Organizaciones del Patrimonio exigen participación ciudadana vinculante e indicación sustitutiva en proyecto de Ley de Patrimonio

Más de 80 organizaciones de todo el país, que conforman el Frente del Patrimonio, exigen en una declaración pública que se garantice un proceso de participación ciudadana vinculante e indicación sustitutiva en el proyecto de Ley de Patrimonio.

En el texto, «hacen un llamado de alerta a las autoridades del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para que los dos procesos de consulta, ciudadana e indígena, previas a la construcción participativa del nuevo proyecto de ley de los Patrimonios, (modificación de la ley 17.288), se realicen con plena legitimidad social y ciudadana, con la más amplia participación democrática de la ciudadanía, de las comunidades, Pueblos Indígenas y Afrodescendiente, y que sea vinculante con los contenidos del nuevo proyecto».

«Las organizaciones que hemos trabajado y luchado por un nuevo proyecto de Ley de los Patrimonios, que proteja y promueva los patrimonios de las comunidades y pueblos, creemos que deben existir condiciones y garantías para que el compromiso gubernamental se cumpla en función de los objetivos declarados y comprometidos», destacan.

Asimismo, señalan que La Ley 17.288 de Monumentos Nacionales ha sido un gran apoyo a comunidades, que en todo el país han logrado un primer paso de protección, a través de declaratorias, en alguna de las cinco categorías que contempla la Ley, generando el inicio del resguardo de herencias, frente a la destrucción de los patrimonios, provocada por los grandes poderes económicos, la desidia y la ignorancia.

Sin embargo, reiteran que dicho instrumento requiere cambios en temas ya expresados por las comunidades en distintas instancias y que el proceso democrático de participación debe recoger, solucionando las problemáticas que actualmente contiene, como lo son: cambio del nombre de la ley de monumentos y sus organismos por Ley de Patrimonios, ampliar las categorías de protección, avanzar en la descentralización efectiva de la gestión, ampliar mecanismos de fiscalización y sanción efectiva a la destrucción de los patrimonios; y mecanismos de apoyo a las comunidades que viven en zonas típicas, entornos de monumentos históricos, de sitios de memoria, de santuarios de la naturaleza y sitios arqueológicos.

Igualmente, consideran que el nuevo texto requiere de una institucionalidad pública descentralizada, regionalizada y desconcentrada, que consagre la soberanía representativa de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y que esté dotada de una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, especialmente en regiones, con planta y asignación de fiscalización, mejorando las condiciones laborales de las y los funcionarios.

Para lograr lo anterior, plantean estos requerimientos:

1. La Consulta de Participación Ciudadana debe realizarse en todas las regiones y territorios. Enfrentar el proceso presencial en nueve regiones es un error y una discriminación a las comunidades y sus patrimonios locales. La propuesta de dos meses para el desarrollo de este proceso es totalmente insuficiente.
2. La Consulta Indígena debe ser previa e informada, realizarse bajo el estándar de la jurisprudencia internacional y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, y que se encuentra vigente. Deben ser los Pueblos Indígenas quienes determinen el tiempo y las metodologías para su implementación.
3. La extensión de tiempo de ambas consultas debe permitir que el universo ciudadano de organizaciones, comunidades y pueblos participe ampliamente y con la profundidad que exige esta ley, que éstas no estén sometidas al arbitrio tecnocrático de metodologías preestablecidas o estándares que no responden a la realidad del mundo del patrimonio. 

«El Gobierno debe cumplir su palabra para que una vez terminados estos procesos de participación se elabore el nuevo texto para el proyecto de ley, que incorpore los acuerdos generados en ambas consultas, Ciudadana e Indígena y se ingrese vía indicación sustitutiva para su tramitación», agregan.

Finalmente, llaman a la Ciudadanía interesada, a todos los Pueblos Indígenas, al Pueblo Tribal Afrodescendiente, vinculados con los Patrimonios, a participar y desarrollar un proceso amplio y decidido en todas las regiones y territorios.

Aquí puedes conocer la Declaración completa.

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