Poder Judicial: ministra de la Suprema formula cargos contra tres jefes por presuntos servicios remunerados vinculados a sus funciones

Una grave investigación tiene en la mira a tres altos jefes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Harboe, decidió formular cargos formales contra los funcionarios, a quienes acusa de haber ofrecido servicios profesionales remunerados, tanto directamente como a través de una sociedad, presuntamente vinculados a las funciones institucionales que desempeñan.

Los investigados son Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI); Esteban Paiva Jara, jefe del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.

Según el sumario administrativo al que tuvo acceso El Mostrador, los servicios habrían sido ofrecidos entre los años 2024 y 2025.

El corazón de la acusación, detallado en la resolución de la ministra Gajardo, radica en que dichos servicios estarían “relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ”.

La sospecha del máximo tribunal es que los funcionarios pudieron haber utilizado conocimientos, información o desarrollos obtenidos en el ejercicio de sus labores públicas para posteriormente comercializarlos de forma privada.

Según el sumario los tres profesionales habrían sido contratados por la República Dominicana. Además, se identificó que también habrían ofrecido servicios en Argentina y Chile por medio de la sociedad Innovectio SpA, de la cual serían socios.

Ante la gravedad de estos hallazgos, la ministra Gajardo no solo avanzó en el proceso disciplinario interno, sino que además estimó que los hechos investigados podrían constituir el delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 247 bis del Código Penal. En consecuencia, remitió de oficio todos los antecedentes al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que evalúe el inicio de una investigación penal.

El origen: una denuncia anónima y una sesión extraordinaria

De acuerdo con la información oficial recabada por el medio citado, el caso se originó tras una denuncia anónima ingresada el 20 de octubre de 2024 a través del canal interno de denuncias del Poder Judicial. La alerta fue tomada con tal nivel de preocupación que, apenas dos días después, el 22 de octubre, el caso fue expuesto en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial.

Fue este organismo el que, por la “gravedad e importancia de los hechos”, resolvió instruir la investigación disciplinaria y, considerando la eventual repercusión internacional y el alto rango de los involucrados (jefaturas de la corporación), decidió derivar la indagatoria a una ministra de la Corte Suprema, recayendo la responsabilidad en la ministra Gajardo Harboe.

La defensa de los funcionarios investigados

Consultados por El Mostrador, los tres funcionarios involucrados confirmaron, a través de una declaración conjunta, que se encuentran actualmente ejerciendo sus descargos dentro del proceso administrativo, tal como lo garantiza el procedimiento.

Sin embargo, manifestaron su malestar por la filtración de los antecedentes del sumario a la prensa, argumentando que esta acción “dañan la honra y afectan el principio de inocencia”. Respecto a los cargos específicos, se limitaron a señalar que no pueden entregar versiones detalladas en esta etapa, apelando al carácter reservado del proceso.

“No podemos contestarlas con información veraz, ya que respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento. Sin embargo, enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa. No hemos vulnerado norma alguna”, indicaron los investigados.

Este sumario se produce en un contexto sensible para la CAPJ y el Poder Judicial, organismo que en los últimos años ha enfrentado críticas y controversias relacionadas con la transparencia y el uso de recursos. La investigación pone bajo el foco el desarrollo y comercialización de sistemas tecnológicos y de modernización judicial, áreas donde la CAPJ ha realizado importantes inversiones y que, aparentemente, serían el núcleo de los servicios privados investigados.