México sancionará con 15 años de prisión a quienes suban los precios indiscriminadamente durante la crisis sanitaria

El Congreso de la Unión aprobó la medida para evitar el lucro a costa de artículos de primera necesidad como comida o medicamentos

Por Sofia Belandria

04/12/2020

Publicado en

Justicia y DD.HH

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La Cámara de diputados de México aprobó sanciones de hasta 15 años de prisión a fin de asegurarse de que ninguna persona lucre con el dolor y la necesidad de la población en casos de emergencia.

Los legisladores aprobaron con 465 votos a favor reformas al Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar los castigos contra quienes resulten responsables de ocultar o acaparar artículos de primera necesidad en momentos de amenaza, inminencia u ocurrencia de desastres naturales, riesgos sanitarios o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere el orden público.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN, José Elías Lixa, quien presentó la iniciativa ante el pleno, consideró que era necesario establecer límites a estas prácticas, a fin de asegurarse de que ninguna persona lucre con el dolor y la necesidad de la población en casos de emergencia.

«Durante la pandemia vimos el incremento desmesurado e injustificado de productos de primera necesidad. Lo vimos con los cubrebocas, con el gel antibacterial, pero también lo vimos con el tanque de oxígeno, que se terminó volviendo un producto exclusivo para quienes tienen más y no se puede, en una sociedad como la nuestra, dar escoger a quien padece una enfermedad, darle de comer a las hijas e hijos o atender la salud», expresó.

La reforma, que ya fue turnada al Senado mexicano, establece que los responsables de acaparar o subir de precio artículos de consumo necesario, productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, bienes destinados a la prevención de propagación o contagio de enfermedades o cualquier artículo de primera necesidad y los que se requieran para su conservación, serán acreedoras a penas de hasta 15 años de cárcel.

Actualmente, las personas que se aprovechen de alguna situación de emergencia para aumentar sus precios de manera injustificada pueden recibir una pena de 3 y 10 años de prisión, así como multas que van de los 200 y 10.000 días.

José Elías Lixa también hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar los precios y endurecer sus procedimientos con el objeto de castigar a quienes se aprovechan de las personas y las familias más vulnerables en momentos de emergencia.

Cortesía de Sputnik

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