Dictadura en Arica: Corte Suprema ordena indemnizar con $50 millones a estudiante detenida y torturada en 1986

En un fallo unánime e histórico en la reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos Cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, la Corte Suprema ordenó al fisco de Chile indemnizar con $50 millones a J.R.P.C., estudiante universitaria detenida, torturada y sometida a proceso judicial en 1986, tras su participación en el paro de la Universidad de Tarapacá, en Arica.

La decisión, dictada por la Segunda Sala del máximo tribunal, estableció yerro en la sentencia impugnada, que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al rebajar sin fundamentar, el monto resarcitorio ordena en primera instancia.

Detención ilegal, secuestro y torturas contra estudiante universitaria

En el fallo de primera instancia se encuentra el testimonio de la víctima, quien recordó que en el año 1986, durante el mes de abril, la Universidad de Tarapacá acogió la convocatoria a un paro nacional de la Confech y ese día cambió su vida. Indicó que el 26 de abril se desarrolló el paro de forma tranquila, pero al llegar el otro día, el campo Saucache estaba pintado con una serie de rayados de amenazas de muerte a los dirigentes estudiantiles. Habían saqueado la FEUT, mientras la universidad estaba cerrada y con guardias.

Eso molestó a los estudiantes quienes comenzaron las asambleas y decidieron salir a la calle, al frontis de la UTA. Luego las fuerzas especiales llegaron y en medio de una atmósfera irrespirable de bombas lacrimógenas el rector Valcarce autorizó el ingreso de carabineros, por lo que hubo muchos detenidos dentro del campus y mientras se encontraban huyendo. La víctima relató que logró salir y se fue a su casa.

Sin embargo, a los días, la fueron a sacar violentamente de su hogar con una orden emanada por la Fiscalía Militar, por una denuncia del decano de la Facultad de Administración y Economía, Norman Reyes Caballero, bajo el cargo de autor intelectual de lo acontecido en el paro del 27 y 28 de abril, cargo en el que salió sobreseída por falta de pruebas, pero que le costó sufrir torturas y otros vejámenes.

Indicó que lo que le sucedió durante la detención fue relatado ante la Comisión Valech.

Con una denuncia del decano, la Policía de Investigaciones, allanó la casa de sus padres el 27 de abril. En ese violento allanamiento, donde participaron 11 personas, solo se vieron 8 personas a los vehículos y 3 se quedaron amenazando a su familia con detenerlos y con que ella no volvería.

Al llegar al cuartel de investigaciones, fue incomunicada en una pequeña habitación a oscura durante toda una mañana. En horas del mediodía, llegaron 3 hombres y comenzaron a interrogarla duramente por 8 estudiantes, sobre los cuales ella debía decir dónde los podía arrestar, porque los estaban buscando. Le indicaron que si ayudaba le iría mejor, porque estaba metida en graves problemas.

También le señalaron que habría otra persona detenida, y que si no hablaba antes le iría muy mal y debía cooperar. Como dijo que no los conocía y negaba ser delatora, la golpearon y cachetearon. Luego le vendaron los ojos y le hicieron quedar en ropa interior.

Relató que en ese momito sufrió amenazas y premios, conversaciones y amenazas a nivel sexual y otros actos que configuran tortura psicológica y sexual.

«Ellos buscaban a toda costa que delatara a mis compañeros de universidad, incluyendo a mi pololo. El dejarme semidesnuda me provocó miedo, pues con sus amenazas y a premios querían provocarme la sensación de una posible violación. Traté de no mostrar miedo, pero esos hechos me afectaron profundamente», narró.

«La detención buscaba desorientarme y perdí la noción del tiempo cuando me dormí. Al amanecer me sacaron la venda y me hicieron vestir»,acotó.

En las oficinas del cuartel vio a otro estudiante quien también había sido detenido. Actos seguido, los ficharon y luego leyeron un documento que señalaba la orden de detención y una nómina de los 10 estudiantes buscados. Posteriormente fue conducida a la Fiscalía Militar.

Allí J.R.P.C. pudo ver a su padre, aunque solamente tuvieron la oportunidad de cruzar miradas, pues estaba incomunicada. Luego le hicieron pasar a ser interrogada por el fiscal, quien le tomó una declaración de acuerdo a una pauta de preguntas y le exhibió fotos tomadas durante el paro de la universidad, precisando que debía individualizar a quienes aparecían en dichas fotos. Especialmente le interesaba identificar a quienes vestían un pasamontaña, buscando asociarlos con la existencia de «milicias rodriguistas» en la universidad y «saber la responsabilidad de mi pololo en todo este asunto».

El fiscal le indicó que serían acusados por la ley antiterrorista, pesando sobre ella y otros 9 estudiantes el cargo de ser autores intelectuales de todo lo acontecido durante los sucesos de abril en la universidad.

Esa acusación se basó en los dichos del decano de Economía Norman Reyes Caballero, pese a que dicha facultad funcionaba en el campus Velázquez «y no era habitual que yo fuera para esas dependencias. Le manifesté que las acusaciones eran falsas y que era imposible probar esa mentira», indicó en su relato.

«El fiscal se enfureció y me amenazó diciendo que iba a perder la carrera, que me quitaría el crédito universitario, la beca presidente de la república porque yo solo iba a hacer disturbios. Me insultó, dijo que éramos una vergüenza para los padres que no sabían en qué pasos andábamos, porque éramos flojos, traidores y otras cosas. Al terminar la declaración me comunicó que sería pasada a la cárcel de mujeres como terrorista», narró.

«Luego interrogaron a mi otro compañero detenido. Pasé al patio de las mujeres en calle Baquedano número 01 y ahí estaba junto a otras compañeras detenidas desde el 16 de abril. En los días siguientes fui llevada permanentemente a la fiscalía donde se repetían las preguntas, los interrogatorios y apremios. Se me insistían con fotografías pidiéndome identificar personas, reiterando la necesidad de que confesara identificar a otros estudiantes. El primero de mayo llegaron otros dirigentes estudiantiles engrillados de pies y manos. Esos días nos dijeron que nos iban a tirar del desierto y el carro celular dio inicio a un recorrido extraño y eterno, por lo que terminamos, por lo que teníamos lo peor, pero finalmente nos dejaron libres por falta de méritos», acotó.

En su testimonio, planteó que pudieron salir con relativa facilidad tal y como pudo conocer después, porque sus papás» acudieron a viejos amigos y familiares políticos que tenían alguna influencia política con la dictadura y valiéndose de mi condición de excelente estudiante pudieron interceder por mí, enfatizando que no tenía militancia alguna».

No obstante, destacó que el hostigamiento continuó por medio de amenazas, acoso en la universidad, «además de la afectación de mi proyecto de vida que tuvo la acusación de ser parte de un grupo extremista y los cargos gravísimos».

«Por eso quiero extenderme respecto al costo que esta situación acarreó a mis potenciales posibilidades profesionales. El decano que me inculpó no me conocía y trabajaba en un campus distinto al que yo estudiaba, pero sí me conocía un vecino que estudiaba pedagogía en educación física en el mismo campus que yo y que era parte de un grupo autodenominado Armagedón que se movilizaban por la ciudad disparando y lanzando volantes de apoyo a la dictadura. Ese vecino el día de mi detención estaba en la acera al frente de mi casa y en junio de ese año hasta julio de 1987 sería nombrado alcalde designado», explicó la víctima.

«Mi detención fue observada por los vecinos desde su ventana y desde ese momento nos aislaron, sumado que vivían algunas familias de militares en mi sector. Todo se volvió muy complejo, mi padre por miedo a que me sucediera algo peor me comenzó a castigar cada vez que salía que yo había participado en alguna marcha, lo que me obligó a dejar mi casa cuando estaba cursando el décimo semestre de mi carrera y a punto de comenzar mi práctica. Aún así egresé en 1988 y a pesar de haber terminado con buenas calificaciones no pude encontrar trabajo de profesora, ya que en ese tiempo aún había autoridades designadas en el municipio de Arica y la única opción era la educación municipal».

Este escenario la obligó a buscar trabajo en otros oficios y por lo que optó finalmente dedicarme al comercio.

En el fallo de primera instancia, la víctima expuso las secuelas profesionales, laborales y psicológicas que le dejó la detención.

«La detención y sus consecuencias me afectaron profundamente a nivel psíquico así como en el proyecto de vida futuro, manifestando y padeciendo sus consecuencias hasta el día de hoy», enfatizó.

La demandante planteó que fue objeto de una detención ilegal, secuestro, torturas físicas, psicológicas, y vejámenes, por lo que ha sido reconocida como víctima por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura,
Comisión Valech II .

Asimismo, señaló que como consecuencia directa del secuestro y la tortura de que fue víctima, se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile. Al respecto, dejó en claro que este daño emocional, moral y material requiere ser reparado.

Corte Suprema eleva indemnización a estudiante torturada

Tras analizar los hechos, la Corte Suprema determinó que la sentencia impugnada al rebajar el monto de la indemnización de perjuicios sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a confirmar con declaración, se limitó «a hacer una mera referencia a ciertos elementos, pero sin indicar de qué manera su ponderación sustenta la rebaja del monto concedido previamente, máxime si hace referencias a circunstancias contenidas en la determinación en primera instancia».

«Así, el fallo en análisis señala para la rebaja del monto lo siguiente: ‘Que encontrándose acreditada la detención ilegal y los actos ignominiosos cometidos durante la misma por agentes estatales, así como sus efectos y secuelas en la vida de la recurrente, la prudencia en la que, en último término, este Tribunal se apoya para determinar el quantum de la indemnización, no puede pasar por alto los montos que en similares circunstancias se han establecido y, en particular, atendiendo el período de detención de cuatro días sufrido por la actora, baremo que conduce a reducir proporcionalmente el monto en la forma que se dirá en lo resolutivo’», planteó la resolución del máximo tribunal del país.

“Que, así formulada la argumentación, constituye la omisión de los razonamientos del juicio denunciados por el arbitrio”, relevó el Poder Judicial en una nota de prensa.

La Sala Penal de la Corte Suprema determinó que “no hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto”.

“Que, como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 768 N°5, del Código de Procedimiento Civil, porque no acata la exigencia del literal Nº4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por lo que en las condiciones reseñadas el recurso de casación en la forma promovido en contra del fallo impugnado por la demandada, será acogido”, concluyó.

Por tanto, la Corte Suprema indicó que se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “Se confirma la sentencia apelada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago» en 2023.