Una prolongada reunión se desarrolló el miércoles 27 de agosto en las dependencias de la Fiscalía Nacional, donde el equipo jurídico y social que hace seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Julia Chuñil Catricura, confrontó a la institución por lo que califican como una investigación viciada de sesgo clasista y racista que ha impedido, tras casi diez meses, encontrar a la dirigenta mapuche y defensora ambiental,e identificar a los responsables de su desaparición.
A la par, la abogada Mariela Santana, secretaria ejecutiva y coordinadora del equipo jurídico de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), presentó una petición de cambio de fiscal para la causa, y objetó la reciente participación en las diligencias investigativas de los fiscales de la Araucanía Alex Montecinos y Patricio Calfil, no calificados para el caso debido a su historial y desempeño anti-mapuche en otras causas.
La presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, desapareció el 8 de noviembre de 2024 en el predio forestal Reserva Cora 1-A, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Desde entonces, ha sido activada una intensa búsqueda que hasta el momento no ha podido dar respuestas concretas.
La adulta mayor era objeto de amenazas años antes de su desaparición, pero hasta ahora no hay responsables identificados. Su familia y adherentes han advertido sobre un posible montaje y responsabilizan al Estado por la inacción judicial.
La indagatoria está actualmente bajo la conducción de la fiscal regional Tatiana Esquivel, a quien los cercanos a Chuñil cuestionan duramente por desviar la investigación hacia la propia familia de la dirigenta mapuche , ignorando líneas de pesquisa cruciales que apuntarían a su posible condición de desaparición forzada, vinculada al conflicto territorial en la zona.
Familia denuncia montaje y persecución
Durante la reunión, Pablo San Martín, hijo de Julia Chuñil, dirigió un dura pregunta a las autoridades presentes: “¿Por qué tanta injusticia con nosotros?”.
San Martín detalló que hasta el momento la policía continúa enfocada en la familia y señaló que una tía fue interrogada sobre qué tipo de relación tenían él y sus hermanos con la madre. Asimismo, indicó que un hallazgo clave fue desestimado, se trata de una fosa en un sector vecino, encontrada durante los primeros días de búsqueda, que no fue tomada en cuenta por el equipo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) que ni siquiera tomaron muestras de tierra.
A su juicio, todo es parte de un montaje para culpar a la familia y criticó la ausencia en el encuentro del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
Según reportó la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz en un artículo publicado por Pressenza, los asistentes a la reunión se efirieron a la inacción de la fiscal Tatiana Esquivel en los apremios realizados a Jeannette San Martin,por Jeannette San Martín, hija de Julia Chuñil, quien fue interrogada sin presencia de abogado por el suboficial mayor José Arriagada Solar, de Labocar, al interior de un vehículo policial.
Según el testimonio, el funcionario la acusó directamente de la desaparición de su madre, utilizó frases amenazantes y realizó gestos intimidatorios con su arma, todo en presencia de la fiscal Esquivel.
Por tal motivo, «cuestionaron el rol de dirección asumido en la pesquisa del geo radar por Arriagada, y la respuesta negativa de la fiscalía regional a diligencias solicitadas, alegando la falta de recursos».
Asimismo, ampliaron la mirada del caso, enmarcándolo en un contexto de impunidad para crímenes contra defensores del territorio y el pueblo mapuche, registrados en la Región de los Ríos, como los 9 años sin justicia en el feminicidio empresarial de Macarena Valdés, encubierto con un montaje de suicidio; el asesinato de Emilia Bau en el que no se investigó a los responsables, y la desaparición de José Huenante.
Con esta contextualización plantearon que la inacción y el sesgo en el caso Chuñil no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural que favorece la impunidad.

Posición de la Fiscalía
En representación del Fiscal Nacional, Alejandra Seguel, jefa de la Unidad especializada en DDHH de la entidad, escuchó los planteamientos presentados en la reunión.
Seguel se comprometió a hacer llegar al Fiscal Ángel Valencia los expuesto por Pablo San Martín, hijo de Julia Chuñil; por la abogada Santana, integrante del equipo jurídico que defiende a la familia;; por Raúl Flores, de CodepU; por Juana Aguilera, de la Comisión Ética contra la Tortura, y Lucía Sepúlveda, integrante del espacio Día a Día por Julia Chuñil.
Además, informó sobre los avances administrativos respecto a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH y señaló que desde el Ministerio de Relaciones exteriores se envió una respuesta en el plazo de 15 días estipulado por la Comisión y se ha constituido un equipo interinstitucional para dar cuenta de las acciones frente a las medidas formuladas desde el organismo con sede en Washington D.C. (EE.UU.),
En la resolución 48/2025) emitida el pasado 14 de julio de 2025, la CIDH solicitó al Estado de Chile redoblar la búsqueda de la activista y proteger a su familia.
Los representantes de la Fiscalía afirmaron que empatizaban con la familia y que su enfoque es “la debida diligencia, en coordinación con la Cancillería y los demás actores de la institucionalidad para contribuir a generar los resultados esperados en este complejo proceso.
Por su parte los representantes de la Fiscalía dijeron que empatizaban con la familia y que su enfoque es la debida diligencia, en coordinación con la Cancillería y los demás actores de la institucionalidad para contribuir a generar los resultados esperados en este complejo proceso.
Hipótesis de la Desaparición Forzada
Según consignó la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz, desde la defensa de Chuñil reiteraron que no es posible descartar una desaparición forzosa de la dirigenta mapuche y defensora ambiental
Señalaron la absoluta falta de resultados de la investigación realizada no implica obviar la existencia de distintos tipos de participación de agentes del ·Estado, destacando la entrega al empresario Morstadt por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena del predio en disputa sin mediar pago alguno.
Además, plantearon que «podría haber otro tipo de involucramiento de uniformados en rol de guardias de las forestales”.