Jueces advierten que reducción de personal por la pandemia retrasará en tres años los procesos civiles en Santiago

Un informe elaborado por los tres jueces que integran el Comité de Jueces Civiles de Santiago advirtió sobre el considerable retraso que sufrirán los procesos judiciales de esa índole producto de la pandemia de COVID-19 que azota al país y de una significativa reducción de magistrados que sufrió esa jurisdicción.

El documento cuestiona las decisiones tomadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entre las que figura la reducción de su dotación en un 50%, y advierte sobre los efectos que habrá.

“Los jueces y juezas civiles que diariamente se desempeñan en sus funciones no pueden cargar sobre sus hombros los recortes presupuestarios que determina la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Estamos seguros de que hay medidas más sensatas y prudentes de ahorro de presupuesto. Reiteramos, como lo hemos venido sosteniendo desde hace años, pero con mayor fuerza en estos últimos, que no es posible enfrentar la actual realidad de la justicia civil con una dotación de 30 personas”, plantea el texto que fue remitido a la Corte Suprema.

“La política desarrollada por la CAPJ se ha traducido en que nuestra jurisdicción ha sido la única a la cual se le ha disminuido el 50% de la dotación de jueces y ello ha ocurrido con la suspensión de la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales”, agrega el informe.

Ricardo Núñez, juez del 11º Juzgado Civil de Santiago, uno de los tres autores del informe, declaró a La Tercera que el colapso del sistema «va a ser una realidad».

«Si hay una jurisdicción que ha sido maltratada por los ámbitos administrativos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha sido la civil«, lamentó.

El magistrado explicó lo que, a juicio de los tribunales civiles, es el origen del problema: «A nosotros nos sacaron el 50% de los jueces, somos la única jurisdicción en Chile que se le redujo la dotación en 50%, que se suponía que la iban a reponer en octubre, pues bien estamos a diciembre y no hay ninguna perspectiva de que eso vaya a suceder«, fustigó

Indicó que «con unos estudios que no sabemos de dónde salieron», la Corporación Administrativa planteó que a partir de la suspensión de los términos probatorios hay menos carga de trabajo, lo que contrasta con la realidad, ya que «términos probatorios en los juicios ejecutivos, que corresponden al 80% de nuestro trabajo, casi no existen».

«Lo que va a suceder en la justicia civil, si no se toman medidas razonables y racionales, es que vamos a estar como a mitad de los años 90«, advirtió el juez.

“ Nos vamos a demorar por lo menos un año y medio en poner el día la justicia civil. Si a eso además le sumamos los recursos de apelación, que van a entrar a la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya tiene un retardo este año de un año de tramitación, implica que el próximo año todos los juicios que lleguen a la corte que nosotros les vamos a mandar se van a resolver en dos años más. O sea estamos hablando de tres años para terminar la tramitación, entre primera instancia y segunda instancia”, explicó Núñez.

Ante este escenario, los integrantes del Comité de Jueces Civiles de Santiago piden con urgencia tomar al menos tres medidas: reponer el 50% de jueces que sacaron, sentarse en una mesa de trabajo para ver cómo avanzar y gestionar de mejor forma el uso.