“Basta con que hables con Chadwick…”: juez Ulloa es sancionado por nexos con Hermosilla y Donoso

El ministro del tribunal de alzada capitalino enfrentará una suspensión de sus funciones por cuatro meses, sumado a la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. La decisión se basó en conversaciones entre el juez y el abogado Luis Hermosilla, las cuales están siendo investigadas por el presunto delito de tráfico de influencias.

“Basta con que hables con Chadwick…”: juez Ulloa es sancionado por nexos con Hermosilla y Donoso

Autor: Leonardo Buitrago

El juez Antonio Ulloa fue suspendido por cuatro meses con la mitad de su sueldo por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos de corrupción en el Caso Audios, donde habrían quedado en evidencia supuestas ayudas que el magistrado le solicitó tanto para ser nombrado en el tribunal de alzada como para otras designaciones jurídicas.

Por mayoría de votos, se acordó imponer la máxima sanción contra Ulloa, y la apertura de un cuaderno de remoción en su contra.

A la par, se decidió enviar los antecedentes al Ministerio Público para que determine una eventual existencia de posibles delitos vinculados al tráfico de influencias.

En la sesión realizada ayer jueves participaron 21 ministros y otros tres se inhabilitaron de conocer el proceso: los magistrados Mario Rojas, Juan Cristóbal Mera y la jueza Graciela Gómez, quienes habrían sido interrogados o tuvieron algún grado de participación en la investigación encabezada por la fiscal judicial Javiera González.

Según el informe de González, el ministro Ulloa enfrenta tres cargos: “faltar a la probidad al participar en una causa en la que intervenían Hermosilla y Samuel Donoso, pese a su cercanía con ambos”; “filtrar actas reservadas con nombres de candidatos a altos cargos judiciales”; e “intervenir en la resolución que sacó al juez Daniel Urrutia de un caso contra Sebastián Piñera, a pesar de su animadversión a Urrutia, evidenciada en sus chats con Hermosilla”.

De acuerdo con CIPER, los tres cargos se relacionan con supuestas ayudas y gestiones que llevó a cabo el abogado Luis Hermosilla para que Ulloa pudiera ser nombrado ministro en el tribunal de alzada en abril de 2021 bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y mientras el cuestionado penalista era asesor del Ministerio del Interior, cartera que encabezaba entonces su amigo, Andrés Chadwick.

Posteriormente, Ulloa no se abstuvo de participar en por lo menos una causa en la que participaba Hermosilla y en otras causas en las que intervenía el abogado de Piñera, Samuel Donoso.

«Las fuentes consultadas señalan que la fiscal judicial concluyó, a partir de estos episodios, que Ulloa actuó contra la probidad, integridad y reserva judicial. Esto, porque solicitó y obtuvo apoyo de Hermosilla cada vez que postuló al cargo que hoy ocupa», consignó el medio citado.

En un artículo publicado por CIPER en marzo de 2024, el propio Ulloa reconoció las intervenciones de Hermosilla a su favor y las conversaciones que sostuvo con el penalista en medio de su postulación a la Corte de Apelaciones.

«Ulloa daba muestras de cercanía con el abogado. Todos los días durante las mañanas le enviaba un poema, de distintos autores, para desearle una buena jornada. También le escribió cuando CIPER reveló el audio donde Hermosilla habla del pago de coimas a funcionarios públicos», reveló el medio digital en ese reportaje.

Sin embargo, en marzo salieron a la luz nuevos chats encontrados en el teléfono de Hermosilla, que dan cuenta del mecanismo que establecieron Ulloa y Hermosilla para influir en nombramientos de altos cargos judiciales.

En una de las conversaciones, el juez le señaló al abogado:“Por favor ayuda a la Ana María te lo pido por favor, tu eres el único que puede revertir esto, basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente (Piñera), por favor Lucho, te lo pido por favor”,

Ese chat formó parte de los argumentos que la Fiscalía Regional de O’Higgins -entonces a cargo del caso- expuso ante el 4° Juzgado de Garantía para conseguir que se le autorizara allanar el domicilio de Ulloa y su oficina en la corte.

El pasado 24 de marzo, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins, Javier Von Bischoffhausen, acompañado de efectivos de la PDI, llegó a las dependencias de la Corte de Apelaciones de Santiago. Posteriormente, el equipo del Ministerio Público se trasladó a la calle Compañía, donde se encuentra el edificio judicial en el que el magistrado Ulloa tiene su oficina, con el fin de allanar el lugar. Durante la gestión se llevaron notebook y celulares.

Trabajadores judiciales solicitaron la suspensión de funciones del juez Ulloa

Posteriormente, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) presentó un escrito donde expuso antecedentes sobre una presunta red de tráfico de influencias que vincula al ministro investigado Antonio Ulloa con Luis Hermosilla, en el contexto del Caso Audios.

Ante este escenario, OTJ solicitó formalmente la suspensión del ministro investigado, en un requerimiento presentado ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Magistrados valoran suspensión y cuaderno de remoción contra Ulloa

Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados valoraron la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, y señalaron que la suspensión y la apertura de un cuaderno de remoción contra el ministro del tribunal de alzada capitalino “es la vía idónea”.

A través de un comunicado plantearon que cuando las instituciones “actúan con honestidad y equidad, se fortalece el Estado de Derecho y la credibilidad social”.

“Acciones en contrario representan una grave amenaza a la legitimidad del sistema judicial y al pacto de confianza que debe existir entre la ciudadanía y las instituciones”, cafirmaron.

A juicio de la agrupación, “la decisión adoptada por el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a raíz de los hechos que involucran al Ministro Antonio Ulloa Márquez es la vía idónea”.

“Como Asociación valoramos la existencia de mecanismos institucionales para investigar hechos que puedan constituir faltas graves al deber judicial o eventuales ilícitos penales. La labor jurisdiccional exige de quienes la ejercen no solo competencia técnica y conocimiento jurídico, sino también una conducta personal y profesional irreprochable”, destacaron, según consignó Bio Bío Chile.
Para cerrar, ratificaron su “compromiso con una justicia íntegra, independiente y abierta al control social. Reiteramos además que toda denuncia grave debe ser tramitada con celeridad, transparencia y apego a los principios que inspiran el Estado de Derecho, como condición indispensable para asegurar que el Poder Judicial siga siendo un garante efectivo de los derechos fundamentales y del orden democrático”.


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