Una grave situación se reveló al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando dos ministros de su Séptima Sala, la misma que este martes debía revisar la querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Manuel Guerra, reconocieron haberle solicitado apoyo cuando ejercía como persecutor, para conseguir sus nombramientos como jueces de tribunales superiores.
Los magistrados involucrados son Tomás Guillermo Gray Gariazzo y José Pablo Rodríguez Moreno, quienes tal como revela un escrito emanado desde la Corte de Apelaciones, pusieron en conocimiento de las partes los antecedentes que los vinculan con el exfiscal investigado por su presunta participación en filtraciones de información a favor del abogado Luis Hermosilla.
La querella presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, busca establecer la responsabilidad penal de Guerra en los delitos de cohecho agravado, vulneración de secreto y prevaricación administrativa y se le acusa de haber entregado antecedentes de causas de alto perfil, como Penta y Dominga, favoreciendo el actuar de las defensas. De ser acogida esta acción legal, el Ministerio Público quedaría habilitado para formalizarlo.
Tanto Gray como Rodríguez firmaron una constancia que fue registrada en la causa, con el objeto de poner antecedentes en conocimiento de las partes del proceso, «para los fines que estimen pertinentes».
Según el documento consignado por Radio Biobío, el ministro Tomás Gray informó que “en agosto de 2017 tomó contacto con Manuel Guerra para solicitarle ayuda respecto de la terna que integraba para ser nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago”.
Mientras que el ministro José Pablo Rodríguez comunicó que “en 2022 realizó dos gestiones similares, solicitando apoyo en dos ternas distintas para el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel”.
Estas revelaciones colocan a ambos ministros en una posición de evidente conflicto de interés, que podría inhabilitarlos para conocer la querella de capítulos presentada contra Guerra.
Suspensión de la audiencia y recusación
Precisamente, la revisión de esa querella, programada para este miércoles, fue suspendida, luego de que el abogado defensor de Guerra, Felipe Polanco, ejerciera el derecho de recusación sin expresión de causa en contra de la abogada integrante de la sala, Magaly Correa, una herramienta legal que permite solicitar el reemplazo de un magistrado sin necesidad de justificar el motivo.
Esta acción dejó al tribunal sin opciones inmediatas para poder reemplazarla y obligó a postergar la vista.
Según reportó El Mostrador, de forma paralela también se aplazó la revisión de la querella contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuya defensa está a cargo por el mismo estudio jurídico que Guerra.
Ante este escenario, la abogada querellante María Inés Horvitz, planteó que resulta “llamativo” que se haya solicitado la suspensión de ambas causas durante la misma jornada.
Crisis de confianza institucional
El episodio ha vuelto a encender las alarmas sobre la severa crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial. La admisión de que jueces en ejercicio gestionaron sus ascensos a través de un fiscal –ahora investigado por graves irregularidades– antepone la duda sobre la independencia, la probidad , la transparencia y los límites en las relaciones y vínculos personales y profesionales dentro de la esfera judicial.
Se prevé que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago pueda retomar la revisión de la querella contra Manuel Guerra el próximo miércoles 10 de diciembre.
Compleja situación legal del exfiscal Guerra
Cave recordar que la investigación contra el expersecutor se originó tras la revelación de una serie de conversaciones que este mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, en el contexto del denominado «caso Audios». Según un reportaje de CIPER del año 2024, en uno de esos diálogos ambos hablaban de coordinarse con una tercera persona, identificada como «Andrés», para encontrar una «salida» al alto connotación pública caso Penta, lo que puso en alerta a las autoridades.
La indagatoria se centra en eventuales conductas delictivas cometidas por Guerra mientras estaba a cargo de causas de gran repercusión pública, no solo el caso Penta, sino también otras como Exalmar.
Además, su nombre también salió a relucir en la causa bielorrusa a través de mensajes de texto encontrados en el teléfono de Harold Pizarro –dueño de una casa de cambio investigada–, donde Guerra intentaba cambiar US$8.000 en febrero de 2024.
Recientemente, se conoció que el exfiscal habría recibido seis transferencias por $19,5 millones por parte de una red ligada a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes se encuentran actualmente en prisión preventiva, acusados de soborno reiterado y lavado de activos.
De acuerdo con registros bancarios a los que tuvo acceso CIPER, los pagos que llegaron a Manuel Guerra, cuando ya no era fiscal, entre el 24 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2024. Los fondos no provinieron directamente de los penalistas formalizados, sino de dos fuentes asociadas a su operación: la secretaria de su bufete, María Pía Peñaloza, y la sociedad «Lagos Asesorías Legales Limitada», propiedad de Eduardo Lagos.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
