“No estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel”: senador Flores ante proyecto de beneficios penales

Con el reinicio de las actividades legislativas, el Senado se aboca a la discusión de uno de las iniciativas más polémicas del período, se trata del proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.

Presentada por parlamentarios de Chile Vamos y con el visto bueno inicial de la Comisión de Derechos Humanos, la propuesta ha desatado un firme rechazo del Ejecutivo y de senadores oficialistas, quienes advierten que, de aprobarse en sus términos actuales, podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos sexuales contra menores.

El proyecto de ley establece la posibilidad de cancelar la pena o cumplirla bajo reclusión domiciliaria total para condenados que padezcan enfermedades graves o que sean mayores de 80 años. Sin embargo, la falta de una exclusión expresa para quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes sexuales graves es el núcleo de la controversia.

Este martes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó su rechazo y sostuvo que la iniciativa “establece que criminales que han cometido delitos graves eventualmente puedan tener todo tipo de beneficio”, sin realizar distinciones para casos de lesa humanidad o agresiones sexuales a menores.

“Nos parece que es un precedente especialmente grave”, afirmó, al tiempo que ratificó que la administración del presidente Gabriel Boric mantiene la postura de que “quien en Chile delinque, tiene que responder ante la justicia y su lugar es estar tras las rejas“.

Desde la cartera de Seguridad Pública, el ministro Luis Cordero recordó que propuestas similares ya han sido rechazadas por la Sala del Senado tal y como ocurrió en el año 2024.

Señaló que La Moneda tienen una “opinión muy clara sobre este punto”, tomando en consideración existen “razones constitucionales y legales” para oponerse a la norma.

En sus declaraciones recogidas por Diario U. de Chile el secretario de Estado Cordero extendió un llamado a esperar la decisión de la Cámara Alta, dejando en claro que la normativa al no establecer distinciones, “beneficia a un grupo importante de personas que van más allá de los delitos de lesa humanidad”.

Flores: “No estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel”

La discusión trasciende el ámbito legal y se instala en un símbolo: el ex Penal de Punta Peuco, ahora llamado Centro Penitenciario de Til-Til tras su transformación en un recinto común por orden del Presidente Gabriel Boric. Es allí donde cumplen condena varios ex agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes podrían beneficiarse por el proyecto de ley que busca modificar el régimen de cumplimiento de penas para adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad grave,

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, puso el acento en este punto, argumentando que el beneficio, en la práctica, no es para cualquier reo enfermo o octogenario, sino que afectaría principalmente a un grupo específico recluido en ese establecimiento.

Al respecto el parlamentario declaró de forma tajante: “No estoy disponible para que personas como Krassnoff salgan de la cárcel”.

La referencia es directa a Miguel Krassnoff Martchenko, ex miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien acumula más de 80 condenas por secuestro calificado, homicidio y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La suma de sus penas asciende a cerca de mil años de prisión.

En los últimos días de 2025, la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó sentencia de primera instancia y condenó al exbrigadier del Ejército a 15 años de presidio como autor del delito de secuestro calificado del estudiante de la Universidad de Chile Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, detenido el 10 de agosto de 1974 y hasta hoy desaparecido.

Cabe señalar que Krassnoff, conocido como “El ruso”, nunca ha reconocido su participación en los crímenes cometidos bajo el mando de la DINA. Pese a las condenas reiteradas, sigue siendo un símbolo vivo de la represión sistemática ejercida durante la dictadura.