En las listas elaboradas por las cortes, el ministro Gajardo pudo constatar la presencia recurrente de candidatos que mantenían lazos de parentesco con otros funcionarios del Poder Judicial, una situación que choca frontalmente con las nuevas inhabilidades por conflicto de interés que la Ley N° 21.772 impondrá a partir de abril.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC) procedió a devolver, en su totalidad, las 34 ternas de candidatos a notarios y conservadores que habían sido remitidas por doce Cortes de Apelaciones del país.
Con esta decisión, el secretario de Estado envió una señal clara e inequívoca: el tiempo de las designaciones basadas en redes de influencia, padrinazgos y parentescos ha terminado, y la nueva normativa que entra en vigencia en abril no será letra muerta .
La determinación de Gajardo no surgió de la improvisación, sino que fue la gota que rebalsó un vaso de advertencias incumplidas. Según reportó La Tercera, en noviembre pasado, el ministro había enviado una comunicación formal a los 17 tribunales de alzada del país. En ese oficio, se solicitaba respetuosamente a los ministros que, «si lo tenían a bien», comenzaran a considerar los nuevos criterios de selección establecidos en la reforma al sistema notarial y registral (Ley N° 21.772).
Dicha legislación, aprobada por el Congreso, fue estructurada «bajo principios técnicos, que priorizan el mérito y la transparencia», según se leía en el escrito. Sin embargo, el llamado cayó en saco roto y las cortes ignoraron el espíritu de una reforma que busca desterrar prácticas que han sido cuestionadas durante décadas .
La molestia del Ejecutivo: Padrinazgos, familias e interinatos
Las fuentes consultadas por La Tercera revelan que el contenido de las ternas devueltas era un fiel reflejo de las prácticas que la nueva ley busca erradicar. En las listas elaboradas por las cortes, el Ministerio de Justicia pudo constatar la presencia recurrente de candidatos que mantenían lazos de parentesco con otros funcionarios del Poder Judicial, una situación que choca frontalmente con las nuevas inhabilidades por conflicto de interés que la Ley N° 21.772 impondrá a partir de abril. Asimismo, se detectó la inclusión de profesionales que actualmente se desempeñan como interinos y, de manera más gravosa, una multiplicidad de sujetos que, contando con «padrinos» y que aparecían en más de un grupo seleccionado.
Esta repetición de nombres, lejos de ser una casualidad, fue interpretada en el Ejecutivo como una maniobra para acaparar concursos y limitar la facultad del ministro para elegir al candidato más idóneo.
«Es de común ocurrencia que los nombres de los candidatos se repitan en dos o más ternas, lo que obviamente limita la facultad delegada en este Ministro de Justicia y Derechos Humanos para elegir a la persona más adecuada para ejercer el cargo», señala uno de los oficios de devolución enviados por la cartera, según pudo constatar el medio citado.
Devolución masiva: Un revés para doce Cortes de Apelaciones
El ministro Gajardo devolvió la totalidad de las ternas a las doce Cortes de Apelaciones que mantenían concursos abiertos para proveer oficios notariales y registrales.
El detalle de las devoluciones grafica la magnitud del conflicto. A la Corte de Apelaciones de Santiago se le pidió revisar ocho ternas, correspondientes a concursos de alto interés público como la 5° Notaría, la 1° Notaría con asiento en Renca, la 24° Notaría, la 3° Notaría con asiento en La Florida, la 2° Notaría con asiento en Huechuraba, la 25° Notaría, la 15° Notaría y la 31 Notaría .
La situación no se limitó a la capital. En regiones, el revés fue igualmente significativo. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, por ejemplo, recibió la devolución de seis ternas. La Corte de San Miguel, vio rechazadas tres de sus propuestas, mientras que a la Corte de Concepción se le devolvió una terna.
Este masivo retorno de listas ha generado un terremoto interno en el Poder Judicial. De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, una vez que los oficios de Gajardo llegaron a los tribunales, los relatores comenzaron a comunicarse de inmediato, desconcertados, con la División Judicial del Ministerio, liderada por Héctor Valladares (PS). La confusión y la preocupación se apoderaron de los pasillos judiciales, y no pasó mucho tiempo antes de que presidentes de algunas cortes solicitaran audiencias urgentes con el ministro para intentar destrabar el conflicto .
Los oficios enviados por Gajardo
Los documentos mediante los cuales el Ministerio de Justicia justificó la devolución de las ternas son una pieza clave para entender el razonamiento del Ejecutivo. En ellos, se explicita que la decisión no es un capricho, sino una medida basada en la necesidad de adecuar los procedimientos a la futura aplicación de la ley.
«Durante los últimos meses de tramitación del proyecto de ley, incluso luego de la publicación del texto de la ley en el Diario Oficial, esta Secretaría de Estado ha continuado recibiendo ternas para proveer cargos de los referidos auxiliares de la administración de justicia, procesos que se tramitaron bajo el imperio de la ley aún vigente, lo que ha producido numerosos inconvenientes al momento de hacer el análisis de los antecedentes para la resolución del respectivo concurso», se lee en los oficios dirigidos a las cortes .
El corazón de la argumentación jurídica del Ministerio reside en la colisión entre la normativa actual y la que entrará en vigencia en abril. «Debido a que la normativa aplicada no incluye consideraciones como el parentesco o situaciones de carácter judicial, han sido incorporados en las ternas personas que, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley vigente, podrían incumplir los requisitos impuestos por la Ley N° 21.772 no resultando recomendable su nombramiento para ejercer labores de ministro de fe pública, como son los notarios y conservadores, a la luz de la reforma», precisan los documentos consignados por La Tercera.
En otras palabras, el Ejecutivo se niega a nombrar a personas que, en menos de dos meses, podrían estar inhabilitadas para ejercer el cargo, lo que generaría una inestabilidad jurídica y administrativa.
Finalmente, los oficios dejan constancia del respeto por las competencias del Poder Judicial, pero también de la defensa de las atribuciones del Ejecutivo.
«Sin perjuicio de suscribir el más irrestricto y total respeto a las competencias del Poder Judicial, se ha estimado conveniente, conforme a la jurisprudencia administrativa, informar a S.S.I. acerca de esta situación, pues se estima que constituye un antecedente relevante que debe ser conocido por ese Iltmo. Tribunal en orden a eventualmente considerar la posibilidad de revisar la integración de las ternas, buscando que en ella se incorporen personas que cumplan de la mejor manera posible los estándares establecidos en la ley N° 21.772 ya referida». Con esta frase, Gajardo pone la pelota en la cancha de las cortes, instándolas a ser ellas mismas las que corrijan el rumbo.
Una reforma que cambia las reglas del juego
La medida del ministro Gajardo no puede entenderse sin el marco de la Ley N° 21.772, publicada en el Diario Oficial el 1 de octubre de 2025 y que entrará en plena vigencia el 2 de abril de 2026 . Esta normativa introduce cambios estructurales en el sistema. El más significativo es la eliminación de la participación de las Cortes de Apelaciones en los nombramientos, reemplazando el antiguo sistema de ternas por un proceso de selección sujeto a las normas de la Alta Dirección Pública (ADP) . A partir de abril, será el Consejo de la ADP quien, tras evaluaciones técnicas estandarizadas, remitirá al Presidente de la República una nómina de los tres mejores puntajes para que este proceda al nombramiento a través de un decreto fundado del Ministerio de Justicia .
Además, la nueva ley incorpora inhabilidades sobrevinientes por parentesco que son mucho más estrictas, prohibiendo el nombramiento de personas ligadas por matrimonio, unión civil o parentesco hasta el tercer grado con una larga lista de autoridades políticas y judiciales, incluidos ministros y fiscales de las propias Cortes de Apelaciones . Es precisamente este nuevo escenario el que el ministro Gajardo busca anticipar, evitando que se lleve a cabo el nombramiento de personas que no podrían ni siquiera postular en un par de meses.
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