Reportan que exjuez Ulloa votó por Yáber para conservador mientras éste le depositaba $1 millón mensual

La votación de la Corte de Apelaciones de Santiago de marzo de 2022 para proveer el estratégico cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de la capital ha adquirido una nueva y grave dimensión a la luz de las actuales investigaciones por corrupción que envuelven al Poder Judicial, tras conocerse que el entonces ministro del tribunal, Antonio Ulloa, votó a favor de Sergio Yáber mientras recibía de este, de manera sostenida, depósitos mensuales de un millón de pesos.

El proceso, destinado a reemplazar al fallecido Juan Edmundo Rojas García, se llevó a cabo el 7 de marzo de 2022 a las 13:30 horas en una sesión del Tribunal Pleno. En esa oportunidad, Yáber, quien entonces se desempeñaba como conservador de Puente Alto y aspiraba al mejor remunerado cargo de Santiago, no logró integrar la terna final que se elevó al Presidente de la República –la que finalmente fue encabezada por Carlos Miranda–, pero sí obtuvo un apoyo significativo y hoy sospechoso.

Yáber pagó $74 millones en mensualidades a Ulloa

De acuerdo con el acta de la sesión, en la primera votación Sergio Yáber obtuvo ocho votos. Los ministros que apoyaron su candidatura fueron: Antonio Ulloa, Verónica Sabaj, Mario Rojas González, Fernando Carreño, Lilian Leyton, Elsa Barrientos, Tomás Gray y Érika Villegas (esta última en reemplazo de María Loreto Gutiérrez). El respaldo le permitió pasar a una segunda votación, aunque sin éxito final.

Dos de esos votos, los de los exministros Ulloa y Sabaj, están hoy bajo el escrutinio público. No obstante, es el caso de Ulloa el que presenta vínculos financieros documentados. Cabe recordar que según una investigación realizada por el medio digital Reportea para la fecha de esa votación, Yáber llevaba más de dos años realizando transferencias mensuales de un millón de pesos a la cuenta de Antonio Ulloa.

Las cartolas bancarias detallan transferencias mensuales que suman $74,8 millones, un antecedente que no fue considerado en el reciente sumario de la Corte Suprema ni en la acusación constitucional que destituyó a Ulloa.

Los pagos se iniciaron en febrero de 2019, apenas tres meses después de que Yáber asumiera el cargo, y se mantuvieron de manera ininterrumpida hasta 2025. Esta relación financiera se enmarca en una cercana amistad entre el suspendido conservador y el exmagistrado, que incluye viajes al extranjero y gestiones de Yáber para evitar la salida de Ulloa del Poder Judicial, según interceptaciones telefónicas.

Consultado por Reportea sobre la naturaleza y motivo de estos pagos, Antonio Ulloa optó por no entregar detalles, remitiendo su eventual versión a la fiscalía. “No tengo ningún comentario que hacer sobre este tema. Cualquier antecedente al respecto lo entregaré, si así se determina, ante la señora fiscal. Se me ha intentado vincular a través de la prensa en causas penales de alta connotación. En ninguna de ellas soy parte ni tengo relación. Yo ya he sido investigado y sancionado. Me he sometido y me seguiré sometiendo a la institucionalidad y confío en que finalmente se reconocerán los hechos tal y como acaecieron”, indicó.

Sergio Yáber, por su parte, no estuvo disponible para responder preguntas ni hacer comentarios.

La votación de 2022 no fue un evento aislado. Fuentes cercanas al proceso explicaron a BioBioChile que existía, paralelamente, un impulso político liderado por el senador Matías Walker –hoy también investigado por su relación con Yáber– para modificar la estructura del Conservador de Santiago y dividirlo en al menos cuatro áreas, una iniciativa que finalmente fue desechada.

Vínculos con la «trama bielorrrusa»

La cronología es el núcleo de la inquietud. Las transferencias, que en total habrían sumado más de 74 millones de pesos, se mantenían activas en el preciso momento en que Ulloa, en ejercicio de sus funciones como ministro de la Corte de Apelaciones, evaluaba y votaba por los candidatos al cargo. Ulloa tenía la potestad de influir directamente en la carrera de Yáber, quien llevaba más de dos años depositándole dinero.

Este hecho pone una lupa sobre la objetividad e imparcialidad del proceso de votación de 2022,. Además, la situación se enmarca en el contexto de la denominada «trama bielorrusa», investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Lagos por el supuesto pago de coimas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, por fallos que beneficiaron al consorcio Belaz Movitec en la contienda judicial con Codelco que obligaron a la estatal cuprífera a pagar $17 mil millones.

En este caso, Yáber ha sido identificado como un operador clave en presuntos pagos a parlamentarios y en gestiones para influir en la Corte Suprema, específicamente en causas relacionadas con el mismo Antonio Ulloa.

Tras levantar el secreto bancario de Yáber, se descubrieron pagos a Ulloa y a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, así como a otras figuras políticas, como el senador Matías Walker y el diputado republicano Cristián Araya por $1,7 millones, lo que ha motivado la apertura de nuevas indagatorias.

Mientras que Sergio Yáber permanece suspendido de su cargo por decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que abrió un sumario para investigar todos estos hechos; el exministro Ulloa está siendo formalmente investigado por el delito de tráfico de influencias por la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esta causa incluyó allanamientos en marzo pasado a su oficina en la Corte de Santiago y en el Tribunal Constitucional, donde se requisó el teléfono del ministro Héctor Mery, quien estuvo a cargo de la División Judicial del Ministerio de Justicia.