Organizaciones presentan recurso de protección por uso de drones de vigilancia

Este 22 de mayo representantes de la organización Derechos Digitales y Fundación Datos Protegidos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para resguardar la vida privada y derechos humanos de los drones de vigilancia usados en la comuna de Las Condes

La medida busca que judicialmente se detenga el funcionamiento del sistema de vigilancia implementado por el alcalde Joaquín Lavín por vulnerar la privacidad y otros derechos constitucionales tanto de los habitantes como visitantes de la comuna.

María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, declaró: «El uso de drones de vigilancia viola los derechos de los habitantes, a quienes se supone busca proteger. La seguridad pública es de vital importancia pero una medida efectiva es aquella respetuosa de la privacidad. Lo contrario es un estado de vigilancia impropio de sociedades democráticas como la nuestra».

Gran Hermano

Los drones, equipados con cámaras de alto alcance, comenzaron a sobrevolar la comuna a fines de abril, momento en que comenzó un programa piloto de vigilancia comunal desarrollado sin mecanismos de transparencia ni de información a la comunidad acerca de sus riesgos.

«Es importante que la ciudadanía no normalice la vigilancia. Si bien el problema de la delincuencia es grave, no somos las personas las llamadas a asumir esa responsabilidad, sobretodo si ello implica la vulneración de nuestros derechos constitucionales. Además, sabemos que las ciudades más vigiladas no son necesariamente las más seguras; pero sí que este es un negocio que se está expandiendo en Chile, a costa de recursos públicos”, agregó Romina Garrido, directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos.

Dada su capacidad técnica- pueden visualizar todo movimiento en un radio de 1.37 kilómetros cuadrados, lo que incluye el estigmatizado sector Colón 9000 -el uso de estos drones perjudica el ejercicio del derecho constitucional a la privacidad. A su vez, desincentiva fuertemente las manifestaciones públicas, afectando el derecho de los vecinos a expresarse y reunirse libremente.

Además, con un peso que bordea los 10 kilos, los aparatos exceden el límite establecido por la Dirección General de Aeronáutica Civil, incrementando el peligro de daño físico a los vecinos, sus mascotas o sus bienes en caso de una caída.

Una vez interpuesto el recurso de protección, será la Corte de Apelaciones la llamada a pronunciarse respecto a la violación de derechos denunciada, proceso que se extenderá durante los próximos meses.