El caso de la Fundación CEMA Chile y la defensa del patrimonio fiscal

En el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, uno de los rasgos más distintivos del Ministerio de Bienes Nacionales ha sido colocar especial prioridad a la fiscalización, para garantizar el uso social de los bienes fiscales. A partir de este enfoque, hemos manifestado en forma clara e inequívoca que trabajaremos sin descanso para recuperar para el Fisco los bienes fiscales que fueron entregados a la Fundación CEMA Chile en el período de la dictadura militar. No se trata de un “tema del pasado”. Es una expresión del imperativo permanente e irrenunciable de proteger el interés fiscal, que está asociado estrechamente a la defensa del interés público. No puede haber dudas ni vacilaciones en este empeño.

Ello explica que el 10 de diciembre del año pasado, hubiéramos solicitado oficialmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su presidente Juan Ignacio Piña, que se procediera a estudiar las acciones legales y judiciales que estimara más pertinentes para obtener la restitución al Fisco de los inmuebles que fueron transferidos gratuitamente o entregados en concesión, considerando el hecho de no haberse dado cumplimiento a las finalidades sociales que fueron tenidas en consideración y se ocuparon como fundamento de los actos administrativos a través de los cuales se efectuó la transferencia gratuita.

A partir de esa solicitud del Ministerio de Bienes Nacionales, el CDE solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago reponer la causa en autos Rol N° 1649–2004 (cuaderno denuncia CEMA) al estado de sumario, “en base a los nuevos y mejores datos de investigación” que devienen de los antecedentes que fueron presentados por Bienes Nacionales y los que ya habían sido publicados por CIPER Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 8 de abril acogió la solitud en un fallo unánime, ordenando la reapertura del sumario por el eventual ilícito de malversación de caudales públicos.

Luego, el tribunal de alzada resolvió designar un ministro en visita extraordinaria, lo que constituye una noticia extraordinariamente positiva, en términos de la importancia que reviste el caso y la necesidad de que curse la investigación. La responsabilidad hoy está en manos del nuevo ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Guillermo de la Barra.

Aún nos encontramos trabajando en otros cursos de acción, en materia de Derecho Civil y Administrativo, y de iniciativas en el plano legislativo, orientadas en la misma perspectiva de garantizar la defensa del patrimonio fiscal, que entendemos gravemente afectado en un caso que, con justificada razón, ha provocado la atención de la opinión pública.

LA ENVERGADURA

La presentación al Consejo de Defensa del Estado fue el resultado final de una acuciosa investigación emprendida por el Ministerio de Bienes Nacionales, que resolvimos ejecutar con la convicción de que era un paso pendiente y necesario en la trayectoria institucional de la Secretaría de Estado.

Se trabajó, en primer lugar, con la División de Catastro, a fin de identificar en sus registros todos los inmuebles transferidos y concesionados a la Fundación CEMA Chile. Asimismo, se ofició al Archivo Nacional, con la finalidad de que remitieran las copias de los Decretos Supremos de transferencias gratuitas realizadas a la entidad entre 1975 y 1990.

Se pidió a las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales remitir la tasación comercial de los inmuebles y su rol de avalúo fiscal con su correspondiente monto de avalúo. Respecto de los inmuebles sobre los que no se disponía de dicha información, se solicitó al Servicio de Impuestos Internos se remitieran aquellos roles de avalúo con su correspondiente monto.

Finalmente, se instruyó a todas las Secretarías Regionales Ministeriales que realizaran la verificación del estado en que se encuentran los inmuebles transferidos gratuitamente y otorgados en concesión a la Fundación CEMA Chile.

La Fundación CEMA Chile se formó en 1954 como Fundación Graciela Letelier de Ibáñez “Ropero del Pueblo”, a raíz de una iniciativa social de la esposa del entonces Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Su propósito era proporcionar “un mayor bienestar material y espiritual a las familias chilenas, especialmente en lo referente al niño, a la mujer y a la clase obrera”. Cuatro años después, una modificación estatutaria determinó el carácter privado de la institución y que sería presidida por la cónyuge del Jefe de Estado.

Con María Ruiz–Tagle, esposa del Presidente Eduardo Frei Montalva, dio un salto adelante con la incorporación de miles de socias a lo largo de todo el país. En 1971, ahora bajo la conducción de Hortensia Bussi de Allende, siguió creciendo y pasó a llamarse: “Ropero del Pueblo. Coordinadora de Centros de Madres”.

Luego del golpe de Estado, se estableció un Consejo Directivo presidido por Lucía Hiriart y las esposas de los miembros de la Junta Militar. En marzo de 1974 pasó llamarse CEMA Chile. En 1990, un cambio de estatutos amplió las facultades de su presidenta, que siguió siendo Lucía Hiriart. Finalmente, en 1996 una nueva modificación estatutaria determinó que el cargo de “presidenta nacional” recaerá sobre la voluntaria que haya ocupado ese cargo anteriormente o el de vicepresidenta por más de 10 años, pudiendo ser reelegida cada cuatro años. Así, Lucía Hiriart se transformó en presidenta en forma indefinida.

LAS NORMAS LEGALES

El Ministerio de Bienes Nacionales ha logrado acreditar, hasta ahora, un total de 135 transferencias gratuitas de propiedades fiscales, desde esta Secretaría de Estado a la Fundación CEMA Chile, en la totalidad de las Regiones entre 1977 y 1989. Es posible que Bienes Nacionales hubiera entregado otros bienes fiscales, sin que quedara constancia de carácter documental en la Secretaría de Estado, por lo que se persevera en la búsqueda de eventuales antecedentes adicionales.

También conocemos que, a lo largo del país, hubo transferencias adicionales de bienes a CEMA desde los SERVIU y las municipalidades

Del total de las transferencias gratuitas operacionalizadas por Bienes Nacionales, 134 se ejecutaron a través de Decretos Supremos, firmados por Augusto Pinochet.

Hasta ahora, el Ministerio de Bienes Nacionales ha logrado convicción respecto de avalúos fiscales de 118 de las 135 propiedades transferidas, los cuales suman casi 81 mil millones de pesos ($ 80.849.812.342 o USD M$118.897).

Según lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Ley Nº 1.939 de 1977, corresponden a la Presidencia de la República las facultades para la adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado o fiscales, las cuales ejerce por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales. El Decreto Ley dispone que pueden transferirse inmuebles fiscales en forma gratuita a una diversidad de entidades, entre las cuales se incluyen las personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro. Dichas transferencias deberán ser siempre fundadas, y los inmuebles fiscales deben ser destinados precisamente a los usos que motivaron al acto administrativo de disposición.

Existen evidencias fundadas de que se ha incumplido el compromiso formal y legal que CEMA asumió con el Fisco, en cuanto a destinar los bienes e inmuebles fiscales a los fines sociales que entonces se consideraron para fundamentar el mecanismo excepcional de la transferencia gratuita. Por el contrario, existe evidencia abundante que han sido ocupados para actividad inmobiliaria a través de enajenaciones o arriendos, obteniendo cuantiosas ganancias cuyo destino final se desconoce y que no aparecería reflejado en los balances y memorias presentados por esa institución al Ministerio de Justicia.

Las actas del directorio de la Fundación muestran que los últimos años su prioridad ha estado domiciliada en la venta y el arriendo de propiedades, y no en la realización de programas y actividades para el beneficio de las socias de la entidad y las mujeres chilenas en general, que era el propósito social que fundamentó las transferencias y concesiones.

DE PAINE A COPIAPO

El caso más emblemático fue denunciado en marzo pasado por “Ahora Noticias” de la estación Mega TV: la Plaza de Armas de la comuna de Paine, que hoy aparece como parte de la “propiedad privada” de la Fundación CEMA Chile, luego de que fuera transferida gratuitamente a la Fundación CEMA Chile en abril de 1986. Sin duda, es una situación insólitamente reprochable, pues se trata nada más y nada menos que un espacio de encuentro de la comunidad que debiera ser un bien de uso público

La insólita situación quedó en evidencia en medio de una investigación interna que han desarrollado todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales del país con el objetivo de verificar el estado de las propiedades fiscales registradas en el catastro de las propiedades e inmuebles fiscales que fueron transferidos gratuitamente a CEMA Chile. Una de ellas corresponde a la propiedad de Paine.

El decreto de transferencia está fechado el 21 de abril de 1986 y firmado por Augusto Pinochet. El documento especifica las coordenadas de la actual Plaza de Armas de Paine ubicada en calle 4 norte s/n entre las calles Maipo y San Rafael, provincia de Maipo, con una superficie de 9.227 metros cuadrados.

La Municipalidad de Paine nos informó que hicieron gestiones para comprar la plaza a la Fundación CEMA Chile pagando el avalúo fiscal, unos 130 millones de pesos, pero que la entidad les solicitó en la última conversación cerca de 600 millones de pesos.

Por otro lado, a fines de junio pasado la Agrupación de Familias y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama recibió la concesión de uso gratuito por cinco años de un inmueble fiscal ubicado en la calle Rodríguez 468–B, en el centro de la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama, para ser usada como sede social y construir un museo de la memoria.

Hace más de tres décadas, el inmueble se había entregado, mediante el Decreto Supremo N°9 de fecha 29 de agosto de 1980, en concesión de uso gratuito a favor de la Fundación CEMA Chile con la finalidad de que fuera utilizado como hogar de la niña adolescente. Sin embargo, un equipo de fiscalización de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Atacama constató en terreno que el inmueble debía ser recuperado, pues se encontraba en estado de total abandono y en precarias condiciones, claramente sin la ocupación ni el cumplimiento del objetivo central por el que fue entregado a CEMA Chile.

La entrega oficial fue especialmente emotiva y simbólica por ser el primer inmueble de los entregados a CEMA Chile que es recuperado y redestinado por Bienes Nacionales luego de la connotación pública generada por el caso.

Víctor Osorio

Ministro Bienes Nacionales