Tenía 15 años: Estado reconoce a Luis Pino Soto como víctima de la dictadura y su caso avanza como crimen de lesa humanidad

Cuatro décadas tuvieron que pasar para que la familia de Luis Alberto Pino Soto, un adolescente de 15 años desaparecido en julio de 1986 en la ciudad de Arica, lograran que el menor fuera reconocido e incorporado en el registro oficial de las personas desaparecidas que dejó la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Este reconocimiento, materializado en febrero pasado, marca un hito en una larga historia de búsqueda, errores administrativos y sufrimiento familiar, abriendo además una nueva etapa judicial, ya que desde fines de 2024 el caso comenzó a investigarse como un crimen de lesa humanidad.

La oficialización de este reconocimiento se realizó en una ceremonia encabezada por el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en la delegación presidencial de Arica, ocasión en la que se hizo entrega a la familia de Luis Pino de la carpeta del caso y del reconocimiento en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, o “Comisión Rettig”. Este acto representó no solo un gesto simbólico, sino la corrección de dos errores que durante más de treinta años mantuvieron al menor fuera del registro oficial de víctimas.

El camino hacia esta reparación comenzó con una sentencia dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó incorporar a Pino Soto al listado oficial de víctimas. En el fallo se acreditó que en su caso hubo dos equivocaciones: primero, haberlo incluido en la lista de casos «sin convicción», en lugar de reconocerlo como víctima en el Informe de la Comisión Rettig; y segundo, la existencia de un error en la transcripción de su apellido, que durante años dificultó su correcta identificación.

«Reconocimiento del error contribuye a traer tranquilidad»

El abogado Francisco Bustos, representante de la familia de la víctima y miembro del Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos que retomó las diligencias judiciales durante el segundo semestre de 2024, se refirió al significado de este paso para los seres queridos del joven desaparecido.

“Continuaremos acompañando a la familia, buscando verdad respecto del paradero de Luis Pino Soto, y justicia respecto de los responsables de su desaparición. Por décadas el Estado no reconoció su desaparición y muchas autoridades nunca se tomaron la molestia de escuchar a la familia, lo cual incrementó el dolor sufrido. Por lo tanto, el reconocimiento del error contribuye a traer tranquilidad a los padres y hermanos de Luis”, señaló.

Bustos también tuvo palabras de reconocimiento para las instituciones y políticas públicas que facilitaron este proceso, una vez detectado el error administrativo que mantuvo al adolescentes fuera del registro durante décadas.

«Valoramos las palabras del exministro de Justicia y Derechos Humanos, y políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda que contribuyeron a hacer efectiva su inclusión en la nómina oficial de víctimas del Informe de la Comisión Rettig, una vez detectado el error», sostuvo el abogado, quien también se refirió a la importancia de dar continuidad a estas políticas más allá de los cambios de gobierno.

«Y por lo mismo, esperamos que el nuevo gobierno sepa mantener y apoyar el trabajo en materia de verdad y justicia», afirmó, citado en una nota de prensa.

La reactivación judicial y el error de la Comisión Rettig

El impulso definitivo al caso llegó cuando la familia de Luis Pino, contactada por la organización Mujer, Memoria y Derechos Humanos de Arica, logró establecer comunicación con el jurista Francisco Bustos y el Estudio Caucoto Abogados. Esta alianza permitió presentar una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de secuestro calificado consumado —que corresponde jurídicamente a la desaparición forzada—, así como de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, cometidos en perjuicio del joven.

La acción judicial fue acogida a tramitación por el ministro en visita extraordinaria que investiga causas de derechos humanos, Sergio Troncoso Espinoza, de la Corte de Apelaciones de La Serena, quien tiene ahora la misión de establecer el paradero y la suerte corrida por el adolescente durante la dictadura.

En el marco de esta nueva investigación, se solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos toda la información relativa al manejo del caso por parte de la Comisión Rettig. La respuesta de la institución resultó reveladora y confirmó las sospechas de la familia: el caso de Luis Alberto Pino Soto sí había sido reconocido como una víctima calificada en la sesión 72 de la Comisión, realizada el 27 de diciembre de 1990. Sin embargo, por alguna razón que hasta el día de hoy se desconoce, el caso del menor no apareció en el documento final, quedando erróneamente clasificado como «sin convicción», una de las categorías consensuadas por los comisionados para aquellos casos en los que no se reunían antecedentes suficientes para determinar la calidad de víctima.

Este hallazgo no hizo sino confirmar lo que la familia siempre había sostenido: que Luis había sido víctima de la represión dictatorial y que su desaparición merecía ser reconocida como tal, más allá de los errores burocráticos que durante años lo mantuvieron en un limbo legal .

Un largo camino hacia la verdad: la historia de Luis Pino Soto

Luis Alberto Pino Soto tenía apenas 15 años al momento de su desaparición y cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de la ciudad de Arica.

De acuerdo con los datos entregados por su familia y las investigaciones realizadas, el rastro de Luis se pierde cerca de las 14:00 horas del 1 de julio de 1986, una vez que sale de su hogar con destino a la casa de un compañero de escuela en vísperas de protestas contra la dictadura. Desde ese momento, se desconoce por completo su paradero.

El periplo de la familia Pino Soto se extiende desde aquel fatídico día en que se le perdió el rastro al menor. Pese a las diligencias realizadas en esos años por sus padres ante las policías y en los tribunales de justicia de la ciudad nortina, todas resultaron infructuosas. Peor aún, en torno a su búsqueda se suscitaron diversas irregularidades que hoy forman parte de la investigación judicial y que dan cuenta de las dificultades que enfrentaban los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La primera acción impulsada por la familia fue acudir a la 3ra Comisaría de la ciudad para dejar constancia de la desaparición del menor, diligencia que no se pudo concretar por las pocas horas transcurridas desde su desaparición.

Finalmente, el 3 de julio de ese año, tres días después de perderse su rastro, los padres de Luis acudieron a la Policía de Investigaciones, específicamente al Cuartel Belén, donde procedieron a estampar una denuncia por presunta desgracia, iniciándose oficialmente la búsqueda del joven estudiante. Sin embargo, esta operación tuvo nulos resultados, como ocurrió en la gran mayoría de los casos de detenidos desaparecidos.

Pistas sin confirmar y amenazas a la familia

A lo largo de estos casi cuarenta años, su familia habría recibido dos antecedentes que pudieron ser cruciales para acceder al paradero del menor. Uno de ellos señalaba que Luis habría sido visto subiendo a un camión militar en la esquina de la Avenida Tucapel. El otro indicaba que su cédula de identidad habría aparecido en la tercera comisaría de Carabineros, ubicada cercana a Tucapel. Sin embargo, ambas informaciones nunca pudieron acreditarse.

En la época de los hechos, sus padres también interpusieron un recurso de amparo y otro de protección a favor de Luis ante la Corte de Apelaciones de Arica, buscando la intervención del poder judicial para dar con su paradero. Pero pese a presentar todos los antecedentes requeridos, su familia no solo no obtuvo respuestas, sino que fue amedrentada y amenazada para no seguir investigando.

La luz de esperanza y el error que se repite

El 27 de mayo de 1990 hubo una luz de esperanza para sus familiares. Ese día, el diario La Estrella de Arica publicó una nota con un listado de 10 personas desaparecidas, titulada: «Coordinadora de Derechos Humanos entregó lista de desaparecidos». En dicho listado aparecía el nombre de Luis, pero con su primer apellido mal escrito: en vez de «Pino» se publicó como Víctor «Pinto» Soto, un error que resultaría premonitorio de lo que vendría después.

Este indicio llevó a sus padres a acudir a la Comisión Rettig, donde entregaron todos los antecedentes solicitados del menor, con la esperanza de que finalmente su caso fuera reconocido y su nombre inscrito en la memoria oficial del país.

Sin embargo, al darse a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) en febrero de 1991, la desilusión fue mayúscula. El apellido nuevamente venía erróneo y su nombre se publicaba como «PINTO SOTO Luis Alberto», quedando además incluido en la nómina de casos «sin convicción».

Este error administrativo, tuvo consecuencias devastadoras para la familia, ya que durante más de tres décadas impidió que el caso de Luis fuera considerado oficialmente como parte de las víctimas de la dictadura, dificultando el acceso a programas de reparación y, sobre todo, perpetuando la injusticia de mantener oculta la verdad sobre su desaparición.

Una citación electoral que reabrió las heridas

En 2023 ocurrió un hecho que, aunque increíble, reactivó el caso y movilizó a las organizaciones de derechos humanos.

La familia recibió en su domicilio una citación y multa del Juzgado de Policía Local de Arica dirigida a su hijo por no haberse presentado a votar en una elección obligatoria. Este hecho, absurdo considerando que Luis llevaba desaparecido casi cuatro décadas, incrementó la angustia de la familia y llevó a que la organización «Mujeres, Memoria y Derechos Humanos» de la ciudad nortina presentara el caso a diversas instituciones, incluyendo la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos en 2023. Ante la falta de respuesta a sus gestiones, los motivaron a la familia a iniciar acciones judiciales en 2024, lo que finalmente condujo al reconocimiento oficial logrado en febrero de este año.

Un futuro de justicia y verdad

A la fecha, el menor continúa desaparecido, pero ahora el Estado lo ha reconocido como víctima en una ceremonia oficial, mientras su familia sigue una búsqueda silenciosa con la esperanza de poder conocer el destino final de Luis Pino Soto.

La investigación judicial, ahora en manos del ministro Sergio Troncoso Espinoza y con la representación del Estudio Caucoto Abogados, avanza con la calificación de crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe y que puede perseguirse a los responsables independientemente del tiempo transcurrido.

El caso de Luis Pino Soto, con sus errores administrativos, sus pistas no confirmadas, sus amenazas a la familia y su lucha incansable por la verdad, representa de alguna manera la historia de cientos de detenidos desaparecidos en Chile. Pero también representa la posibilidad de reparación, aunque sea tardía, y la esperanza de que, algún día, la justicia pueda alcanzar a quienes cometieron estos crímenes.