Gobierno ilegítimo de Bolivia presenta ley para nuevas elecciones

Entre los argumentos para la anulación de las pasadas elecciones está la auditoría de la OEA, que encontró presuntas «irregularidades», lo que contrasta con lo dicho por el CEPR, centro que afirmó que no hubo fraude en dicho proceso La presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó este miércoles una iniciativa de ley para una posible convocatoria a […]

Por carlosalejandro

21/11/2019

Publicado en

Bolivia / Latinoamérica

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Entre los argumentos para la anulación de las pasadas elecciones está la auditoría de la OEA, que encontró presuntas «irregularidades», lo que contrasta con lo dicho por el CEPR, centro que afirmó que no hubo fraude en dicho proceso


La presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó este miércoles una iniciativa de ley para una posible convocatoria a elecciones, que también contempla anular los comicios del pasado 20 de octubre y elegir nuevos vocales electorales. 

El Proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio será entregado a la Asamblea Plurinacional de Bolivia para su aprobación y contempla la anulación de las elecciones generales y la conformación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Este es un Gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales y será la Asamblea Legislativa la que tenga el trabajo de llevar adelante la elección de los vocales del Tribunal Electoral», dijo Áñez desde el Palacio de Gobierno.

Foto: Share Bolivia

Según informó el ministro de facto de Justicia, Álvaro Coimbra, una vez que esté conformado el Tribunal Electoral, será este organismo quien presente un «calendario electoral».

Coimbra informó que los nuevos vocales del TSE serán elegidos por la Asamblea, así como los plazos para celebrar las elecciones, tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales y el diálogo con actores políticos.

El proyecto del Gobierno de facto plantea garantizar la elección de nuevas autoridades electorales en un plazo máximo de 15 días después de aprobada la ley en la Asamblea. 

Por su parte, Áñez reconoció que el proyecto del Gobierno de facto «puede ser perfectible», aunque pidió que sea considerado «como un documento base para generar un consenso nacional». 

Según explicó Coimbra, necesitan tiempo para reestructurar nueve tribunales departamentales que han sido quemados en el marco de las protestas en Bolivia. 

Sobre la recomposición de los partidos políticos de cara a la convocatoria a nuevos comicios, Coimbra dijo que «todas las alianzas anteriores han desaparecido». 

 Salvatierra: «La Constitución es clara»

Por su parte, la senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, abogó por el diálogo para realizar las elecciones. «Hemos propuesto que el gran diálogo nacional esté compuesto por fuerzas del parlamento, las cuatro principales fuerzas que obtuvieron mayor votación, que cuente con organismos internacionales y la Iglesia católica», dijo en una conferencia de prensa.

Le recordó al gobierno de facto que el nombramiento de vocales del TSE es a través de la Asamblea y no por decreto. «La Constitución Política del Estado es clara en su artículo 206, parágrafo tercero: ‘La asamblea, por dos tercios de los miembros presentes, elegirá a seis de los miembros del órgano electoral y el presidente y la presidenta designará a uno», aseveró.

Argumento

Entre los argumentos para la anulación de las pasadas elecciones y la convocatoria a un nuevo proceso, está la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que encontró presuntas irregularidades en las elecciones y por eso «se recomendó otro proceso electoral».

Este miércoles, además, la OEA aprobó una resolución para pedir al gobierno de facto de Áñez convocar «urgentemente» elecciones.

La convocatoria, además, se hace en medio de la represión policial y militar en Bolivia contra los ciudadanos que han salido a las calles a protestar contra las autoridades de facto.

Foto: Zona Cero

Desde las elecciones generales del pasado 20 de octubre han fallecido 30 personas, y 27 de esas muertes tuvieron lugar tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Solo este martes, un operativo policial en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al dimitido presidente Morales, dejó nueve muertos y unas 30 personas heridas. 

Con información de RT

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