Estudiantes denuncian retroceso en derechos de estudiantes trans y disidencias en Chile

A través de una manifestación frente al Palacio de la Moneda y un comunicado, los centros de estudiantes de seis colegios de Santiago rechazan las modificaciones propuestas al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y a la recomendación de realizar modificaciones legislativas a la Ley de Identidad de Género evacuadas por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de mayoría conservadora.

El PAIG fue elaborado el 2021, siendo implementado dos años después. Esta enfocado en dar respuesta a menores con disforia de género entre 3 y 17 años, quienes hasta ahora no han tenido respuesta institucional. Dicho acompañamiento está orientado para definir tratamientos de modificación corporal, sean de tipo tipo hormonal o quirúrgico.

La comisión investigadora recomendó la suspensión de tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación genital en menores de edad, efectuar auditorias a los agentes públicos y revisar la legislación vigente. En la práctica apuntan a desmontar lo avanzado.

De esta forma, el informe final de la comisión investigadora (CEI N°57) recomendó “la suspensión inmediata del Programa de Acompañamiento Integral en Género (PAIG)”, lo que implica que el Ministerio de Salud suspenda de manera inmediata nuevos tratamientos hormonales en menores de edad, la revisión de los antecedentes de quienes ya están recibiendo tratamientos hormonales, limitar los tratamientos de terapia hormonal a mayores de edad y la atención de menores que desistan de dichos procesos de cambio de género.

El énfasis conservador de la resolución parlamentaria se refleja en que se exige cambiar la actual Ley de Identidad de Género, quitando esta vez el poder de decisión del menor por el de “garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos, en cuanto al ingreso y/o derivaciones de estos programas”.

Otro modificación propuesta es que se pueda ingresar a este programa sólo a partir de los 14 años de edad, que el acompañamiento sea exclusivamente psicológico, eliminando las terapias hormonales.

La avanzada conservadora también se enfocó en la eliminación del enfoque afirmativo, que permite el cambio de nombre y sexo registral ante instituciones estatales. Plantearon de esta forma derogar la Circular 812 de la Superintendencia de Educación, que permite a los niños usar el nombre social con que ellos se sientan más cómodos.

COBERTURA DEL PROGRAMA

En la actualidad el programa PAIG está implementado en 37 hospitales. Según datos entregados por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, entre abril de 2023 y abril de 2024 ingresaron 1.962 menores, el 98% de ellos con edades entre 10 y 17 años.

Gran parte de ellos (60%) tiene entre 15 y 17 años, en tanto que el resto tiene entre los 10 y 14 años (38%) y hay dos casos de niñes entre 3 y 4 años, los que no reciben terapia hormonal.

Este tipo de tratamiento biológico está siendo aplicada en 600 menores y en otros 433 pacientes mayores de edad.

QUÉ DICEN LOS MENORES

Para los menores de edad el trabajo de la comisión investigadora resulta un grave retroceso en políticas públicas para la población trans en Chile. Consideran que “este informe no solo representa un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos, sino que constituye un ataque directo a las juventudes y niñeces trans del país”.

Añaden el peligro de derogar la Circular 812, basada en la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho de la identidad de género, y la Ley 20.609 contra la discriminación, ambas “constituyen un marco normativo esencial para garantizar una educación basada en el respeto, la inclusión, la integridad y la dignidad humana, de las niñeces y juventudes chilenas”- según expresaron en el comunicado.

El comunicado está firmado por los centros de estudiantes del Instituto Nacional, Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo 4; el Liceo 7 de Providencia, el interino del Liceo Carmela Carvajal y del Liceo Tajamar, quienes asumen “la responsabilidad y compromiso de representar a nuestro estudiantado y sus voces”.

“Como representantes de nuestros estudiantado y sus necesidades, concluimos que la aprobación del informe (CEI-57) es un retroceso alarmante, pues su implementación representaría no solo un retroceso normativo, sino una amenaza directa a los derechos humanos fundamentales de nuestras comunidades escolares, rozando cualquier tipo de identidad de género y dignidad de la persona, aboliendo el valor intrínseco de la misma”- declararon.

QUE DICEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS

La Circular 812 dice que “el sistema educativo debe orientarse al desarrollo integral de nuestros ciudadanos y el sentido de su propia dignidad, fortaleciendo el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en nuestra legislación”.

Dicha circular establece:

● Apoyo al estudiante trans y a su familia.

● Orientación a la comunidad educativa.

● Uso del nombre social en espacios escolares.

● Uso del nombre legal en documentos oficiales.

● Respeto a la presentación personal (incluyendo uniforme).

● Acceso a servicios higiénicos conforme a su identidad de género.

En tanto, la Ley General de Educación, en su artículo 11 y la Ley 21.129 refuerzan ante el principio de la no discriminación arbitraria, prohibiendo a toda persona natural jurídica, institución pública privada, realizar un acto u omisión que importe discriminación arbitraria que cause privacidad, perturbación o amenaza a las personas y sus derechos en razón de su identidad y expresión de género.

Asimismo, la Ley 20.609, que define la discriminación arbitraria como cualquier distinción, exclusión o restricción que no tenga una justificación razonable y cause perjuicio o amenaza en el ejercicio de los derechos fundamentales, esta también establece medidas contra la discriminación, nos presenta que los órganos del estado, tienen el deber de elaborar e implementar las políticas activas, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Según la declaración de los centros de alumnos “sabemos que el respeto por la dignidad humana es un principio constitucional, legal y ético, no negociable. Transgredirlo de esta manera, implica vulnerar el valor más esencial que tiene cada persona. De esta manera, eliminar estas garantías es negar esa dignidad e identidad. Es marginar, invisibilizar, y excluir a quienes más protección necesitan en este contexto escolar”.

Los estudiantes también ya vislumbraron los derechos recién alcanzados por los niñes que serían derogados:

1. Acceder a los establecimientos sin discriminación.

2. Permanecer en el sistema educativo formal.

3. Recibir una educación que ofrezca oportunidades para la formación y el desarrollo integral.

4. Libre desarrollo de la persona.

5. Participar, expresar libremente y ser escuchados/as.

6. Reconocimiento y protección de la persona y la identidad de género.

7. No ser discriminados arbitrariamente por el estado o comunidad educativa.

8. Recibir atención adecuada oportuna e inclusiva.

9. Respeto a la integridad física, psíquica y moral.

10. Estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todo ámbito.

Para los estudiantes “estas medidas, las cuales nos han permitido construir espacios más conscientes, humanos y respetuosos, hoy se encuentran en riesgo. Desconocer de ellas, es desconocer la existencia, disidencias y necesidades reales de estudiantes trans, negando su derecho a una educación que los acoja y los respete como se debe. El PAIG no es adoctrinamiento como señalan. Es una herramienta fundamental para construir espacios seguros, inclusivos y respetuosos, en los que todes puedan vivir y desarrollarse con dignidad, sin importar su identidad de género”.

Agregan que “creemos y somos conscientes de que derogar las leyes, medidas y apoyos vigentes, afectan directamente al desarrollo psicosocial de la persona en conjunto con su ámbito familiar, provocando que los estudiantes trans y disidentes de género, sean invisibilizados junto a sus identidades, creando situaciones de exclusión, estigmatización y vulnerabilidad que deterioran la calidad de la vida escolar y debilitan el ambiente social que sustenta una comunidad educativa e inclusiva”.

Junto con pedir que el CEI-57 sea derogado, los estudiantes comentan que “la dignidad de las personas no puede estar sujeta a decisiones administrativas ni a interpretaciones restrictivas ni retrógradas de la ley, recordando que protegerla no es una opción, sino, un deber del Estado y cada una de las instituciones educacionales. Manteniendo en pie la importancia de que las reformas legales se realicen teniendo en cuenta los derechos humanos, respetando la libertad de expresión, dignidad e integridad de cada persona”.

“Como jóvenes, como mujeres, como hombres, como disidencias, no estamos dispuestos a retroceder en los derechos conquistados con años de lucha. En el contexto actual, donde las diversidades siguen sin ser respetadas, siendo vistas como una minoría y atravesando constantes negligencias, es imprescindible mantener los pocos espacios de cuidado que se les han otorgado. Eliminar el PAIG sería una grave vulneración a los derechos humanos y un acto de irresponsabilidad política y ética”.

El Ciudadano