Operación Apocalipsis: CDE se querella contra 42 gendarmes y 35 civiles por red de corrupción penitenciaria

En un hecho sin precedentes en la historia del sistema penitenciario chileno, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra 77 personas –42 funcionarios de Gendarmería de Chile y 35 civiles– por su presunta participación en una extensa y sistemática red de corrupción al interior de dos recintos carcelarios de la Región Metropolitana. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, marca un hito en la respuesta institucional del Estado frente a la grave crisis de integridad que salió a la luz por la denominada “Operación Apocalipsis”.

La querella, que busca reparar el grave daño patrimonial y moral causado al Estado de Chile, se fundamenta en los delitos de cohecho y soborno, pero advierte que en el curso de la investigación podrían acreditarse otros ilícitos de mayor complejidad, como asociación ilícita (o criminal), lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Según el documento legal presentado por el CDE, la red operó principalmente en los recintos Penitenciario Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. La querella establece con claridad el patrón delictual: “se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería (…) quienes habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (…) para permitir el ingreso de personas no autorizadas”.

El texto es aún más específico al detallar las consecuencias de esta intervención ilegal: “la introducción y circulación de especies ilícitas”, entre las que se cuentan teléfonos celulares y drogas, facilitadas mediante “coordinaciones entre internos, terceros y funcionarios”, consignó El Mostrador.

Operación Apocalipsis: Golpe al corazón de Gendarmería

Esta acción civil del Estado se enmarca y complementa el masivo operativo policial y judicial desplegado la semana pasada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI. Dicho operativo, uno de los más grandes en la historia de Gendarmería, resultó en la detención de 66 personas, de las cuales 44 son funcionarios penitenciarios en activo.

La acción se basó en una pesquisa, que se extendió por al menos ocho meses y abarca ilícitos entre 2023 y 2025, dejando a la luz una red de corrupción sistémica en el corazón del supuestamente más seguro penal del país, la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1.

Las investigaciones, que incluyeron escuchas telefónicas, instalación de cámaras ocultas, seguimientos y análisis patrimonial, detallan la existencia de un activo mercado ilegal dentro de la cárcel, conocido por los internos como “la feria”. Según información a la que accedió CIPER y que forma parte de la causa, los gendarmes ofrecían un “catálogo” de servicios con tarifas establecidas:

-Ingreso de personas indocumentadas: $60.000.

-Uso del baño para relaciones sexuales: $15.000.

-Cambio de módulo: $100.000.

-Un kilo de carne tipo huachalomo: $60.000.

-Teléfono celular: $350.000 a $400.000.

-Cargador de celular: $50.000.

-Chip telefónico: $15.000.

El negocio incluía modalidades como el “rescate” –la reventa a los reclusos de objetos previamente decomisados por los propios gendarmes– y el “delivery”, donde funcionarios compraban en el exterior productos encargados por los internos, incluyendo drogas, para ingresarlos ocultos. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas personales o de testaferros, habiéndose identificado a al menos nueve gendarmes en el “rescate” y a siete parejas de funcionarios como presuntos testaferros.

$60.000 por evadir controles biométricos

Uno de los hallazgos visuales más impactantes de la investigación son imágenes que muestran a personal de Gendarmería permitiendo el ingreso de personas sin documentación a la CAS Santiago 1, burlando todos los protocolos, incluido el registro biométrico de huella dactilar.

Fuentes cercanas a la pesquisa describieron a CIPER el procedimiento: “Lo que se ve en esas imágenes es a personal de Gendarmería simulando realizar el protocolo que se debe ejecutar en estos casos: verificar los documentos de identidad de quien pide ingresar, revisar si se encuentra enrolado entre las personas autorizadas para hacer visitas a internos y tomar su huella para que quede registro de su acceso”.

El actuar de los funcionarios, conscientes de las cámaras de vigilancia, fue calificado como una “verdadera pantomima”: “hacen una verdadera pantomima, mueven brazos y manos, actuando como si efectivamente revisaran una cédula de identidad y registraran una huella”. Esta maniobra tenía un precio fijo: $60.000 por visita indocumentada.

El daño de esta práctica es considerado incalculable. Las mismas fuentes señalan que “es imposible determinar quiénes ingresaron de esta forma para reunirse con miembros de organizaciones criminales que están en prisión preventiva -incluidos líderes del Tren de Aragua-, los que pudieron usar esta vía para transmitir instrucciones al exterior y dirigir delitos como secuestros, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas y extorsiones”.

En concreto, la lista de funcionarios investigados es la siguiente:

1. Luis Rodrigo Santana Gutiérrez
2. Rubén Alejandro Zúñiga Burgos
3. Carlos Ricardo Marín Hueche
4. José Hernán Cisternas Pino
5. Eduardo Alfredo Espinosa Ramos
6. Fernando Andrés Morales Retamal
7. Miguel Ángel Tejo Atenas
8. Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña
9. Ricardo Antonio Riveros Matus
10. Boris Francisco Rodríguez Osses
11. Humberto Darío Sandoval León
12. Ariel Sebastián Mallea Alvarado
13. Aaron Octavio Hernández Martínez
14. Richard Andrés Medel Alvear
15. Fernando Maunes Chamorro Morales
16. Joel Alejandro Lagos Olivares
17. Stefania Fernanda San Martín Rivera
18. Sergio Reinaldo Zúñiga Briones
19. Bárbara Natalia Yévenes Vásquez
20. Pedro Francisco Malverde Rodríguez
21. Marcelo Pinilla Aroca
22. Ignacio Araneda Muñoz
23. Moisés Contreras Contreras
24. Luis Ruiz González
25. Elvis Astudillo Hormazábal
26. Julio César Henríquez Villalobos
27. Cristian Alexis Valenzuela Quezada
28. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez
29. Leandro Antonio Díaz Sanhueza
30. Luis Gastón Bravo Piggati
31. Guillermo Andrés Velozo Díaz
32. Adolfo Antonio Jiménez Sierra
33. Nicolás Armando Ayala Chamorro
34. Fernando Antonio Uribe Martínez
35. Iván Andrés Ramírez Ramírez
36. Felipe Eduardo Chávez Olivares
37. Misael Felipe Castro 
38. Juan Francisco Neculman Flores
39. Claudio Alejandro Vivieros Ñanco
40. Óscar Alejandro Marimán Caniupán
41. Pedro Hernán Huechupan Cárdenas
42. CIPER indicó no pudo constatar la identidad de uno de los funcionarios. 

Formalización en curso

Paralelamente a la presentación de la querella del CDE, este viernes dio inicio en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago la extensa audiencia de control de detención y formalización en contra de los gendarmes aprehendidos. Debido al alto número de imputados, se estima que el proceso se extenderá por varias jornadas, posiblemente hasta inicios de la próxima semana.

El camino judicial recién comienza. Tras la formalización, los imputados quedarán sujetos a las medidas cautelares que el tribunal determine, que podrían incluir prisión preventiva. La investigación de la Fiscalía, ahora potenciada por la acción del CDE, buscará desentrañar por completo la red, sus cabecillas, los montos de dinero movilizados y el destino final de los fondos ilícitos.