Grave antecedente: revelan que Dominga pagó $255 millones al estudio de Lagos y Vargas en el año clave de su triunfo en tribunales

Entre marzo y diciembre de 2023, el estudio de abogados de Mario Vargas y Eduardo Lagos —ambos actualmente en prisión preventiva por el caso de supuestas coimas a jueces conocido como la «trama bielorrusa»— recibió pagos mensuales de Andes Iron, la empresa controladora del polémico proyecto minero Dominga.

De acuerdo con una investigación de Reportea.cl, basada en cartolas bancarias, el total transferido en ese período ascendió a $255.5 millones (equivalentes a USD 287.000).

El medio digital, que tuvo acceso a correos electrónicos y registros financieros, destacó la coincidencia temporal de estos pagos con un año decisivo en la estrategia judicial de Dominga, ya que fue en 2023 cuando se definieron los pasos legales que hoy tienen al proyecto —que busca extraer hierro y cobre en la región de Coquimbo con una inversión cercana a los US$3.000 millones— al borde de su aprobación definitiva, tras una serie de fallos favorables en los tribunales ambientales y en la Corte Suprema.

Pagos millonarios en la sombra al estudio de Lagos y Vargas

Las cartolas bancarias de la sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada, consultadas por Reportea, registran diez transferencias consecutivas desde Andes Iron.

Los registros muestran un primer pago de $17,7 millones el 30 de marzo de 2023, seguido de uno excepcionalmente alto de $56,9 millones en abril. A partir de mayo, los pagos se estabilizaron en montos cercanos a los $22 millones mensuales.

Por cada pago se emitió una factura al amparo de un contrato, tal como consta en las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, donde en la glosa se lee: “honorarios asesoría jurídica según contrato”. Sin embargo, ni Lagos ni Vargas aparecen como abogados litigantes de Dominga en ninguno de los numerosos procesos judiciales que el proyecto ha enfrentado.

Cuando se consultó al subgerente de comunicaciones de Andes Iron, José Antonio Edwards, sobre los motivos de estos pagos, no se obtuvo respuesta. Fuentes del mismo estudio de abogados dieron versiones contradictorias a Reportea bajo condición de anonimato: una señaló que se realizaron «minutas legales» cuyo servicio no habría cumplido expectativas; otra mencionó que correspondían a labores de “lobby judicial”.

Dominga y su largo camino judicial

El proyecto Dominga ha estado en el centro de una batalla legal y ambiental durante más de una década. Ingresó al sistema de evaluación ambiental en 2013 y fue rechazado por primera vez en 2017. Desde entonces, ha seguido un vaivén de recursos entre el Comité de Ministros —que lo ha rechazado en tres oportunidades— y el Tribunal Ambiental de Antofagasta —que ha ordenado reevaluarlo—, con escaladas a la Corte Suprema.

En agosto de 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto. Este triunfo, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue polémico debido a que una investigación periodística reveló que la familia del entonces presidente había vendido su participación en el proyecto en 2010, en una operación que incluía una cláusula vinculada a que el terreno no fuera declarado zona protegida.

La cronología judicial reciente muestra que el 18 de enero de 2023, el Comité de Ministros rechazó el proyecto por segunda vez. Andes Iron, tal como hizo antes, reclamó ante el Tribunal Ambiental, el cual, a fines de 2024, volvió a darle la razón y ordenó una nueva votación del Comité con instrucciones precisas que dificultaban otro rechazo.

Cuando el Comité rechazó el proyecto por tercera vez en enero de 2025, el Tribunal Ambiental acogió un nuevo recurso de Andes Iron. El gobierno y las organizaciones opositoras llevaron entonces el conflicto a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, buscando definir una disputa de competencias. En junio de 2025, el TC se declaró incompetente y la Suprema evitó pronunciarse, lo que fue interpretado por Dominga como una luz verde tácita para su proyecto.

Por tal motivo, solo queda pendiente un recurso que actualmente está siendo tramitado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Vínculo entre pagos y decisiones judiciales

Un aspecto central de la investigación de Reportea es el vínculo entre los pagos y las decisiones judiciales favorables en la Corte Suprema. El máximo tribunal del país ha revisado al menos cuatro recursos relacionados con Dominga. Después de un fallo inicial desfavorable en 2019, los siguientes tres han sido favorables al proyecto.

El ministro Jean Pierre Matus ha sido una figura recurrente en estos fallos, ya que fue redactor del dictamen de mayo de 2022 que rechazó un recurso de los opositores, y también del de enero de 2024 que declaró inadmisible otro recurso.

Sin embargo, Matus tiene un vínculo conocido con el estudio Lagos y Vargas:, se trata de su esposa, María Cecilia Ramírez, quien ha trabajado para los juristas. De hecho, las mismas cartolas bancarias del bufete muestran pagos a Ramírez por, al menos, $18 millones entre 2023 y 2024.

Sin embargo, el medio de investigación dejó en claro que «no hay claridad sobre sí Matus supo de las millonarias asesorías prestadas por esos abogados al proyecto Dominga, ni tampoco sobre si su esposa tuvo que ver con ese trabajo».

Sin embargo, indicó que en las cartolas bancarias del abogado Mario Vargas aparecen transferencias directas del ministro

«La primera está fechada el 31 de julio de 2022 y es por $600.000 junto a la glosa “magana el resto es primera transferencia”; la segunda el 2 de agosto de ese mismo año, por $330.000, con la glosa “Saldo Valle”; y la última el 15 de septiembre, también de 2022, por $30.000. Ese último pago viene acompañado por la glosa “Baco”», consignó.

A mediados de 2025, estalló una polémica porque Matus sería el redactor del fallo ante los recursos presentados por el gobierno y los opositores. El ministro no se inhabilitó y, en septiembre de 2025, la Corte declaró inadmisibles los recursos. Este fallo contó también con el voto favorable del ministro Diego Simpertigue, quien actualmente está siendo investigado por la fiscalía, el Congreso y el Poder Judicial por sus vínculos con Lagos y Vargas en el marco de la «trama bielorrusa».

Reportea destacó que intentó obtener la versión del ministro Matus, pero no obtuvo respuesta.

Reparto de los fondos y otros nombres involucrados

El reportaje del periodista Nicolás Sepúlveda para el medio citado sacó a la luz que los pagos de Andes Iron no se quedaron en la cuenta de la sociedad, ya que la práctica habitual del estudio, según las cartolas, era repartir inmediatamente los fondos entre los profesionales que atendían al cliente.

Según este modus operandi, entre los beneficiarios se encuentra el exdiputado Aldo Cornejo, quien confirmó a Reportea haber recibido encargos profesionales del bufete para Dominga.

“En lo que a mí respecta recibí un encargo profesional de asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa. Usted comprenderá que no puedo ventilar públicamente la relación profesional con un cliente. En todo caso es una relación normal en el ámbito del legítimo ejercicio profesional”, argumentó.

Los registros indican que del total de los $255,5 millones percibidos por el estudio jurídico, al menos $47,7 millones fueron para Cornejo. Este mismo exdiputado trabajó con Lagos y Vargas para el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), empresa en el centro de la «trama bielorrusa» por la que se investigan presuntos sobornos a jueces, a cambio de fallos a favor de la empresa en su litigio con Codelco.

También recibió pagos el exdiputado Gabriel Silber, socio de la firma y quien actualmente busca colaborar con la investigación del Ministerio Público. Silber no estuvo disponible para comentar su rol específico en el caso Dominga.

Correos a Lagos y Guerra

Un correo electrónico del 5 de diciembre de 2022, al que Reportea tuvo acceso, muestra el interés temprano del estudio en el caso. El abogado Isaac Ramírez, quien entonces trabajaba para el estudio, le envió a Eduardo Lagos un análisis sobre la «reclamación de Dominga ante el Tribunal Ambiental», comenzando con: “Teniendo a la vista lo conversado y solicitado, informo sobre el particular lo siguiente”.

Ese mismo correo fue reenviado por Lagos al exfiscal Manuel Guerra —quien investigó en dos ocasiones al expresidente Piñera por su relación con Dominga— con el mensaje: “Estimado Manuel: Espero estés bien, porfavor hablemos de sto en la tarde, cuando nos reunamos con Patricio Vergara. Muchas gracias. Abrazos”.

Consultado por Reportea, Manuel Guerra negó rotundamente haber trabajado para Dominga y señaló que en la reunión mencionada en el correo, Lagos le comentó la posibilidad de asesorar al proyecto, a lo que él respondió que no podía intervenir debido a sus investigaciones previas sobre Piñera y el caso Penta, que involucraba a socios de Dominga.

“Jamás participé en la tramitación de dicho proyecto… menos recibí dinero de parte del señor Lagos por dicho concepto ya que jamás trabajé en ese tema”, aseguró.

El otro abogado mencionado, Patricio Vergara, también negó haber conversado con Lagos sobre una asesoría a Dominga, señalando que la reunión fue por otra causa judicial.

La investigación deja al descubierto una compleja red de transacciones financieras, vínculos personales y coincidencias temporales entre pagos millonarios y fallos judiciales decisivos. Mientras la justicia avanza en el caso de la “trama bielorrusa”, estos nuevos antecedentes plantean preguntas urgentes sobre la integridad del sistema judicial chileno y la opacidad con la que se manejan los grandes proyectos económicos y sus batallas legales