Cierre pericial de la causa

SML logra identificar a todas las víctimas del caso Lonquén

El hallazgo en 1978, de los cuerpos de las quince víctimas detenidas en Isla de Maipo fue la primera prueba cierta de la violencia de la dictadura cívico-militar chilena. Tras este hecho, las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a encubrir los asesinatos o “ajusticiamientos” realizados a lo largo del país durante los cinco años anteriores, mediante un plan de remoción de fosas al que se le denominó “Operación Retiro de Televisores”. Con ello buscaban garantizar la desaparición definitiva de las víctimas.

Por Jose Robredo

02/03/2016

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Fue en diciembre de 1978 que los cuerpos de las 15 víctimas de los Hornos de Lonquén ingresaron, por primera vez, al Servicio Médico Legal. En la resolución del 4 de abril de 1979, el ministro Adolfo Bañados Cuadra descartó la versión que aludía a un enfrentamiento al establecer que: “en ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego, impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas». En el mismo documento, el magistrado se declara incompetente para continuar con el caso.

Una vez concluidas las pericias y amnistiados los hechores, la Segunda Fiscalía Militar ofició al Servicio Médico Legal a que «hiciera entrega de los restos de Sergio Adrián Maureira Lillo, previa comprobación del parentesco de los deudos acreditados en los certificados de filiación correspondientes. Siendo imposible la identificación de las restantes osamentas de acuerdo al mérito de autos procédase a su sepultación de acuerdo con la ley en la localidad de Isla de Maipo por corresponder al lugar de su fallecimiento». Fue así, como mientras los deudos esperaban los cuerpos de sus familiares en la iglesia Recoleta Franciscana, éstos fueron arrojados en la fosa común del Cementerio Parroquial de Isla de Maipo, con la sola excepción de Sergio Maureira Lillo, cuyos restos fueron depositados al interior de una urna de reducción, ya que se logró su identificación a través de odontología.

Una vez reabierto el caso en tribunales, 27 años después de esa frustrada entrega, entre los días 22 y 25 de marzo de 2006, los restos de las víctimas fueron recuperados desde la fosa y trasladados a la entonces llamada Unidad Especial de Identificaciónde Detenidos Desaparecidos del Servicio Médico Legal, para realizar los diferentes análisis periciales.

Frente a esta gran mezcla de unidades anatómicas, los antecedentes de la intervención pericial llevada a cabo entre los años 1978 y 1979 fueron utilizados como punto de partida para reconocer aquellos restos que definitivamente pudieran estar asociados a las víctimas recuperadas de  los hornos de Lonquén en la época.

Posteriormente un equipo interdisciplinario de peritos conformado por arqueólogos, antropólogos, odontólogos, un genetista y un médico legista, en conjunto con el Dr. Francisco Etxeberría Gabilondo, profesional español designado por el Tribunal, realizó los análisis antropológicos, odontológicos y de material cultural con el objeto de determinar la identidad y causa de muerte de estas 15 víctimas.

La labor forense incluyó la aplicación de todos los criterios antropológicos para la reconstrucción del perfil bioantropológico, correspondiente a la determinación de sexo, edad, estatura y patrón racial, incluyendo también el hallazgo y documentación de patologías ante y post mortem. Además, se observaron lesiones peri y post mortem en cráneo, algunas explicables por golpes con elementos contundentes y otras por agente traumático no determinado. De esta forma se determinó que las lesiones traumáticas de cráneo fueron la causa fundamental de la muerte, calificándolas desde el punto de vista médico legal como muertes violentas homicidas.

Junto a este trabajo pericial, el SML mantuvo reuniones informativas permanentes con los familiares, en una política de puertas abiertas donde ellos también fueron partícipes en la identificación, tanto al reconocer la evidencia asociada de sus seres queridos, como en la entrega de una muestra sanguínea para un futuro análisis genético.

En los años 2007 y 2009, 31 muestras óseas de las víctimas seleccionadas fueron enviadas para su análisis genético al Laboratorio de la University of North Texas Health Science Center (UNTHSC), EE.UU. Los análisis permitieron identificar en 2010, a 13 de las 15 víctimas.

Ese mismo año, y en una segunda etapa de análisis genético, se enviaron 13 nuevas muestras al laboratorio de la International Commissionon Missing Persons (ICMP), Bosnia, lográndose una identificación más.

A su vez, el SML realizó la primera entrega a los familiares de sus seres queridos y objetos personales para su inhumación.

Al estar pendiente la identidad de una de las víctimas, en 2011 se enviaron las diez muestras que no habían arrojado resultados en el laboratorio de ICMP al Laboratorio del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (GMI), Austria, sin obtener resultados positivos.

En octubre de 2014 se realizó un último envío a GMI de 27 nuevas muestras, lo que permitió alcanzar, un año después, la identificación de las quince víctimas.

Para Edgar Rueda, encargado (s) de la Unidad Especial de Identificación Forense del SML, “el cierre de este largo proceso es un reconocimiento al duro trabajo interdisciplinario que tiene esta Unidad y su compromiso con los casos de Derechos Humanos. Se trata  de un caso emblemático, porque corresponde al primer caso de detenidos desaparecidos encontrados en Chile en el año 1978 y se cierra en términos periciales, con la satisfacción de haber identificado a las 15 víctimas. Nos provoca gran regocijo a nosotros como peritos, pero también, a la institución forense porque se reafirma el compromiso en la búsqueda de la verdad para alcanzar la justicia para las víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos y sus familiares”.

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