Niñas desplazadas y casa inhabitable: Aguas San Isidro incumple fallo que ordenó descontaminar en 30 días

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió en noviembre de 2025 un recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez a favor de las hermanas J.I.C.B. y E.A.C.B., de 1 y 14 años respectivamente, tras constatar que la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. vulneró sus derechos a la vida, integridad física y a un medioambiente libre de contaminación.

El fallo, al que tuvo acceso El Ciudadano, es categórico: ordena a la empresa, en un plazo perentorio de 30 días hábiles, “contratar a través de una empresa externa especializada las labores de desinfección, descontaminación e higienización integral” de la vivienda de la familia Cubillos Blanco en Labranza, comuna de Temuco, Región de La Araucanía, asegurando “condiciones efectivas de habitabilidad”. Ese plazo se cumplió y, según el testimonio del afectado Víctor Cubillos, la empresa no cumplió con las medidas ordenadas por el tribunal de alzada.

“Ese plazo ya se cumplió y la empresa no ha hecho nada. La casa que fue infectada con el químico sigue inhabitable y seguimos desplazados, pese a existir una sentencia judicial vigente”, declaró en conversación con este medio.

El origen del calvario se remonta al 21 de noviembre de 2024, cuando técnicos de Aguas San Isidro, ante recurrentes malos olores, aplicaron de manera directa y fuera de protocolo un compuesto químico –identificado en informes posteriores de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) como hipoclorito de calcio al 65%– en la cámara de alcantarillado de la vivienda. La ficha de seguridad de este producto advierte de riesgos graves para las vías respiratorias, mucosas y piel humana.

La reacción fue inmediata. La familia comenzó a sufrir ardor en ojos y garganta, dificultad para respirar y lesiones en la piel. Tuvieron que abandonar su hogar de urgencia. Todos sus enseres –ropa, muebles, recuerdos– quedaron contaminados. “Todo es caliente en nuestra casa… Tú sientes como la sensación de vidrio en la cara”, relató Doris Blanco, madre de las niñas, tal y como consignó un artículo publicado por este medio en junio pasado.

Niñas desplazadas y casa inhabitable

Según se expone en el recuso que acogió el tribunal de alzada, a mediados de 2024 la familia Cubillos Blanco experimentó un fuerte olor a gas en su cocina y baño, por lo que llamaron al respectivo Cuerpo de Bomberos. Esta entidad descartó una fuga de gas y determinó que se trataba de gases provenientes del lavaplatos y lavamanos, es decir, del sistema de alcantarillado. A raíz de esto, la lactante J.I.C.B., en ese entonces de meses, sufrió vómitos reiterados por cinco días.

Luego el 14 de julio de 2024, ambas niñas fueron atendidas en urgencias. Los exámenes de J.I.C.B. arrojaron niveles de carboxihemoglobina (monóxido de carbono) en la sangre sobre el rango normal, mientras que E.A.C.B. de 14 años fue diagnosticada con una infección respiratoria aguda.

Por ello, se vieron obligados a abandonar su hogar durante un mes, y la empresa sanitaria instaló una cámara de unión domiciliaria que, según se constató, no tenía salida de aire y no solucionó el problema.

Pasados alrededor de cuatro meses, entre el 19 y 20 de noviembre de 2024, ante la persistencia de malos olores, la familia volvió a reclamar. Por lo tanto, personal de Aguas San Isidro concurrió al domicilio y, para mitigar los olores, aplicó cloro (hipoclorito de calcio al 65%) en grandes cantidades en la cámara de alcantarillado del antejardín y la cerró. Instantes después, toda la familia comenzó a sentir picazón y enrojecimiento en ojos, nariz y cuerpo, debiendo abandonar su domicilio esa misma tarde.

El químico tóxico impregnó todos los enseres de la vivienda (ropa, comida, utensilios, etc.), volviéndolos inutilizables.

El 25 de noviembre de 2024, Bomberos confirmó que los malestares se debían a la exposición al cloro. La familia acudió al SAR de Labranza, donde se les exigió hacer una denuncia en Carabineros antes de ser atendidos. Sin embargo, en dicho recinto hospitalario, a pesar de la inhalación de cloro, la lactante J.I.C.B. fue diagnosticada «sin lesiones», mientras que su madre Doris Blanco, fue diagnosticada con «lesiones leves».

Pese a ello, en los días siguientes la sintomatología se intensificó, Doris fue llevada a diversos centros, En primer lugar al Hospital Imperial (26 noviembre), en donde se le diagnosticó asma; luego acudió al Centro Médico ARTZ (29 noviembre), en donde un médico certificó «síntomas compatibles con intoxicación por cloro».

El1 de diciembre la familia se dirigió llegó hasta el Hospital Imperial, lugar en donde las niñas fueron llevadas por «intoxicación con cloro»; E.A.C.B. fue diagnosticada con «dermatitis alérgica» y J.I.C.B. nuevamente como «sana».

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Mientras que su madre debió ingresar ese mismo día a la Clínica Alemana, donde fue diagnosticada con «reacción adversa a compuesto químico cloro».

Finalmente, el día 6 de diciembre de 2024 la pequeña J.I.C.B. de tan solo un año de edad debió ser llevada el 6 de diciembre de 2024 a la Clínica Dávila donde se le diagnosticó que sufría una «intoxicación por inhalación de hipoclorito de calcio» y presentaba un cuadro de «rinitis alérgica».

A la par, desade más de un año el domicilio se mantiene contaminado, por lo que la familia tuvo que arrendar en otra comuna, perdiendo su fuente de trabajo (negocio de pastelería) e ingresos.

La adolescente E.A.C.B. tuvo que cambiar de establecimiento educacional y junto con su hermana continúa con tratamiento médico.

Además, la familia, perteneciente al pueblo originario mapuche, sufrió la pérdida de la placenta de la lactante guardada en el domicilio para ser ritualizada, causando un grave daño cultural y psíquico.

También se ha certificado daño psicológico en la niña E.A.C.B. y su padre, por la pérdida de su hogar y vínculos, quienes han experimentado cuadros de depresión y sensación de indefensión.

Abandono institucional: un patrón repetido

El fallo de la Corte no solo es contundente con la empresa sanitaria, sino que también critica la inacción de los organismos del Estado encargados de la protección sanitaria. El tribunal ordena a la Seremi de Salud de La Araucanía y a la SISS actuar de manera “coordinada, articulada y complementaria” para fiscalizar el cumplimiento de la sentencia y otorgar un “visto bueno sanitario de habitabilidad”.

Sin embargo, según Víctor Cubillos, ese mandato judicial tampoco se ha cumplido. El abandono por parte de estas instituciones, denuncia, es anterior a la sentencia y se ha mantenido.

“El recurso de protección también es en contra de instituciones del Estado, porque en el fondo el Seremi de Salud y la SISS no se han hecho parte de este caso”, afirmó el vecino de Labranza.

“Lo único que hizo la SISS el año pasado fue hacer una investigación exponiendo a una trabajadora dentro de la casa, que resultó también con secuelas de intoxicación, pero después de ese documento no hizo nada más. No hizo nada más, no hubo un acompañamiento”, explicó.

Así lo confirmó el recurso de protección, en el cual se señala que a Superintendencia respondió a un oficio de la Defensoría de la Niñez e informó que los fiscalizadores constataron «deficiencias en su infraestructura sanitaria» el 27 de noviembre de 2024. Así como que Aguas San Isidro admitió haber usado hipoclorito de calcio al 65% en «cantidad no determinada», recalcando que dicho producto no está indicado para redes de alcantarillado, adjuntando hoja de seguridad que detalla sus peligros (irritación severa, daño a mucosas, quemaduras, enfermedad pulmonar crónica).

Adicionalmente, el 9 de diciembre de 2024, fiscalizadores de la SISS visitaron el inmueble, constataron la presencia de gránulos del químico y experimentaron picazón en garganta, nariz y ojos a los 15 minutos. .

Con relación a la actuación de la Seremi de Salud Cubillos planteó que «ellos debieron haber hecho un seguimiento todo el año, incluyendo controles médicos para estar pendientes de que nosotros estuviésemos bien».

«Entonces realmente hemos sido vulnerados por la empresa y también hemos sido vulnerados por el Estado en este caso», enfatizó.

Según el recurso de protección, la institución pese a haber sido informada (incluso directamente a su directivo, Andrés Cuyul) y a recibir dos oficios de la Defensoría de la Niñez, en abril y mayo de 2025, no ha entregado respuesta ni ha realizado acciones para atender y abordar este caso.

Fiscalía archiva causa por “falta de pruebas” pese a múltiples evidencias

En un giro que la familia califica de “absurdo”, la Fiscalía Regional cerró en diciembre una causa investigativa por el hecho, argumentando falta de pruebas. Esto, a pesar aportaron decenas de documentos médicos, fotos, informes, conversaciones (telefónicas) y evidencias de que el químico contaminante sigue presente físicamente en la propiedad.

“Nosotros a la Fiscalía le mandamos, sin mentirte, alrededor como de 50 o 60 documento y la Fiscalía, ahora en diciembre cerró la causa por falta de pruebas”, acusó Cubillos.

“Algo que es totalmente absurdo, porque nosotros llevamos con la prueba evidente, que es el químico, llevamos más de un año con eso ahí tirado en la casa. Entonces es absurdo que digan que hay falta de pruebas, siendo que es cosa que vayan a investigar, y ahí verían qué químico es, cuál es la cantidad, y podrían hacer todas las pericias. De hecho, supimos que estaba cerrada porque Doris se dirigió a Fiscalía, y llevó como prueba el recurso de protección», apuntó.

Respuesta de Aguas San Isidro: ofertas irrisorias y limpieza insuficiente

Pese a la grave afectación que sufrió esta familia de Labranza, Aguas San Isidro no les entregó un informe o una explicación sobre las causas o detalles del producto químico colocado en la cámara de alcantarillado de su casa y que habría sido la causa de la intoxicación que sufrieron.

Frente a la orden judicial de limpieza, la actitud dela empresa según el relato de los afectados, ha sido de evasión y desentendimiento.

Respecto a la descontaminación, Cubillos señaló que hace una semana y media una persona vinculada a una compañía de fumigación los contactó para coordinar una limpieza, pero el plan descrito dista mucho de la “descontaminación integral” que exige el fallo.

“Realmente no es como una limpieza profunda, sino es como una especie de fumigación lo que ellos van a hacer. Ir a cortar el pasto, echar químicos para las cucarachas”, explicó. “La empresa quiere ir a hacer la limpieza, pero no están comprometidos a sacar el químico que está en nuestra cámara. Entonces, mientras no se saque ese químico, aunque hagan la limpieza que quieran dentro de la casa, se va a volver a intoxicar obviamente”, sostuvo.

Cubillos confirmó que no han recibido indemnización alguna de la empresa: “Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera una llamada”, señaló.

La empresa, además, se ha negado a indemnizarlos adecuadamente. Hace unos meses atrás, por medio de su abogado, les ofrecieron un compensación de $10 millones, cantidad que, descontando honorarios legales, se reducía a $8 millones, insuficiente para cubrir todos los enseres dañados.

Defensoría prepara acciones por incumplimiento

Ante el vencimiento del plazo para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte de Apelaciones, El Ciudadano consultó a Víctor Cubillos sobre las acciones legales siguientes.

“Según lo que nos explicaba el abogado de la Defensoría de la Niñez, es que ellos tienen que ingresar un documento a través de la misma corte, por incumplimiento (…) De ahí ya tendría que ver qué hace la Corte de Apelaciones con la empresa, si le exige nuevamente, o le va a aplicar, o cómo serían las sanciones que ellos le pondrían en este caso a la empresa, porque no están cumpliendo lo que ellos están ordenando”, indicó.

La sentencia de la Corte de Apelaciones es clara en sus fundamentos: el actuar de la empresa fue ilegal y arbitrario, al usar un producto no autorizado y fuera de norma, y su omisión posterior en reparar el daño configura una “ausencia total de razonabilidad” y una vulneración continuada de los derechos de las niñas, sujetas a una “protección reforzada”.

Mientras Aguas San Isidro incurre en desacato, la familia Cubillos Blanco continúa enfrentando la crisis: desplazada, con sus pertenencias perdidas, lidiando con secuelas de salud y con la sensación de un abandono generalizado.

“Lo que nosotros esperamos realmente es que se haga justicia y se busque también a los responsables”, afirmó Víctor Cubillos.

“Aquí se pueden ver las falencia que tiene el Estado en general porque este tipo de abandono a los ciudadanos no debiese existir, Nosotros nos hemos comunicado con muchas personas, con gente que ejerce cargos públicos. Por ejemplo, lo ha sabido el alcalde, lo han sabido diputados, lo ha sabido el delegado presidencial de la región y realmente han hecho como oídos sordos Lo mismo ha pasado con instituciones, como la Seremi de Salud y la SISS, entonces lo que se necesita es gente que realmente esté capacitada y que se preocupe realmente por la ciudadanía», sostuvo.

El caso judicial sigue su curso, pero el hogar de dos niñas en Labranza sigue envenenado, y el reloj de la justicia, por ahora, parece haberse detenido para ellas.