En una de las operaciones más significativas contra la corrupción penitenciaria, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron durante la madrugada de este martes un masivo allanamiento de 77 direcciones, apuntando a la formalización de 77 imputados, entre los que se encuentran al menos 42 gendarmes que prestan o prestaron servicios en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1. La investigación, liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, los indaga por delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una trama que habría facilitado el control del recinto por parte de organizaciones criminales.
Según reveló CIPER, la pesquisa, que se extiende por al menos ocho meses y contempla ilícitos ocurridos entre los años 2023 a 2025, expone una red de corrupción sistémica al interior del supuestamente más seguro penal del país.
Asimismo, informó que los investigadores ha cargo de caso han recopilado escuchas telefónicas e imágenes obtenidas tras la instalación de cámaras especialmente dispuestas en las inmediaciones de la CAS Santiago 1. A la par, las diligencias han incluido seguimientos a personas, infiltración de testigos, levantamiento de secreto bancario y análisis patrimonial de los 42 gendarmes indagados.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los funcionarios, actuando en pequeños grupos no jerarquizados, ofrecían una variedad de servicios ilícitos a internos a cambio de dinero, incluyendo el ingreso de drogas, celulares, coordinación de visitas íntimas, ingreso de alimentos de alta gama y alcohol, así como acceso a una red WiFi que puede eludir las antenas inhibidoras del penal.
A esto, se suma el acceso de visitas e se reunían con miembros de organizaciones delictuales, incluidos líderes del denominado Tren de Aragua.
$60.000 por evadir controles biométricos
Uno de los hallazgos más graves de la investigación son imágenes en poder del Ministerio Público que muestran cómo personal de Gendarmería permitía el ingreso de personas sin documentación a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1, burlando todos los protocolos de seguridad, incluido el registro biométrico de huella dactilar.
«Lo que se ve en esas imágenes es a personal de Gendarmería simulando realizar el protocolo que se debe ejecutar en estos casos: verificar los documentos de identidad de quien pide ingresar, revisar si se encuentra enrolado entre las personas autorizadas para hacer visitas a internos y tomar su huella para que quede registro de su acceso», describió CIPER con base en el relato de fuentes cercanas a la pesquisa.
El actuar de los funcionarios, conscientes de las cámaras de vigilancia, fue descrito como una verdadera farsa: «hacen una verdadera pantomima, mueven brazos y manos, actuando como si efectivamente revisaran una cédula de identidad y registraran una huella». Esta maniobra tenía un precio establecido: $60.000 por visita indocumentada.
El daño de esta práctica es incalculable, las fuentes consultadas por medio digital señalan que «es imposible determinar quiénes ingresaron de esta forma para reunirse con miembros de organizaciones criminales que están en prisión preventiva -incluidos líderes del Tren de Aragua-, los que pudieron usar esta vía para transmitir instrucciones al exterior y dirigir delitos como secuestros, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas y extorsiones».
«La Feria» y el catálogo ilegal de Santiago 1
La investigación detalla la existencia de un activo mercado ilegal dentro de la CAS Santiago 1, un sector conocido por los internos como «la feria», donde se transaban productos con total impunidad. CIPER tuvo acceso a la tarifa establecida por los gendarmes involucrados:
-Ingreso de personas indocumentadas: $60.000.
-Uso del baño para relaciones sexuales: $15.000.
-Cambio de módulo: $100.000.
-Un kilo de carne tipo huachalomo: $60.000.
-Teléfono celular: $350.000 a $400.000.
-Cargador de celular: $50.000.
-Chip telefónico: $15.000.
El negocio también incluía modalidades como el «rescate» –la reventa a los reclusos de objetos previamente decomisados por los propios gendarmes– y el «delivery», donde los funcionarios compraban en el exterior productos encargados por los internos, incluyendo drogas, para ingresarlos ocultos.
Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias bancarias a cuentas personales o de testaferros. La pesquisa identificó al menos a nueve gendarmes en el negocio del «rescate» y a siete parejas de funcionarios, junto a otros dos sujetos, actuando como testaferros.
La «Corona de Flores» que encendió las alarmas
La investigación que gatilló los allanamientos realizados durante esta madrugada tuvo un punto de inflexión el 5 de abril de 2024. Ese día, tres venezolanos dispararon contra la puerta de la casa de un oficial de la CAS Santiago 1 en Cauquenes, dejando una corona de flores y una carta con amenazas de muerte.
“Descansa en paz (iniciales tarjadas). Se despide tu familia, pronta muerta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos SAPOS. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atte: Los Contra del Abuso”, decía el mensaje.
El ataque, el primero registrado del crimen organizado contra un funcionario público en este contexto, evidenció una filtración interna.
Como reveló CIPER en agosto pasado, los datos personales del oficial amenazado fueron facilitados al Tren de Aragua por colegas suyos de la CAS Santiago 1. Este hecho llevó a la fiscalía a profundizar las indagatorias en el penal, logrando establecer que los atacantes habían sido contratados desde dentro de la cárcel.
Allanamientos y 42 gendarmes de Santiago 1 bajo investigación
El operativo de esta madrugada denominado “Operación Apocalipsis”, ordenado por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, involucró a 690 funcionarios: 500 de la PDI y 190 de Gendarmería. Las diligencias se desplegaron en siete regiones (Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y O’Higgins) y en al menos siete recintos penitenciarios, incluyendo además de la CAS Santiago 1, la ex-Penitenciaria, Punta Peuco, el REPAS, Colina 1, y los complejos de Biobío y Rancagua.
La gravedad del caso es mayúscula: los 42 gendarmes investigados representan aproximadamente el 10% de la dotación total de la CAS Santiago 1.
En concreto, la lista de funcionarios investigados es la siguiente:
- Luis Rodrigo Santana Gutiérrez
- Rubén Alejandro Zúñiga Burgos
- Carlos Ricardo Marín Hueche
- José Hernán Cisternas Pino
- Eduardo Alfredo Espinosa Ramos
- Fernando Andrés Morales Retamal
- Miguel Ángel Tejo Atenas
- Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña
- Ricardo Antonio Riveros Matus
- Boris Francisco Rodríguez Osses
- Humberto Darío Sandoval León
- Ariel Sebastián Mallea Alvarado
- Aaron Octavio Hernández Martínez
- Richard Andrés Medel Alvear
- Fernando Maunes Chamorro Morales
- Joel Alejandro Lagos Olivares
- Stefania Fernanda San Martín Rivera
- Sergio Reinaldo Zúñiga Briones
- Bárbara Natalia Yévenes Vásquez
- Pedro Francisco Malverde Rodríguez
- Marcelo Pinilla Aroca
- Ignacio Araneda Muñoz
- Moisés Contreras Contreras
- Luis Ruiz González
- Elvis Astudillo Hormazábal
- Julio César Henríquez Villalobos
- Cristian Alexis Valenzuela Quezada
- Carlos Eduardo Martínez Rodríguez
- Leandro Antonio Díaz Sanhueza
- Luis Gastón Bravo Piggati
- Guillermo Andrés Velozo Díaz
- Adolfo Antonio Jiménez Sierra
- Nicolás Armando Ayala Chamorro
- Fernando Antonio Uribe Martínez
- Iván Andrés Ramírez Ramírez
- Felipe Eduardo Chávez Olivares
- Misael Felipe Castro
- Juan Francisco Neculman Flores
- Claudio Alejandro Vivieros Ñanco
- Óscar Alejandro Marimán Caniupán
- Pedro Hernán Huechupan Cárdenas
- CIPER indicó no pudo constatar la identidad de uno de los funcionarios.
Este es, según los antecedentes, el caso más grave hasta ahora de penetración del crimen organizado en Gendarmería, una institución clave en la seguridad pública.
Las advertencias sobre la situación en el penal ya existían. En una visita al recinto, el juez Fernando Guzmán del Primer Juzgado de Garantía de Santiago advirtió en un acta sobre el «reconocimiento explícito» de la corrupción interna y la influencia indebida de gremios, señalando que en módulos de reos extranjeros operan bandas que controlan el tráfico ilegal.
El Ministerio Público busca ahora, con las formalizaciones, desarticular una red que ponía en jaque la seguridad no solo del penal, sino del país.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, del total de gendarmes detenidos, 40 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que el resto fueron sorprendidos en situación de flagrancia al interior del penal Santiago 1.
“En dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y el CPF de San Joaquín, funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos”, explicó el persecutor.
Como parte de las diligencias judiciales, se logró el congelamiento de 183 cuentas bancarias, junto con la incautación de nueve propiedades, 16 vehículos y aproximadamente $50 millones en dinero en efectivo.
(*) Los antecedentes expuestos corresponden a una investigación penal en curso. Las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
Exministra imputada: red ligada a Ángela Vivanco será formalizada por cohecho y lavado de activos
Hace 1 mes
