Trama de corrupción en Cochabamba por morrales escolares pica y se extiende

El alcalde de Cochabamba, Bolivia, José María Leyes, quien se encuentra actualmente suspendido por la justicia, fue internado de emergencia este lunes por la madrugada en el hospital Los Olivos por una presunta hipertensión arterial y un malestar en la vesícula, informó la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).

Leyes, quien se encuentra presuntamente involucrado en delitos de corrupción por la posible compra de morrales escolares con sobreprecio, estaba convocado a acudir a los tribunales bolivianos para una audiencia cautelar.

Al respecto el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo, informó a los medios de comunicación que debido a los inconvenientes médicos de su cliente, solicitaron a las autoridades que fuera suspendida la audiencia cautelar de este lunes por el caso «Mochilas I y II».

«Tiene una hipertensión que está mezclada un poco con un problema post operatorio que tenía de vesícula. Parece que eso se le ha complicado un poco más», explicó Trigo a los periodistas citado por ABI.

Leyes debía presentarse a las 8:30 de la mañana de este lunes en el juzgado anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia y enfrentar una posible detención preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La investigación de este caso comenzó el pasado 3 de abril por parte de la concejala masista Rocío Molina, quien denunció que la adquisición de los morrales y materiales escolares.

La querella también fue presentada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por un supuesto daño económico al Estado superior a los 12 millones de bolivianos, más de 1,4 millones de dólares.

El alcalde suspendido de Cochabamba habría negociado más de 1,4 millones de dólares al adquirir con sobreprecio los morrales y útiles escolares

Los tribunales de Cochabamba se quedaron a la espera del alcalde suspendido

Según Trigo, Leyes fue hospitalizado a las cinco de la madrugada y permanece sedado mientras se le realizan varias pruebas médicas para definir el tratamiento que deberá aplicarse en su caso.

Añadió que el alcalde suspendido presentó en las últimas horas, mediante sus abogados, varios certificados médicos que justificaron su imposibilidad de asistir a la audiencia cautelar del caso «Mochilas», explica ABI.

«El certificado (definitivo) nos lo van a emitir más después, porque le están haciendo una evaluación médica en este momento», agregó Trigo citado por la referida agencia de noticias.

El pasado 23 de abril de 2018, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una segunda demanda penal ante la Fiscalía contra Leyes, entre otros, por la compra de 91.300 mochilas escolares durante 2017, las cuales habrían sido adquiridas -supuestamente- con sobreprecio por encima del 80% del costo real.

El alcalde se encuentra detenido desde el pasado 20 de abril cuando el referido alcalde se negara a declarar sobre este caso que ha causado revuelo en la sociedad boliviana por estar relacionado con el proceso educativo de niños y adolescentes.

Trama de corrupción involucra a varios empresarios

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia reveló el pasado 17 de septiembre que entre 2015 y 2017, la Alcaldía de Cochabamba emitió cheques para los importadores María René Ramírez y Juan de Dios Morales.

Las transacciones siguieron una ruta que pasó por cuatro instancias hasta llegar con pagos a China para la compra de mochilas escolares en 2017, explica el diario digital boliviano Karinde.

El informe de la UIF detalla el movimiento económico de las empresas MSPC SRL y MANE COMP y sus propietarios, los esposos Morales – Ramírez.

También se investigó a otras personas y se halló indicios de legitimación de ganancias ilícitas, lo que se relaciona con el lavado de dinero.

El documento de la UIF nace de los requerimientos fiscales, de abril y mayo de este año, para obtener informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial, a raíz del proceso penal por la adquisición de mochilas escolares chinas con supuestas irregularidades.

El principal implicado en el caso es el alcalde José María Leyes. Pero, hay más involucrados, entre ellos, los importadores Morales y Ramírez, a quienes procesan porque supuestamente recibieron información privilegiada y fueron favorecidos con la adjudicación para la dotación de mochilas y material escolar.

Las investigaciones sobre el caso Mochilas I se ampliaron y se abrió otro proceso, Mochilas II, por la compra de los bolsos escolares en 2017, porque el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción halló que el “modus operandi” de la contratación habría sido el mismo que el de este año y favoreció a los mismos importadores.

Además, se identificó que los mismos importadores dotaron de cemento asfáltico a la Alcaldía en años anteriores.

Leyes habría facilitado a varios empresarios entrar en la red de corrupción

Posible lavado de dinero y fraude a los fondos públicos

Agrega el portal Karinde que entre diciembre de 2015 y octubre de 2017, la Alcaldía erogó 27 cheques por un monto de 27.7 millones de bolivianos, que a través de un banco llegaron a los importadores Morales y Ramírez. Un total de 25 cheques fueron por 15 millones, por la venta de cemento asfáltico y 12.6 millones, el 4 y 5 de abril del año pasado, “por venta de mochilas escolares”.

A través del banco, los recursos llegaron a los importadores. Ramírez recibió un cheque por 1.6 millones. La empresa MSPC SRL, de los socios Ramírez y Morales, registró 26 cheques por un monto de 26 millones.

De estos recursos, se realizó el 4 de abril de 2017 una transferencia por 7.4 millones de bolivianos para otro empresario que las autoridades no han divulgado su nombre.

Al respecto, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, reconoció que identificar nuevos nombres hace suponer que podría haber aún más gente implicada en las supuestos ilícitos.

“Nosotros tenemos indicios y estamos investigando las transferencias de grandes sumas de dinero, vehículos, etcétera. En su momento, realmente, saldrán a la luz los temas absolutamente irregulares”, acotó Jiménez citado por Karinde.

Además, el informe de la UIF detalla que, entre octubre de 2015 y noviembre de 2017, los proveedores de las mochilas hicieron 14 giros al exterior de Bolivia. Cinco, por 3.5 millones de bolivianos fueron a China para la “compra de mochilas escolares, material escolar y de escritorio”.

Otros cinco giros, por 2.5 millones, se realizaron a Brasil para la compra de cemento asfáltico y tachones y cola para señalización vial. Se agrega otro monto de 95 mil dólares (alrededor de 665 mil bolivianos) también a Brasil, con el mismo fin.

En el caso de los importadores, se identificaron las siguientes actividades mediante vínculos empresariales: construcción de obras civiles, hotelería, servicios de parqueo, lavado y mantenimiento de vehículos, prestación de servicios de jardinería y comercialización de hidrocarburos, “las cuales demuestran ser incongruentes con la venta de mochilas”.

Las compras de las mochilas también se relacionan con otras actividades ilícitas

Transacciones diversas no relacionadas a la compra de mochilas

Por otro lado, “no registró importaciones relacionadas a compra de mochilas según datos de la Aduana Nacional”.

La UIF concluyó que el comportamiento transaccional y operacional podría relacionarse con el “lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos”, y dentro ese contexto las operaciones descritas llegarían a situarse en la “segunda etapa del lavado de dinero”, que se refiere a la intercalación, transformación o diversificación.

Desde hace más de tres meses, los esposos Morales – Ramírez, proveedores de las 91.385 mochilas escolares chinas para la Alcaldía de Cochabamba, guardan detención domiciliaria en Santa Cruz. Pagaron fianzas y tienen prohibido el contacto con involucrados en el caso.

Los importadores de las mochilas son procesados por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado en grado de tentativa y contratos lesivos al Estado.

Por su parte, el Ministerio Público investiga los indicios de supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

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