Defienden narcos y también carabineros: destapan que dos exfiscales cobran millones por proteger a uniformados

La Dirección de Bienestar de Carabineros contrató a dos exfiscales que, paradójicamente, también figuran en la nómina de defensores de narcotraficantes que actualiza periódicamente la Contraloría General de la República (CGR).

Se trata de los abogados Alejandro Peña Ceballos y José Villalobos Gómez, quienes a modo de ejemplo, en mayo pasado recibieron $2,5 millones, cada uno, por sus servicios legales a la institución policial, según consta en el portal de Transparencia Activa.

En ambos casos, esta suma comprende un “pago único que corresponde al 50% del total de los honorarios”.

Los dos profesionales forman parte del llamado «bufete verde oliva», un grupo de 15 abogados penalistas que, a cambio de millonarios honorarios, representan judicialmente a funcionarios policiales imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El dinero provendría de una mezcla entre aportes de los propios uniformados a la Dirección de Bienestar y recursos fiscales, según detallaron informantes consultados por BBCL Investiga.

Una revisión de registros judiciales y documentos de la Contraloría confirmó que ambos abogados han representado a imputados por tráfico de drogas.

Villalobos y Peña: dos exfiscales defensores de narcos

De acuerdo con el medio citado, después de renunciar al Ministerio Público en 2017, el penalista José Villalobos Gómez, quien llegó a ser pieza clave de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en la época de Carlos Gajardo, se ha desempeñado varias veces como defensor penal privado de imputados por delitos sancionados en la Ley de Drogas.

«De hecho, ha sido parte de la nómina que constantemente actualiza Contraloría, donde se incluye a los juristas la Ley 20.000 inhabilita para trabajar como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente. Esto, por estar patrocinando o actuando como apoderados (o mandatarios) de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicho cuerpo legal», consignó.

En la mayoría de las oportunidades ha representado a acusados de tráfico de drogas en causas que se tramitaron ante tribunales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En algunas, litigó en conjunto con sus socios del bufete, Vinko Fodich y Alejandro Peña Ceballos.

Por su parte, Alejandro Peña Ceballos, quien fuera director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional y otrora fiscal regional Metropolitano Sur, también ha estado vinculado a varias causas relacionadas con el narcotráfico.

En abril de este año, Peña interpuso un recurso de amparo a favor de un imputado por tráfico de drogas y porte de arma en Iquique,que cumplía con la cautelar de prisión preventiva en Santiago Uno, argumentando que el juez había violado sus garantías constitucionales.

Pero el caso más resonante es el de Jianfei Shan, un ciudadano chino acusado de liderar una organización que intentó enviar 100 kilos de cocaína desde el Puerto San Antonio a Róterdam (Países Bajos). Según el Ministerio Público, Shan trasladó $70 millones en efectivo para financiar la operación. Pese a las pruebas, Peña logró su absolución el 19 de junio,.

En esa misma causa, otro implicado defendido por Villalobos fue condenado.

Carabineros justifica las contrataciones

Consultada por BBCL Investiga, la institución defendió los contratos, señalando que responden al «deber de resguardar los derechos» de los funcionarios. Explicaron que en 2021 se abrió un proceso público para conformar un registro de abogados externos, donde ingresaron Peña y Villalobos tras una «evaluación curricular».

Sobre su vínculo con causas de drogas, Carabineros argumentó que «la naturaleza de la información pública no permite conocer en detalle cada causa defendida», pese a que este medio accedió a esos antecedentes en registros judiciales abiertos.

Además, sostuvieron que la Ley 20.000 no aplica en este caso, ya que los abogados no son funcionarios públicos, sino asesores externos.