El ex alcalde Omar Cruz Reyes y el subdirector de la Policía Martín López Meneses, señalados por este asesinato, obtienen amparo para no ser encarcelados

A un año del asesinato de Moisés Sánchez todo sigue igual

El pasado 2 de enero del 2015, el periodista Moisés Sánchez, fue raptado de su domicilio por varios hombres armados; días después, fue encontrado sin vida en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, a un año de los hechos el caso no se ha resuelto.

Por El Ciudadano México

05/01/2016

Publicado en

Latinoamérica / México

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El pasado 2 de enero del 2015, el periodista Moisés Sánchez, fue raptado de su domicilio por varios hombres armados; días después, fue encontrado sin vida en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, a un año de los hechos el caso no se ha resuelto.

Moisés Sánchez Cerezo fue director general, editor, reportero, fotógrafo y administrador del periódico «La Voz de Medellín»; ejercía el periodismo y difundía información de los conflictos que sucedían en su localidad desde una protesta hasta la falta de agua, alumbrado público o el asfalto dañado en diferentes calles que recorría día con día en su taxi, actividad que alternaba con el periodismo.

Acompañado de su taxi algunas veces repartía ejemplares, doblado de hojas tamaño carta, ya que no siempre tenía dinero para la impresión de este periódico, muchas veces por no decir siempre lo obsequiaba.

También participó en las guardias vecinales en la Colonia Gutiérrez Rosas para vigilar y evitar la delincuencia, lo que incomodó al alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, quien lo amenazó y advirtió -según fuentes periodísticas- «que le darían un susto» por desarrollar la denuncia y difusión de conflictos de inseguridad en esa entidad.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, trató de desacreditar su labor informativa; indicó que «no era periodista, sino taxista», minimizando esta línea de investigación.

Ante estos hechos el titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), antes procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, ordenó la declaración de 78 funcionarios públicos del Ayuntamiento de Medellín; se arraigo a 13 policías municipales, se presentó a Clemente Noé Rodríguez Martínez como el homicida, quien supuestamente confesó su crimen al encontrar los restos de Moisés y acusó públicamente al alcalde Omar Cruz Reyes.

El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de Omar Cruz Reyes para ser juzgado por su culpabilidad en el rapto y asesinato, pero se determinó reintegrarlo si resultaba absuelto del procedimiento judicial que enfrentaría.

Al parecer este hecho no inmutó al ex alcande de Medellín de Bravo, pues obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra, por su culpabilidad en la desaparición y asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo el 17 de noviembre.

También el escolta personal de Omar Cruz Reyes, subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo, Martín López Meneses, mediante un amparo emitido el 4 de noviembre pasado, obtuvo su libertad, al estar procesado y en prisión preventiva, ya que se le señaló de actuar y dirigir la orden en la desaparición y asesinato del periodista de «La Voz de Medellín», por petición del ex alcalde.

En fuentes periodísticas y de organizaciones sociales que defienden los derechos humanos y al libre periodismo como Artículo 19 -de quien se retoma un comunicado para el presente texto- han documentado, hasta 2015, 18 asesinados en el ejercicio de su profesión; 48, asesinados deliberadamente a consecuencia de su actividad periodística; 43, sin que se pueda determinar el motivo de su muerte por investigaciones inadecuadas.

Con 110 periodistas asesinados, detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos y activistas sociales encarcelados por supuestos delitos, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo y la libertad de expresión a pesar de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 53/144 reconocida como la declaración y protección sobre defensores de derechos humanos.

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