La Contraloría General de la República emitió un dictamen que respalda la denuncia presentada por el concejal de Lo Barnechea, Francisco Madrid (PC), respecto a la elaboración de fichas investigativas con información personal de vecinos de la comuna, las cuales habrían sido confeccionadas entre los años 2020 y 2021 con fines políticos, según revelaron los antecedentes recopilados durante la fiscalización.
El órgano contralor resolvió que la Municipalidad de Lo Barnechea no puede elaborar fichas investigativas de vecinos con fines políticos, mediante recursos públicos y a través de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO).
La decisión se adoptó tras la solicitud de pronunciamiento realizada por Madrid quien denunció que se recopilaban datos personales de residentes sin su consentimiento y sin que existieran sospechas de ilícitos.
De acuerdo con la información publicada por Diario Constitucional, las minutas fueron creadas en base a la información de personas que estuvieron presentes en diversas actividades públicas durante esos años, como manifestaciones u ollas comunes. Los datos que se utilizaron fueron sus viviendas, cédulas de identidad, RUT, las patentes de sus vehículos, fotografías y herramientas de trabajo, configurando un exhaustivo perfilamiento de los vecinos de la comuna del sector oriente de la capital.
Los argumentos de la Municipalidad y la respuesta de Contraloría
Según la documentación proporcionada por la Municipalidad al ente fiscalizador, las minutas habrían sido realizadas para registrar labores realizadas, mejorar procedimientos y además aportar datos a la planificación de acciones preventivas frente a delitos o incivilidades verificadas en la comuna, así como eventos que pudieran afectar la seguridad pública. No obstante, el municipio indicó «que estas minutas dejaron de confeccionarse a fines de 2021, tras períodos excepcionales de estallido social y pandemia de COVID-19».
En su resolución, la Contraloría recordó que los órganos de la Administración del Estado deben actuar dentro de sus competencias y de acuerdo a lo estipulado por la ley, y que las corporaciones y asociaciones municipales solo pueden desarrollar actividades previstas expresamente en la normativa vigente, vinculadas a las funciones propias de los municipios.
En particular, recordó el artículo 4°, letra j), de la ley N° 18.695 que «establece que las municipalidades pueden intervenir en seguridad pública comunal solo como apoyo a los organismos del Estado con atribuciones específicas, y de manera coordinada mediante mecanismos como el Plan Comunal de Seguridad Pública», consignó Diario Constitucional,
Tras analizar las minutas proporcionadas por la municipalidad se pudo constatar que contenían datos personales de vecinos, incluyendo fotografías, domicilios, cédulas de identidad, vehículos, herramientas de trabajo y participación en manifestaciones o publicaciones en redes sociales.
Además, incluían minutas relacionadas con convocatorias a concentraciones en agosto de 2020, publicaciones en Instagram sobre ollas comunes y manifestaciones políticas que tuvieron lugar entre 2020 y 2021.
La Contraloría concluyó que no fue posible evidenciar que la elaboración de estas minutas constituyera colaboración con los organismos con atribuciones en seguridad ciudadana, ni que se llevaran a cabo de manera coordinada con las instituciones correspondientes, como exige la normativa.
Ante este escenario en el dictamen, de 17 de febrero de 2026, el organismo determinó que estas acciones no se enmarcan en las competencias municipales en materia de seguridad pública, por lo que solicitó a la Municipalidad a abstenerse de continuar creando fichas usando la información personal de los vecinos y con fines políticos.
Adicionalmente, «una persona bajo reserva de identidad denunció el incorrecto uso de recursos municipales para hacer seguimiento a vecinos que ejercen legítimamente sus derechos constitucionales, lo que añadió un elemento de gravedad a las acusaciones iniciales», reportó Diario Constitucional.
Los antecedentes de la denuncia: el equipo SARI y el rol de la AMSZO
Francisco Madrid, concejal de Lo Barnechea, señaló que entre el 2024 y el 2025 denunciaron el caso a la Contraloría General de la República.
En mayo de 2025, el edil conversó con El Ciudadano y señaló que durante la gestión del exalcalde Cristóbal Lira (UDI) operó un grupo de inteligencia, que usaba recursos municipales para seguir, espiar y realizar fichas sobre vecinos, adversarios políticos y dirigentes sociales.
El equipo SARI, siglas de la «Sección de Análisis y Reacción Inmediata» de Lo Barnechea Seguridad, era dependiente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), la agrupación que administra recursos en esta materia de las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Esta estructura permitió que, bajo el amparo de una organización intermunicipal, se desplegaran labores de inteligencia que, según la denuncia, excedían las facultades legales.
Los hechos habían sido destapados por Madrid en 2024 durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Lo Barnechea, en la que reveló la existencia de minutas con datos personales de vecinos que eran considerados «sujetos de interés» por las municipalidades del sector oriente. La información que recibió el edil de manera anónima fue confirmada por la secretaria ejecutiva de la AMSZO, Pilar Giannini, en un correo enviado a su casilla.
Según la funcionaria, las fichas que se levantaron poco después del estallido social de octubre del año 2019 tenían como objetivo «recopilar información, de fuentes abiertas, de sujetos particulares que tuviesen la capacidad de movilizar personas. Lo anterior, con el único fin de planificar servicios preventivos ante posibles inconvenientes».
En estos expedientes elaborados por el equipo de inteligencia de Lo Barnechea registraban nombres, RUT, domicilios e incluso fotografías de patentes de vehículos, tomadas en los lugares de trabajo de los vecinos y dirigentes que eran blanco de la investigación, lo que permite presumir que la unidad también realizaba seguimientos en terreno, más allá del monitoreo de fuentes abiertas.
Monitoreo de redes sociales y seguimiento en vehículos
Tras revelar estas prácticas ante el Concejo Municipal, Madrid decidió presentar una denuncia ante la Contraloría. En sus declaraciones a El Ciudadano, precisó los tiempos de esta acción.
«A mí esto me llega de manera extraoficial el año pasado y esto yo lo denuncié en Contraloría, en julio del año pasado», indicó en conversación con el medio.
El edil detalló que las fichas también incluyeron el monitoreo de la actividad y publicaciones en redes sociales que realizaban los vecinos y dirigentes, y que existe evidencia de seguimientos a través de vehículos en movimiento, sin distintivos. Asimismo, destacó que los integrantes del equipo SARI vestían como civiles al momento de realizar estas actividades de inteligencia.
«Pertenecen a la AMSZO y cuando trabajan para la asociación visten un uniforme y están claramente identificados, pero cuando hacían este seguimiento, ellos andaban como una persona común y corriente y en vehículos que no eran identificables con esta asociación», explicó.
Asimismo, señaló que desde la Municipalidad de Lo Barnechea le indicaron que estos expedientes se levantaron entre 2020 y 2021. Sin embargo, manifestó sus dudas respecto al cese efectivo de estas prácticas.
«Supuestamente ahí se dejó de hacer, lo que no nos consta, porque no tenemos mayor veracidad de si eso siguió posteriormente. Lo que sí se sabe es que fue post estallido que se comenzó a hacer esto», subrayó.
El perfil de los investigados: dirigentes sociales y opositores políticos
Las fichas de inteligencia fueron realizadas a vecinos de la comuna de Lo Barnechea, entre los cuales se encuentran dirigentes sociales, participantes activos de ollas comunes, manifestantes opositores al gobierno municipal del entonces alcalde Cristóbal Lira y autoridades. Un dato crucial revelado por la investigación es que ninguno de los blancos investigativos correspondía a personas con actividades delictuales o con antecedentes penales.
«Ninguno de ellos tenía ningún tipo de vinculación con el mundo delictual, nada cero. Aparte de ser opositores políticos eran dirigentes sociales. Por ejemplo una de las personas de uno de los primeros casos que me llegó era un colectivero que en su tiempo fue presidente de una junta de vecinos, fue presidente de un sindicato. Ese era el perfil de personas que eran fichadas», explicó el concejal nacido y criado en Lo Barnechea.
Esta caracterización de los sujetos investigados refuerza la tesis de que las labores de inteligencia tenían un componente político más que de seguridad pública, al centrarse en personas que ejercían liderazgos comunitarios y que, en algunos casos, mantenían posiciones críticas frente a la administración municipal.
Al ser consultado por el número de fichas que pudo haber levantado el equipo de inteligencia política al servicio del exalcalde Lira, Francisco Madrid indicó que podrían superar el centenar. «Ellos tenían más de 100 me atrevería a decir incluso que más, por el número que sale en algunas que nosotros tenemos en nuestro poder», señaló.
El concejal fichado: Madrid descubre que también fue espiado
Luego de casi un año de haber denunciado el levantamiento de estos expedientes, el concejal Madrid pudo obtener nuevos antecedentes, entre los que figuran la ficha que se le realizó a él, que incluía todos sus datos personales. El hallazgo resultó particularmente revelador, pues confirmó que las labores de inteligencia no solo alcanzaban a dirigentes sociales, sino también a autoridades políticas.
«Este año me llegan más fichas que yo había pedido hace mucho tiempo en realidad y dentro de esas me encontraba yo junto con otros dirigentes», relató el concejal sobre el momento en que tomó conocimiento de que también había sido objeto de seguimiento.
La ficha de Madrid, realizada con recursos de la AMSZO, incluía una imagen donde aparece en su automóvil en desplazamiento, lo que dejó al descubierto que habría sido objeto de seguimiento, incluso antes de ser electo concejal de Lo Barnechea.
El expediente incluye además información actualizada sobre su condición política: «Ya estando en el cargo también estoy identificado en otras fichas y de hecho sale explícitamente ‘el recién electo concejal'», apuntó.
La reacción del edil frente a este descubrimiento fue de indignación, calificando la práctica como una vulneración a sus derechos fundamentales.
«Es una vulneración absoluta a mi privacidad, antes de yo ser concejal y después de ser concejal, lo que creo que agrava más todavía el asunto. Es una práctica totalmente antidemocrática que no es permisible en ningún tipo de sociedad. La dictadura ya terminó hace más de treinta años y creo que este tipo de cosas no pueden volver a repetirse. Son una vergüenza», declaró a El Ciudadano en aquella ocasión.
Concejal Madrid: «Esperábamos que hubiesen investigaciones o sumarios»
El dictamen de la Contraloría General de la República dio la razón al concejal Madrid en cuanto a la ilegalidad de las fichas elaboradas por el municipio, pero no satisfizo completamente sus expectativas en materia de sanciones. El concejal comentó en una publicación en su cuenta de Instagram en la que valoró que el organismo fiscalizador le diera la razón y le ordenara al municipio abstenerse de realizar este tipo de acciones.
Sin embargo, cuestionó que no se instruyeron sumarios para determinar responsabilidades individuales en estos hechos.
«Esperábamos que hubiesen investigaciones o sumarios a eventuales funcionarios involucrados en estas prácticas, lo cual lamentablemente no ocurrió», señaló,
Pese a ello, Madrid destacó la importancia del precedente que sienta la resolución.
«De igual manera, este es un precedente importante para que en nuestra comuna nunca más se elaboren fichas a vecinos de manera total y absolutamente irregular», añadió en sus declaraciones posteriores al fallo.
«Más allá de algunos reparos, respetamos la resolución ya que esta marca un precedente importante, nunca más investigaciones irregulares a vecinos de Lo Barnechea. Seguiremos cumpliendo nuestro rol fiscalizado», enfatizó.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre los límites de las facultades municipales en materia de seguridad y la necesidad de establecer controles más estrictos respecto al uso de recursos públicos y asociaciones intermunicipales para fines que puedan desviarse de sus objetivos legales. La resolución de Contraloría establece un estándar claro respecto a que las municipalidades no pueden exceder sus competencias.
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