Brasil: la Justicia anula indulto a corruptos pero Temer sacaría un nuevo decreto

La Corte Suprema de Brasil suspendió parcialmente el pasado jueves 28 de diciembre  las condiciones establecidas por el mandatario no electo Michel Temer para indultar a condenados por corrupción en la trama de Lava Jato.

Mediante una cautelar la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), la magistrada Carmen Lucia Antunes, criticó los beneficios planteados por Temer al considerar que “crean un potencial escenario de impunidad en el país”.

La decisión de Antunes está basado en la solicitud del fiscal general Raquel Dogde, realizada un día antes, el pasado 27 de diciembre, en la que advierte de una posible fractura al hilo constitucional y específicamente a la separación de poderes, recoge Telesur.

“(Temer) no tiene poder ilimitado para conceder indulto”, afirmó Dodge, quien agregó que si eso existiera “subordinaría al Poder Judicial”.

Los perdones de Navidad son una tradición en Brasil que beneficia a presos que cumplen con ciertas condiciones, como haber cumplido un tercio de la condena de un máximo de 12 años en caso de crímenes de corrupción y lavado de dinero, entre otras.

Sin embargo, para los fiscales de Lava Jato el indulto planteado por Temer beneficia de forma directa a los sentenciados que cumplieron un quinto de la pena, sin contar el tiempo total de condena. La única condición es que no sean presos reincidentes.

De todas formas, tal como informa el Folha de Sao Paulo, Temer publicaría un nuevo decreto de indulto navideño para sustituir fragmentos que fueron suspendidos.

Desde el gobierno brasileño, señala el medio, se va a elaborar un texto que concede el beneficio a parte de los condenados que serían favorecidos por la medida original, publicada el pasado viernes por el gobierno.

Según el ministro Torquato Jardim (Justicia), el presidente pidió que él estudiara la redacción de un nuevo decreto que llene las lagunas abiertas por la decisión del STF y atienda a los criminales «excluidos» por la liminar.

Para evitar un conflicto con el Poder Judicial, el Ejecutivo pretende acatar las observaciones de la ministra en la modificación de las reglas establecidas inicialmente. La idea es evitar que el episodio amplíe el desgaste entre los dos poderes.