las condenas que dictan los jueces penales por delitos contra la integridad sexual: violación, corrupción de menores y otros», añadiendo que desde 2009 los jueces «tienen la obligación de informar al Registro esa condena».

Sin embargo, ese registro está cerrado al público, y sólo pueden obtener información sobre condenados los magistrados penales que tengan una investigación en curso o los particulares que logren demostrar un interés legítimo, a quienes sólo se les informa si la persona por la que consultan tiene o no antecedentes, quedando obligados a mantener la confidencialidad sobre esos datos.

«Preguntan si Juan Pérez está registrado y le informan sí o no. Esa persona tiene obligación de no dar a publicidad lo que el Registro de Violadores le dijo», expresó Grassi, y aclaró que «no obtienen ningún tipo de detalle: ni qué delito cometió la persona, ni dónde, ni cuándo, ni nada». Por ello, el funcionario afirmó que «la idea de esta modificación es ampliar muchísimo eso. Queremos que el Registro de Violadores no sólo actúe como reacción sino que también tenga una actividad proactiva en el sentido de evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual».

Grassi graficó que «una persona fue condenada por violación y de la sentencia surge que es docente o trabaja en un club en contacto con menores. Entonces, el Registro informará esa condena a la Policía, al ministerio de Educación, al colegio o a la institución en donde se desempeñaba la persona para que ellos puedan bajar esa información a donde consideren».

El funcionario precisó que «en el ámbito natural donde la persona trabajó ya se sabe. Por ejemplo en un colegio meten preso a un profesor por abuso y todo el mundo ya lo sabe», al desestimar que la modificación estigmatice a quienes purgaron su pena por haber cometido un delito sexual.

«Sólo se busca una cuestión básica de protección. Si alguien es condenado por violación y cuando sale en libertad va a trabajar en un ámbito donde hay menores, la idea es que allí estén alertas. No es una nueva pena. En absoluto. No es un castigo por nada. Es algo que funciona en muchos países. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, buscás en el Registro que está en Internet ‘John Dow’ y es totalmente abierto. Te dice si es violador y todos los datos», concluyó Grassi.

En ese sentido, la nueva medida mantiene que quienes soliciten información sobre determinada persona deban plantear un interés legítimo en esa búsqueda, como por ejemplo, vivir cerca del sujeto, que éste sea profesor o maestro de sus hijos, o que tenga contacto de algún tipo con él.

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