Ajuste de combustibles en Bolivia pone contra las cuerdas a Rodrigo Paz: crecen protestas y llamados a que deje la Presidencia

El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, que lleva apenas un mes y pocos días en el poder, se encuentra al borde de una severa crisis política y social tras la emisión del Decreto Supremo 5503, denominado «Decreto por la Patria», que elimina la subvención a los carburantes y genera un sustancial incremento inmediato en sus precios.

De este modo, el precio del litro de gasolina pasó de 3,70 a 6,96 bolivianos, mientras que el diésel subió de 3,72 a 9,80 bolivianos. Estos nuevos precios estarán vigentes durante seis meses. Además, se permitirá la libre importación de carburantes.

La medida, anunciada la noche del pasado miércoles, desató en cuestión de horas una tormenta de rechazo unánime que abarca desde la oposición parlamentaria hasta las principales organizaciones sociales del país, incluyendo a la Central Obrera Boliviana (COB), gremios, transportistas, juntas vecinales y campesinos, quienes han convocado a un ampliado nacional de emergencia y han dado un ultimátum de 24 horas para la derogación de la norma, bajo la amenaza de protestas y medidas de presión y, en algunos casos, con el explícito pedido de renuncia del mandatario.

El descontento se materializó de inmediato en las calles. Desde primeras horas del jueves, extensas y nerviosas colas se formaron en las estaciones de servicio de las principales ciudades, mientras muchos comercios, especialmente de venta de alimentos, optaron por cerrar sus puertas a la espera de medir la reacción del mercado. En el transporte público, el ajuste se trasladó de forma casi instantánea a las tarifas, generando discusiones y conflictos entre usuarios y choferes, quienes aplicaron incrementos porcentuales similares a los de los combustibles.

Vicepresidente le da la espalda a Paz por decreto que causará pobreza y desempleo

En un hecho inusual que demuestra la magnitud del rechazo, el propio vicepresidente del Estado, Edman Lara, apareció en una conferencia de prensa junto a jefes de bancada de fuerzas políticas de oposición para condenar las medidas incluidas en el “Decreto por la Patria”, porque consideran que “lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar”, según consignó el medio digital Visión 360.

Lara, flanqueado por representantes de Libre, Súmate, Alianza Popular y el PDC, fue categórico y planteó que “la posición de todas las bancadas presentes (Libre, Súmate, Alianza Popular e incluso el PDC, tanto Diputados como Senadores) rechazan categóricamente el decreto supremo que establece la eliminación de la subvención y todas las medidas que ha puesto el presidente Rodrigo Paz”.

Esta fractura evidencia la soledad política del presidente Paz frente a una decisión que ha logrado unir en su contra a un amplio espectro de la sociedad boliviana.

El poder social se moviliza: plazos y amenazas

La respuesta de los movimientos sociales fue rápida, coordinada y contundente. La Central Obrera Boliviana (COB), máxima organización sindical del país, calificó la medida de Paz como «una cobarde conducta» y un «atentado contra el pueblo boliviano». Mediante un comunicado, convocó a un «ampliado nacional de emergencia» para este viernes 19 de diciembre a las 09:00 en la ciudad de La Paz, reuniendo a todas sus confederaciones y federaciones afiliadas.

“Ante la cobarde conducta del gobierno central y el atentado contra el pueblo boliviano, el comité ejecutivo nacional de la Central Obrera Boliviana instruye y convoca a las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y centrales obreras regionales, al ampliado nacional de emergencia a realizarse en la ciudad de la paz, el día viernes 19 de diciembre de 2025 a horas 09.00”, se lee en el texto consignado por Visión 360.

Por su parte, el sector del transporte, históricamente sensible a los ajustes de combustibles, lanzó un ultimátum directo. La Confederación de Choferes otorgó al Gobierno un plazo perentorio: «Estamos dando 24 horas al gobierno central, al presidente Rodrigo Paz Pereira, para que de una vez por todas abrogue este decreto 5503, caso contrario nosotros, el día sábado, a las 10.00, en un ampliado nacional, determinaremos las medidas que se llevarán adelante».

En la ciudad de El Alto, bastión de la protesta social, el tono fue aún más severo. David Callisaya, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), describió la medida del mandatario de derecha como «un decretazo, un gasolinazo que afecta a todo el pueblo boliviano».

Callisaya también dio un plazo de 24 horas para la derogatoria, señaló que los vecinos se declararon en estado de emergencia y advirtió sobre la fragilidad del gobierno ante este tipo de decisiones: «No hay gobierno nacional que haya atentado contra la seguridad alimentaria del pueblo y pueda tener la suficiente capacidad de sostenerse».

El campo no se quedó atrás. La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia emitió un comunicado en el que otorga «24 horas de plazo» a la administración de Paz para derogar el decreto 5503, «por ser atentatorio contra la economía de los campesinos y la población necesitada».

«En caso de no retirar el maldito decreto, exigimos la renuncia del Presidente por todas las malas acciones tomadas hasta el día de hoy, que sólo han afectado la economía de la gran mayoría de la población a la que representamos», afirmaron,

Paz contra las cuerdas

El presidente Rodrigo Paz, quien ascendió a la jefatura de Estado hace apenas 40 días, enfrenta una prueba de fuego decisiva en su incipiente gobierno. Su capacidad para lograr consensos y desactivar la bomba de tiempo social que él mismo activó con el decreto 5503 está en entredicho. Las amenazas de marchas, bloqueos y paros nacionales, que podrían definirse y estallar este mismo fin de semana, ponen en jaque no solo la política económica de su administración, sino su propia continuidad en el cargo.