Arriendos, cheque y reforma de notarios: los vínculos de Yáber con Walker y Gahona que nunca se transparentaron en el Congreso

Mientras en el Congreso se discutía una reforma estructural al sistema de notarios y conservadores, dos de los parlamentarios que participaban en la tramitación mantenían una estrecha y no declarada relación comercial y personal con Sergio Yáber Lozano, conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto, quien se encuentra suspendido de sus funciones e investigado por su eventual participación en las maniobras, destinadas a esconder el pago de coimas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la denominada «Trama Bielorrusa».

Según documentos bancarios, registros telefónicos y declaraciones judiciales a los que tuvo acceso Reportea, los entonces diputados Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI) arrendaron por años departamentos de propiedad de Yáber en exclusivos edificios de la costanera de Coquimbo, con pagos mensuales que en múltiples ocasiones no se materializaron en las cuentas del conservador. Además, en enero de 2023, Yáber giró un cheque por $4 millones a favor del senador Gahona, transacción que el parlamentario primero negó y luego calificó como un «préstamo» sin evidencias de devolución. Paralelamente, Yáber contrató en el CBR de Puente Alto a la hija del senador Gahona y al exdiputado RN por Coquimbo, Francisco Eguiguren.

Ninguno de estos vínculos fue transparentado por los parlamentarios durante la extensa tramitación de la ley que reformaba el sistema notarial, un ámbito donde Yáber, como notario y luego como conservador, tenía intereses profesionales y económicos directos.

Arriendos en primera línea de playa: pagos faltantes y «desfaces»

Entre 2017 y 2021, Yáber —quien acumula al menos 54 propiedades en Coquimbo y La Serena— arrendó dos de sus departamentos en la Avenida Costanera de Coquimbo a los entonces diputados (y hoy senadores) Walker y Gahona.

El senador Matías Walker confirmó que arrendó uno de estos inmuebles entre 2017 y 2019, con una renta inicial de $350.000 que luego subió a $420.000, más el pago de los gastos comunes. Según el parlamentario, los pagos los realizaba su asistente en Coquimbo, Mirta Barrios. Sin embargo, un análisis de las cartolas bancarias de Yáber muestra ausencias significativas en los depósitos.

Durante 2018, no hay registros de pagos de gastos comunes en los meses de marzo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 2019, los meses sin transferencias por este concepto fueron marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. Respecto al arriendo, en 2019 no aparecen pagos en julio, agosto, septiembre y noviembre.

«Walker envió los respaldos de los pagos que pudo recabar, y calzan con lo revisado por Reportea en las cuentas de Yáber, pero no aparecieron registros de pagos de los meses que faltan», consignó el reportaje del periodista Nicolás Sepúlveda.

Consultado por estas omisiones, Walker entregó a Reportea los comprobantes que pudo recabar, los que calzan con los registros existentes, pero no logró justificar los meses faltantes. Sobre la existencia de un contrato escrito, el senador en un inicio le dijo al medio digital que «se trató de un contrato legal, con su correspondiente contraprestación», y posteriormente declaró a Ciper que «no recuerdo si además se firmó por escrito, dado el vínculo de confianza».

Por su parte, el senador Sergio Gahona indicó que arrendó un departamento a nombre de la esposa de Yáber en el condominio Costa Mansa, ubicado frente a la playa del sector de Peñuelas, entre enero de 2019 y febrero de 2021, pagando una renta de $350.000 y gastos comunes. En sus registros bancarios, Yáber muestra los depósitos mensuales por arriendo, pero los pagos por gastos comunes solo aparecen en tres ocasiones durante 2019 (marzo, mayo y septiembre), y ninguno durante 2020. Desde el equipo del senador aseguraron que «él siempre pagó todos los gastos comunes, los que oscilaban entre 70 – 80 mil pesos», sin proporcionar evidencia adicional.

Al ser interrogado sobre estas inconsistencias, el propio Sergio Yáber ofreció una explicación general: «en ocasiones, el pago del arriendo de las propiedades en Coquimbo sufrieron desfaces, que se solucionaron a lo largo del tiempo». No detalló la forma en que se regularizaron esos pagos.

El cheque de $4 millones de Yáber a Gahona: de la negación al «préstamo»

Más allá de los arriendos, la relación entre Yáber y Gahona incluyó una transacción de mayor envergadura. El 4 de enero de 2023, Yáber emitió un cheque por $4 millones a favor del senador Gahona.

Cuando Reportea preguntó inicialmente al senador si había recibido pagos de Yáber, lo negó y señaló que sí le había hecho transferencias «por el arriendo de un departamento de la señora del señor Yaber en la comuna de Coquimbo».

Frente a la evidencia del cheque, Gahona rectificó y argumentó que se trató de un préstamo. «A inicios del año 2023 el señor Yáber me prestó dinero para enfrentar gastos imprevistos de salud y de instalación familiar en Santiago, dado todos los gastos que ello implica», declaró.

El parlamentario no ha proporcionado ningún comprobante de que este dinero haya sido devuelto. Los registros bancarios de Yáber tampoco muestran depósitos que evidencien una devolución.

«No indicó si ese «préstamo» había sido devuelto. Al menos en los registros bancarios de Yáber no hay huella de eso», precisó Sepúlveda en el reportaje.

Contrataciones en Puente Alto: la hija del senador y un exdiputado

Los vínculos se extendieron al ámbito laboral. Paulina Gahona, hija del senador, trabajó en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, a órdenes de Yáber, entre abril de 2022 y mayo de 2023, percibiendo un sueldo promedio de $1,5 millones mensuales. Gahona reconoció haber facilitado el contacto: «El Sr. Yáber me consultó si ella estaría interesada en trabajar en el sistema registral. Le entregué el contacto telefónico de mi hija».

Posteriormente, en mayo de 2023, Paulina Gahona fue designada notaria interina de la Segunda Notaría de San Miguel, nominación que estuvo a cargo del exministro de la Corte de Apelaciones Luis Sepúlveda, cuya esposa también había sido contratada por Yáber. La Corte de San Miguel abrió un sumario para investigar la eventual responsabilidad disciplinaria de Sepúlveda y del ministro Carlos Farías, cuyo hermano también trabajó para el conservador.

Además, desde septiembre de 2023, Yáber contrató en el CBR de Puente Alto a Francisco Eguiguren Correa, exdiputado de Renovación Nacional por Coquimbo y hermano del influyente abogado Alberto Eguiguren. Según sus propias declaraciones en el allanamiento del OS7, Eguiguren se desempeña en «atención al cliente en el mesón y labores administrativas», con sueldos que fluctúan entre $400.000 y $1 millón mensual.

La fiesta de cumpleaños y la reforma no declarada

La proximidad entre Yáber y los senadores trascendía lo comercial. Registros de mensajes de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla —procesado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos y— la destituida ministra Verónica Sabaj, dan cuenta de la celebración del cumpleaños de Yáber el 3 de diciembre de 2022.

En la conversación, Sabaj describe: «Y el sábado pasado cumple de Yáber con odaliscas, Cristina Tocco, senador Gahona que lo denunciaron ese día por VIF». Hermosilla responde: «Vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Van a terminar mal. Se pasaron de la raya».

Pese a esta relación cercana y a los múltiples negocios entre las partes, ni Walker ni Gahona declararon estos vínculos durante la tramitación en el Congreso de la reforma al sistema de notarios y conservadores, una legislación que afectaba directamente los intereses de Yáber y su sector.

El senador Walker ha sido enfático en sostener que esta relación no influyó en su labor parlamentaria: «Son gastos personales… Esto demuestra que existía una relación simétrica y transparente, sin subordinaciones o liberalidades encubiertas».

La investigación judicial por el caso Vivanco sigue revelando la extensa red de contactos de Sergio Yáber, mientras la justicia y la opinión pública examinan cómo estos vínculos cruzaron la línea entre lo personal, lo comercial y la función pública, sin que mediara la transparencia exigible a quienes legislan para todo el país.