De la Guerra Sucia a Ayotzinapa: investigadores critican al Estado Mexicano por torturas

“No hay voluntad política para castigar a los culpables de tortura”, aseguró Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional, organización que recuperó documentos clasificados sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la década de los sesenta.

Durante su conferencia magistral en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), la investigadora habló de las técnicas de tortura utilizadas y promovidas por Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas.

Sobre el caso de México, Doyle recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantuvo distancia de los oficiales estadunidenses, lo que dificultó una penetración como en Guatemala o Nicaragua. Sin embargo, la experta reconoció que los oficiales mexicanos se entrenaron en la Escuela de las Américas, por lo que la Doctrina de Seguridad Nacional sí tuvo influencia en las cúpulas castrenses mexicanas.

“El proyecto de Estados Unidos era proteger la imagen de México, colaborar en la propaganda, proyectar su imagen como país estable. El manejo de la contrainsurgencia vino de los propios mexicanos”, sentenció.

El principal cambio que establece la Doctrina de Seguridad Nacional es que el enemigo ya no es otro ejército sino que está al interior del país. Ello trajo cambios en la estructura e ideología del Ejército, durante el sexenio de Luis Echeverría. Por ello, la analista insistió en la necesidad de documentar la tortura: “en México no hay procedimientos judiciales para los abusos del pasado”.

En el mismo sentido, José Sotelo criticó que el Estado mexicano consigne la verdad histórica como verdad jurídica y, en lugar de procurar justicia, opte por castigar a quienes documentan los abusos.

Sotelo fue el encargado de dirigir el informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y fue inhabilitado por 10 años por el Órgano de Control Interno (OIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tras la investigación realizada en diferentes estados de la República sobre casos de tortura y desaparición forzada, el informe fue censurado por las mismas autoridades. Al respecto, Sotelo insistió: “es necesario que la población esté informada de los crímenes que el Estado realiza y encubre. Las cifras actuales dicen más que cualquier opinión. Entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2014 la PGR registró 4, 404 denuncias por tortura, en 1, 220 habían participado militares. Sólo se lograron sentencias en cinco casos. Como ven, la impunidad es absoluta”.

Por su parte, la antropóloga Elena Azaola leyó algunos fragmentos de entrevistas realizadas a jóvenes recluidos en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa: “es muy doloroso y desgarrador que el 76 por ciento de ellos hayan sufrido severos maltratos de las autoridades que los detuvieron”.

Sobre la tortura infringida a jóvenes, el académico Carlos Fazio explicó el caso de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa que fue ejecutado extrajudicialmente el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

El articulista de La Jornada recordó que hace dos días se realizó una protesta frente a la PGR para demandar que se realice la autopsia al cuerpo de Julio, pues su muerte fue tipificada como homicidio calificado y no como correspondía: una ejecución extrajudicial.

“A diferencia de sus compañeros, su cadáver no fue ocultado. La tortura se planificó para ser vista, sus verdugos quisieron enviar un mensaje, por eso tomaron foto del cadáver y la difundieron por Twitter a sólo 4 horas de su muerte. El mensaje de terror escrito en el cuerpo de Julio César es la concreción más extrema del uso del poder. Fue como un ritual simbólico que pretendía recordarnos el poder disciplinador del Estado”.

Finalmente, el docente de la UNAM y la UACM insistió en que la finalidad de la tortura es destruir al ser político y aterrar a la población y los opositores del régimen. “Los sistemas que promueven la tortura lo hacen con lúcida conciencia, como estrategia de poder”.

Por Paloma Montes

El Ciudadano