En el ex Congreso Nacional

Polémico final de la Comisión Investigadora del Sename

Con la omisión de graves denuncias y de los nombres de las autoridades responsables de irregularidades e ilícitos, se dio fin a la investigación desde la Cámara de Diputados acerca de los sucesos al interior del Servicio Nacional de Menores.

Por Gabriel Muñoz

19/06/2017

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Con un deslavado informe este lunes 19 de junio culminó en Santiago el trabajo de la Comisión Investigadora de SENAME elaborado por un grupo de diputados durante un año.

Lamentablemente, en la redacción final del resumen del trabajo legislativo se omitieron hechos y los nombres de las directoras del organismo, Marcela Labraña y Solange Huerta, así como las de los titulares de la cartera de Justicia, José Antonio Gómez y Javiera Blanco, responsables por omisión y negligencia de la muerte de, al menos, 1300 niños, niñas y adolescentes.

“Este informe no representa la realidad investigada ni el trabajo de la comisión”, señaló el diputado Nicolás Monckeberg (RN)

Exclusión antojadiza

Bastante molesto se mostró el diputado René Saffirio (IND) por el desenlace del equipo de trabajo que integró. Una vez finalizada la sesión, acusó que todos los partidos presentes en la comisión habían excluido evidentes responsabilidades políticas, tanto en el caso de los directores de SENAME como en las personalidades a cargo del Ministerio de Justicia.

Asimismo, acusó a los partidos de oposición de defender los intereses financieros de los organismos colaboradores de SENAME (OCAS). “ En conjunto con los partidos de la Nueva Mayoría, han propuesto tres puntos que permiten el aumento de los recursos de las instituciones colaboradoras del SENAME, las mismas que ocultaron por décadas los abusos y muertes. Por último, se negaron a que la Presidenta Bachelet pidiera perdón las familias y víctimas de las violaciones a los derechos humanos , no obstante su condición de jefa de estado”, señaló el parlamentario.

Quien no quiso evadir la responsabilidad, en términos de reconocimiento a las violaciones de derechos humanos cometidos por un organismo del Estado, fue el diputado y presidente de la comisión, Ramón Farías (PPD), quien pidió perdón a las víctimas y sus familiares. Si bien expresó que durante el largo trabajo se produjo consenso en algunas temáticas, el resultado no dejó contento a todos sus integrantes.

El diputado Farías reprochó a su vez a la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco, que estando en conocimiento de los hechos, no haya trabajado diligentemente a fin de poder esclarecer, por ejemplo, las cifras de niños fallecidos. Criticó también la falta de sistematización en torno al número y estado de los niños fallecidos dentro de los organismos colaboradores, explicando que si bien “ la muerte de Lissette fue un llamado de alerta brutal de que algo ocurría más allá de lo que estábamos viendo, ésta marcó un énfasis en el sentido de profundizar y abrir el panorama respecto de lo que estaba ocurriendo dentro de los organismos colaboradores. El Estado, a través del Ministerio de Justicia, debe hacer los sumarios y allí se verán las responsabilidades.”

Por su parte, Camila Vallejo (PC) marcó la pauta en momentos de discusión, al proponer un texto que aludía directamente a la actual integrante del Consejo de Defensa del Estado. En éste, aludía que sus acciones y reacciones respecto a los trágicos hechos ocurridos bajo su dirección ministerial debieron cumplir un estándar más elevado de diligencia, conforme a la gravedad de lo acontecido. “La reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión a reprochar seriamente la negligente gestión ministerial de la señora Javiera Blanco, ex ministra. Las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del SENAME”.

Si bien el informe propone una comisión de verdad, ésta excluye la reparación, por lo que es difícil  las víctimas o sus familiares podrán obtener alguna garantía o beneficio luego de sufrir los innombrables atropellos acaecidos ante la ceguera institucional y negligencia de los funcionarios a cargo de los miles de centros y recintos de resguardo y acogida de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en nuestro país.

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