“Graves irregularidades” y $1.100 millones: Fiscalía abre causa penal por demoliciones tras megaincendio en Valparaíso

La Fiscalía tomó esta decisión luego de recibir informes finales de auditoría elaborados por la Contraloría que dejaron al descubierto un entramado de irregularidades, pagos sin acreditar y deficiencias de control en el uso de los recursos destinados a enfrentar la catástrofe del megaincendio de febrero de 2024.

Casi un año después de la tragedia que arrasó con miles de viviendas y dejó 137 fallecidos, el manejo de los recursos públicos destinados a la reconstrucción y las tareas de emergencia se encuentra en el centro de la controversia. La Fiscalía Nacional resolvió abrir una causa penal para indagar eventuales delitos vinculados a la ejecución de recursos públicos tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

La decisión se adoptó luego de recibir informes finales de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República, cuyos hallazgos —que comprometen más de 1.800 millones de pesos en recursos cuestionados— han sido calificados por las propias autoridades como de extrema gravedad.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que los antecedentes fueron analizados a nivel central y posteriormente derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que tendrá la labor de asumir el desarrollo de las diligencias.

Campos precisó que el organismo persecutor recibió “diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura”, todos vinculados a los procesos implementados tras los incendios ocurridos en febrero del año pasado.

“Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, añadió el persecutor, en declaraciones consignadas por El Mostrador.

Entramado de irregularidades

La Contraloría Regional de Valparaíso ha desplegado una amplia ofensiva fiscalizadora respecto de la emergencia. A través de cinco informes de auditoría, el órgano fiscalizador expuso fallas sistémicas que involucran a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, poniendo en tela de juicio la eficiencia y legalidad de las acciones emprendidas tras la tragedia que afectó a miles de personas.

Los informes, que ya fueron remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para la evaluación de acciones judiciales pertinentes, describen un patrón consistente de debilidades de control interno, utilización injustificada de mecanismos de contratación directa y, en los casos más graves, pagos por servicios que nunca fueron ejecutados o lo fueron solo parcialmente.

El núcleo de las observaciones se concentra en las demoliciones de viviendas siniestradas. Según los documentos de Contraloría, solo en esta área las irregularidades superan los $1.216 millones, una cifra que evidencia un manejo financiero y contractual altamente vulnerable” en una de las tareas más críticas post-incendios.

Demoliciones en El Olivar: pagos no acreditados por $782 millones

La auditoría contenida en el Informe Final N°500/25 se centró específicamente en las demoliciones realizadas en el castigado sector de El Olivar, y entre las irregularidades la Contraloría constató “pagos no acreditados por más de $782 millones” por estos trabajos, erogaciones que, según el documento, carecen de respaldo documental adecuado y están marcadas por “irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos”.

La magnitud de las fallas llevó a la Contraloría no solo a ordenar un sumario administrativo, sino también a solicitar el expediente de una investigación interna que llevaba la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para que sea la propia Contraloría quien asuma la tramitación integral del caso.

Adicionalmente, el Informe Final N°805/25 detectó un “pago indebido superior a $434 millones” por demoliciones que, según la auditoría, fueron “no ejecutadas o parcialmente realizadas”. A esto se sumaron “graves deficiencias en contratación y control interno”, lo que llevó igualmente a la instrucción de un sumario administrativo.

Las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador en este ámbito incluyen pagos por servicios que no habrían sido ejecutados, utilización de maquinaria cuya existencia no pudo acreditarse documentalmente, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superarían el 500% del valor de mercado estimado para faenas equivalentes.

Delegación Presidencial: $586 millones en pagos no acreditados

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, organismo clave en la coordinación de la emergencia y en la canalización de ayudas tempranas hacia las personas damnificadas, también fue objeto de una auditoría cuyos resultados también dejaron al descubierto irregularidades.

El Informe N°528/25 detectó “pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones” en adquisiciones realizadas durante la crisis. La Contraloría advirtió expresamente sobre “posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo”, figura legal que permite contratar sin licitación pública en situaciones de emergencia o urgencia, pero que en este caso habría sido aplicada de manera extensiva y sin la debida justificación.

Los informes también incluyen reparos específicos a los municipios de Quilpué y Viña del Mar, apuntando a deficiencias en los procesos de compra, gastos improcedentes y falta de control en la entrega de ayudas destinadas a las personas damnificadas. En ambos casos, Contraloría instruyó sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y autoridades.

Más de 1.800 millones de pesos cuestionados

En conjunto, los cinco informes de auditoría emitidos por Contraloría hasta la fecha comprometen un monto total de recursos cuestionados que supera los $1.800 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido focalizar su atención inicial en el ámbito de las demoliciones, donde la materialidad de los recursos involucrados —al menos $1.100 millones, según precisó Eugenio Campos— y la claridad de las observaciones permiten avanzar con mayor certeza en la tipificación de eventuales delitos.

Según detalló el director de la Unidad Anticorrupción, los informes recibidos dan cuenta de “graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas”, proceso que involucró cerca de un centenar de inmuebles.