DD.HH. para quienes los violaron: la derecha busca imponer un proyecto que vuelve a tensionar la memoria

La aprobación en general del proyecto que conmuta penas a condenados por DD.HH. no es un trámite legislativo más. Es, otra vez, la memoria entrando por la puerta grande al Congreso: ¿qué hace Chile —en 2026— con las condenas por crímenes de la dictadura? ¿se sostienen como una señal de justicia o se empiezan a relativizar bajo el argumento de “alternativas” y “humanidad”?

Con una votación estrechísima —23 votos a favor y 22 en contra— el Senado dio luz verde en general a la iniciativa  que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. En la práctica, el proyecto —presentado por senadores de derecha— permitiría sustituir la cárcel por modalidades como el arresto domiciliario en ciertos casos, abriendo la posibilidad de que condenados por violaciones a los derechos humanos accedan a beneficios.

En ese marco, la discusión no solo es jurídica: es política y es histórica. Porque cuando se trata de delitos cometidos desde el aparato represivo del Estado, lo que se discute no es únicamente una pena. Se discute el sentido del “nunca más” y la vigencia de una memoria que no ha sido reparada del todo.

La votación se concretó este miércoles, luego de que en la sesión del martes se solicitara aplazar el pronunciamiento para continuar el debate.

El factor Macaya y Bianchi

Pero la sesión no solo estuvo marcada por lo estrecho del resultado. En la Sala también se abrió un flanco político que terminó poniendo el foco sobre el senador Javier Macaya, cuyo voto a favor fue decisivo para que el proyecto avanzara.

En pleno debate, el senador Daniel Núñez pidió formalmente que Macaya se inhabilitara de participar en la votación, alegando un eventual conflicto de interés. El parlamentario sostuvo que, al tratarse de una iniciativa que puede habilitar beneficios asociados a criterios como la edad, era legítimo discutir si correspondía que Macaya votara en estas condiciones.

Núñez fue más allá y recordó que el padre del senador, Eduardo Macaya, fue condenado por delitos sexuales contra menores de edad. “Quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque, si este proyecto de ley se aprueba, su padre podría verse beneficiado”, señaló durante la sesión, invocando disposiciones del reglamento del Senado vinculadas a inhabilidades parlamentarias.

La derecha reaccionó con dureza. El senador Rojo Edwards calificó las palabras de Núñez como “lo más bajo” del debate parlamentario y defendió que el proyecto no tendría relación con la situación del padre de Macaya. Incluso pidió que la intervención del senador comunista fuera retirada del acta.

Con todo, la sesión siguió su curso y el proyecto se votó igual. El resultado —23 votos a favor y 22 en contra— dejó un dato político imposible de esquivar: el apoyo de Macaya inclinó la balanza, y la controversia por su participación se convirtió en parte del debate de fondo que hoy tensiona la tramitación.

A ese cuadro se sumó otro elemento que encendió los ánimos en el oficialismo: la ausencia del senador independiente Karim Bianchi al momento de la votación. Parlamentarios de centroizquierda acusaron que Bianchi estuvo gran parte del día en el Senado, pero cuando llegó la hora de pronunciarse simplemente no apareció, perdiéndose la posibilidad de empatar la votación y, con ello, bloquear el avance del proyecto.

En la centroizquierda la lectura fue todavía más dura. Sostienen que Bianchi —que en otras ocasiones ha trabajado con sectores progresistas y con la DC— se restó de votar por estar alineado con el acuerdo administrativo de la derecha en el Senado. En otras palabras: que el proyecto no solo avanzó por la ofensiva derechista, sino también por silencios y ausencias que, en una votación estrecha, terminan siendo un voto más.

La ofensiva política detrás del proyecto

El proyecto que conmuta penas a condenados por DD.HH. no aparece de manera aislada en el debate público. Durante años, sectores de la derecha han impulsado iniciativas que buscan modificar el régimen penitenciario de internos de avanzada edad, muchos de ellos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

En la práctica, esto vuelve a situar en el centro del debate al penal Punta Peuco, el recinto donde cumplen condena numerosos ex agentes del aparato represivo del régimen de Augusto Pinochet.

Para organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de víctimas, el avance de este tipo de proyectos representa algo más que un cambio legal. Lo interpretan como un intento de suavizar condenas obtenidas tras décadas de investigaciones judiciales y lucha por verdad y justicia.

La Agrupación de Ejecutados Políticos, por ejemplo, ha advertido que iniciativas de este tipo terminan abriendo la puerta a beneficios carcelarios para quienes cometieron crímenes de extrema gravedad durante la dictadura.

El rechazo desde el gobierno y las víctimas

El proyecto también ha enfrentado críticas desde el Ejecutivo y desde sectores del oficialismo.

Con la redacción actual —y ese es parte del problema— la iniciativa no distingue por tipo de delito. En otras palabras, el beneficio se construye por edad y condiciones de salud, y no por la gravedad del crimen. Por eso, desde el Gobierno han puesto sobre la mesa ejemplos con nombre y apellido de lo que podría ocurrir si avanza tal como está.

Uno de esos casos es Julio Pérez Silva, el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y a 18 años de cárcel por dos violaciones, quien por su edad y deterioro físico podría intentar acceder a la sustitución de pena.

Y no sería el único. También podría calificar María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada a presidio perpetuo por múltiples homicidios planificados. En la misma línea aparece Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, además de ser homicida reincidente. Si alcanza la edad exigida en los próximos años y acredita requisitos médicos, quedaría en condiciones de solicitar el beneficio. A esa lista se suma Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en más de cien causas por secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura, quien por edad y deterioro físico podría pedir la sustitución, al igual que buena parte de los internos del ex penal Punta Peuco.

Desde el Ministerio de Justicia se ha advertido que la iniciativa podría tener efectos complejos tanto en el sistema penitenciario como en la seguridad pública. El gobierno ha reiterado que la edad o las condiciones de salud de una persona condenada no pueden borrar la gravedad de los delitos cometidos, especialmente cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.

La senadora Fabiola Campillai también ha expresado su rechazo al proyecto, insistiendo en que las penas deben cumplirse considerando la magnitud de los crímenes cometidos.

Estas críticas reflejan una tensión de fondo: si el sistema penal debe aplicar criterios humanitarios generales o si, tratándose de violaciones a los derechos humanos, corresponde mantener estándares más estrictos por su gravedad histórica.

Un país que sigue discutiendo su pasado

La discusión sobre el proyecto que conmuta penas a condenados por DD.HH. vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la política chilena: qué lugar ocupan los crímenes de la dictadura en la democracia actual.

Para organizaciones de derechos humanos, permitir beneficios penitenciarios a quienes fueron condenados por estos delitos implica un retroceso en los avances logrados en materia de verdad y justicia.

Para otros sectores políticos, en cambio, el sistema penitenciario debe contemplar mecanismos que se apliquen a todas las personas privadas de libertad sin distinción.

Lo cierto es que el resultado de la votación dejó en evidencia que la discusión está lejos de cerrarse.

Tras la aprobación en general, ahora se abrió un plazo para presentar indicaciones al proyecto. La senadora Claudia Pascual solicitó habilitar esta etapa del debate legislativo, fijándose como plazo límite el lunes 16 de marzo a las 12:00 horas para ingresar modificaciones al texto.

Será en esa fase donde se definirá si el proyecto mantiene su alcance actual o si se introducen cambios que modifiquen su impacto.

Mientras tanto, la memoria vuelve a quedar en disputa: no como un acto simbólico, sino como una decisión concreta sobre si Chile sostiene el piso de justicia alcanzado o retrocede en nombre de una “salida alternativa” para quienes violaron los derechos humanos.