La CIDH y fuertes críticas al gobierno argentino por sus políticas laborales y de Derechos Humanos

Derechos laborales

Organizaciones gremiales y la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “persecución” y el “atropello” a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue hecho en el marco de la 165° audiencia que ese organismo lleva a cabo en Uruguay y el gobierno argentino fue citado para hacer su descargo.

“Denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos”, sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, quien fue uno de los representantes de gremios argentinos que testimonió acerca de las amenazas que recibió tanto él como sus familiares durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

También llevó sus cuestionamientos la asociación que nuclea a los abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios laborales y “hacen que cierren las pymes”.

Además de la “persecución” y las amenazas contra Baradel y otros dirigentes, los gremios indicaron que estas situaciones se dan en un contexto de “aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el gobierno nacional en contra de la clase trabajadora”.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal denunció “los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno”, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano.

Derechos Humanos

“Lo peor que hay es que nos mientan”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la audiencia. De la audiencia participaron representantes de organismos de Derechos Humanos, quienes manifestaron su preocupación por los retrocesos en las políticas públicas del Estado en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural trasandino, Claudio Avruj, en representación del Poder Ejecutivo tildó de falsas las acusaciones de los organismos y los acusó de tener “prejuicios basados en intereses partidarios”.

El reclamo se realizó en el marco de las audiencias públicas del 165 período de sesiones que la CIDH que se realizan en Montevideo, donde Abuelas presentó un documento consensuado por trece organismos de DD.HH con los principales retrocesos en materia de derechos humanos, en el que solicitaron al Estado “garantizar las políticas para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad” y avanzar en el juzgamiento de las responsabilidades civiles.

En el documento citaron el fallo de la Corte Suprema trasandina por el 2×1 que beneficiaba a genocidas, la anulación de la condena a 12 años por crímenes de lesa humanidad al empresario salteño Marcos Levin, demoras en inicio de juicios, entre otros.

“Estas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas del estado no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin el contexto en el que se producen. En estos años han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de guerra y reconciliación. El propio presidente omite referirse a estos hechos como Terrorismo de Estado o crímenes de lesa humanidad”, dijo al hablar ante la Comisión, Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo remarcó que los organismos ven con preocupación que “desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos cuarenta años de lucha”. Por eso elevó el pedido a la CIDH el pedido al Estado.