Gobierno presentó 17 querellas por víctimas de la dictadura: Esperan llegar a 60 para fin de año, por más de 355 detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, señaló que desde el Ejecutivo "no sólo estamos trabajando para hacernos cargo de las deudas del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos en el pasado, sino que también para reafirmar y fortalecer las instituciones hacia adelante para que esto no vuelva a ocurrir".

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, presentaron este martes, un total de 17 querellas por casos de víctimas de la dictadura, en las que hasta la fecha no se han desplegado acciones judiciales.

La acción del Gobierno se realizó a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Las presentaciones se concretaron en las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Concepción y Valparaíso y tres de esos escritos son en favor de víctimas de desaparición forzada, refiere T13.

Al respecto, la ministra Ríos sostuvo que, se prevé presentar hasta fin de año un total de 60 querellas.

«Hemos concurrido como gobierno a presentar junto al Programa de Derechos Humanos un conjunto de querellas a nivel nacional. Vamos a presentar, de aquí a fin de año, un total de 60 querellas por más de 355 víctimas detenidas desaparecidas y ejecutados y ejecutadas políticas por los que nadie se había querellado hasta ahora», puntualizó la secretaria de Estado.

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«Nosotros estamos acá para reiterar nuestro compromiso como gobierno en la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación», añadió.

Del mismo modo, la ministra recalcó que «no solo estamos trabajando para hacernos cargo de las deudas del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos en el pasado, sino que también para reafirmar y fortalecer las instituciones hacia adelante para que esto no vuelva a ocurrir».

Entre las querellas presentada se encuentra la del nonato de la sobreviviente Clementina del Carmen Soto Rivera. 

Con un embarazo de seis meses y medio, Soto se presentó en un recinto militar el 22 de septiembre de 1973 tras la aprehensión de su pareja. Fue entonces detenida y torturada por efectivos militares del Regimiento Escuela de Infantería de San Bernardo, en el recinto de Cerro Chena, provocándole un aborto, refiere La Tercera.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, señaló que “este día tiene un sabor más cálido, más digno, cuando vemos que a través de un Gobierno se hacen estas querellas. Nos damos cuenta que no estamos solos. Es un Gobierno que tiene un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral“.

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