Arrecian persecución contra ministros de Evo Morales en Bolivia

 La persecución política emprendida contra los exintegrantes del Ejecutivo de Evo Morales por el gobierno de facto instalado en Bolivia después del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, sigue en aumento.

Muestra de ello es que este viernes se produjo el allanamiento de la vivienda del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, lo que se suma a la negativa de las autoridades de entregarle un salvoconducto para que abandone el país.

El inmueble fue requisado en el contexto de la causa que le abrieron los golpistas por  supuestamente cometer presuntos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

“Lo que se busca es poder ubicar para proceder a secuestrar cualquier elemento que tenga relación con él o los hechos que se están investigando”, declaró el coronel Iván Rojas, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y uno de los participantes del golpe de Estado que interrumpió la institucionalidad en Bolivia.

No es la primera vez que se violenta el domicilio de Quintana. Telesur denunció el asalto a su vivienda por grupos de choque a las órdenes de la oposición golpista.

El 13 de noviembre, la autoproclamada “presidenta interina” Jeanine Áñez, designó como ministro de Gobierno a Arturo Murillo, quien no dudó  en proferir amenazas ante los medios de prensa afirmando que: “todos aquellos que están en sedición van a ir a la cárcel”, tratando de amedrentar a todos aquellos que salían a las calles a defender la democracia en Bolivia.

Asimismo, Murillo arremetió contra Quintana  y anunció que emprendería una cacería en su contra.

“Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, aseguró.

Posteriormente, presentó ante el Ministerio Público una querella penal contra el presidente constitucional Evo Morales y el ministro Quintana por presunta sedición y terrorismo, utilizando como argumentos una supuesta llamada telefónica de Evo instando al bloqueo de la ciudad y lo expresado por Quintana en una entrevista a Sputnik.

“Utilizaron un video que mostraba a una persona recibiendo una supuesta llamada en la que Evo daba instrucciones, todo fue un montaje burdo. Especialistas en comunicación así lo denunciaron en las redes sociales. No era la voz de Evo, era una simulación para montar la acusación”, refirió   la periodista Graciela Ramírez en un artículo publicado por Resumen Latinoamericano.

Frente a esta persecución política generada a partir del golpe Quintana denunció  que Bolivia enfrentaba un escenario de «guerra de alta intensidad para el mediano plazo”. Sin embargo destacó las fortalezas del proceso de cambio y reivindicaciones implementado por el gobierno Evo Morales, frente a las agresiones de la derecha golpista.

“Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad”, dijo, unas palabras que tergiversó Murillo para acusarlo de sedición.

Como parte de sus agresiones, el gobierno de facto ha emprendido una  campaña mediática, política y judicial.

“En cada jornada  se agrega una nueva mentira, un nuevo cargo a los ya existentes que incluyen la alusión a supuestos vínculos con el narcotráfico. En letras de molde se exhibe su foto con el “se busca” como si de un delincuente se tratara”, indicó Graciela Ramírez en su artículo.

Frente a esta persecución Juan Ramón Quintana junto con otros ministros del gabinete de Evo Morales y el intelectual Hugo Moldiz, ministro hasta el año 2015 y miembro de la Secretaría la Red en Defensa de la Humanidad, debieron solicitar asilo ante la embajada de México en La Paz para salvaguardar sus vidas e integridad física.

El 13 de noviembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador  concedió asilo a Quintana en La Paz.  El 15 de noviembre el Gobierno mexicano solicitó a las autoridades actuantes de Bolivia los salvoconductos correspondientes para que Quintana, Moldiz, varios ministros y un gobernador puedan abandonar la sede de la embajada y trasladarse a los países que ya se han ofrecido a otorgarles asilo o refugio político.       

Sin embargo, la administración golpista de Jeanine Añez se ha negado a otorgar los salvoconductos.

Ante este hecho, diversos observadores opinan que esta negativa es violatoria del derecho internacional público y de manera particular de la Convención de Ginebra.

Por si fuera poco, como parte de la persecución existe la sospecha del secuestro de  Marcial Escalante, vicepresidente del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) de Yapacaní, en el departamento boliviano de Santa Cruz.

Escalante recién había regresado de una reunión con el presidente Evo Morales en Argentina y se presume que esa es la razón por la que en estos momentos se halla en paradero desconocido.

También Luis Hernán Soliz, exasistente del exmandatario fue detenido y su casa fue allanada sin que se encontraran elementos que lo inculparan de algún delito, advirtió de inmediato su abogado, reseñó Prensa Latina.

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