Trabajadores paraguayos frenaron la aprobación de la Ley de Pensiones en el Senado

Miles de paraguayos marcharon este jueves hasta la sede del Congreso en protesta contra el proyecto del Gobierno de esa nación de crear una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que los sindicatos consideran que pone en peligro los  aportes de la clase trabajadora.

La protesta reunió a trabajadores de gremios de la educación, salud y transporte, quienes expresaron su rechazo tanto al proyecto de ley de pensiones, como a su aprobación con modificaciones que se debate en el Senado, ya que pone en peligro los  aportes de la clase trabajadora y extiende la edad de jubilación de 65 a 75 años.

“No al saqueo jubilatorio” y “No a la jubilación a los 75 años” eran algunas de las consignas que se podían leer en las muchas pancartas que portaban los trabajadores, junto a banderas paraguayas, reseña EFE.

Al final de la sesión, la Cámara de Senadores paraguaya rechazó el proyecto de ley.

Las movilizaciones en contra fueron convocadas por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP).

En las adyacencias del Congreso se instaló una «Carpa de la Resistencia«, con el objetivo de exigir a los diputados que deroguen el proyecto de ley, informó Eduardo Ojeda, representante de este movimiento.

El proyecto para la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que fue presentado en 2017 por el presidente saliente, Horacio Cartes, cuenta desde el pasado 16 de mayo con media sanción en la Cámara de Diputados.

Manejo absoluto de las pensiones

Este instrumento legal es rechazado por la inmensa mayoría de los gremios de trabajadores, porque le permitiría al Gobierno utilizar a su antojo los recursos de las pensiones.

La propuesta proviene del Ministerio de Hacienda, que plantea que el sistema de retiros y pensiones del país carece de una entidad especializada de regulación y supervisión.

El organismo dependerá del Banco Central de Paraguay (BCP) y su figura máxima será un superintendente aprobado por el Gobierno, que tendrá la facultad de reglamentar el «régimen de inversión» de los fondos administrados por las entidades de jubilaciones y pensiones y disponer las modificaciones que estime procedentes.

Asimismo, las entidades de Jubilaciones y Pensiones estarán sometidas a la regulación y fiscalización de la Superintendencia.

Por tal motivo, los sindicatos advierten que el superintendente designado por el Ejecutivo podría hacer uso ilimitado de los fondos de la caja de jubilación.

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