Alerta en el ente electoral de Honduras: denuncian correcciones directas en la base de datos y piden a la Corte ubicar a dos consejeras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras se encuentra inmerso en una crisis de transparencia, legitimidad y control del proceso relacionado del escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, luego de que una polémica reforma reglamentaria y la desaparición pública de dos de sus tres consejeras desataran una tormenta de denuncias de opacidad y posible intervencionismo extranjero.

En una sesión plenaria, las consejeras Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Cossette López (Partido Nacional) aprobaron por mayoría una reforma al artículo 20 del reglamento del sistema de transmisión de resultados. Esta modificación autoriza expresamente la realización de «correcciones informáticas» directas en la base de datos oficial del escrutinio. El consejero Marlon Ochoa (Partido Libertad y Refundación, Libre) votó en contra y advirtió que «esta decisión profundiza la falta de transparencia del proceso electoral».

La reforma habilita a tres personas a realizar modificaciones que pasan a formar parte del cómputo general, sin que el Pleno del CNE tenga conocimiento previo de qué dato será cambiado ni cuál será el valor corregido. Ochoa calificó este procedimiento de «extremadamente sensible».

Como consecuencia directa de esta decisión, el universo de 2.792 actas con inconsistencias se redujo a 2.101, las cuales serán sometidas a escrutinio especial. Las 691 actas restantes serán corregidas únicamente en el sistema informático, sin el examen físico del documento original.

El consejero Ochoa planteó que «muchas de las actas excluidas presentan inconsistencias no visibles en la imagen, como discrepancias entre el número de votantes consignados, los registros biométricos, los cuadernos de votación y las papeletas sobrantes».

«Sustituir el control físico por ajustes en base de datos no fortalece el proceso electoral, sino que lo debilita», cuestionó.

Falta de avance y transparencia en el proceso

El consejero Ochoa recordó que, a más de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, el CNE aún no ha logrado acordar el listado definitivo de actas que irán a Escrutinio Especial para diputaciones y corporaciones municipales. Además, denunció que no se ha resuelto un solo expediente de impugnación de los 298 ingresados, pese a que más de 30 estarían listos para resolución.

Para el nivel presidencial, el consejero reiteró su exigencia de contar «voto por voto en la totalidad de las maletas, como vía para devolver confianza al electorado».

Irregularidades en la conducción de la sesión

Ochoa también cuestionó que la convocatoria a la sesión se realizara «solo 46 minutos antes» y que se incluyera la trascendental reforma al reglamento sin que la documentación hubiera sido enviada previamente a los despachos para su estudio.

«Penosamente durante la sesión, la consejera Cossette López adoptó un tono confrontativo, emitiendo comentarios personales hacia el consejero y señalando que incluso su expresión facial le resultaba incómoda», planteó.

Según el magistrado «las faltas de respeto al interior del ente colegiado son motivadas por la propia consejera», y subrayó que su compromiso es con un «proceso electoral abierto, verificable y respetuoso de la institucionalidad».

Votación irregular y posible suplantación

Un punto crucial de la denuncia se centra en la modalidad de participación de las consejeras Hall y López. Ochoa acusó que ambas no activaron sus cámaras durante la sesión virtual, incumpliendo el artículo 34 del reglamento de sesiones de la Ley Electoral. Esta norma exige que los consejeros se identifiquen mostrando su carnet oficial o mediante webcam para validar su participación y emisión de votos.

«La omisión de estas medidas por parte de las consejeras contraviene directamente la norma y aumenta la incertidumbre sobre quién está tomando realmente las decisiones en el proceso electoral», afirmó Ochoa, quien sí participó con su cámara encendida desde su despacho en la sede oficial del CNE.

El Misterio del paradero de las consejeras: Hábeas Corpus y acusaciones de intervencionismo

La situación se volvió más tensa con la revelación de que el paradero físico de las consejeras Hall y López es desconocido desde hace al menos 10 días. Ochoa reveló públicamente que sus compañeras no asisten de forma presencial al pleno y su participación es solo mediante audios, en lo que calificó como «la etapa más crítica del proceso electoral».

Este lunes 22 de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) elevó la gravedad del asunto al presentar ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de Hábeas Corpus (exhibición personal) a favor de las dos consejeras.

El escrito oficial señala «la presunta retención ilegítima y el desconocimiento del paradero» de las magistradas y advierte que esta incertidumbre «podría impactar la estabilidad institucional, la paz social, la seguridad nacional y la confianza ciudadana en el proceso electoral y la democracia hondureña».

En su escrito, la PGR dejó en claro que la acción legal tiene carácter preventivo y garantista, orientada a salvaguardar el orden constitucional, y no responde a intereses políticos, enfatizó.

Asimismo, ratificó su compromiso de actuar en estricto apego a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos.

La institución ratificó que estará atenta al trámite que la Sala de lo Constitucional imprima a la acción presentada, así como a los resultados de las diligencias que se ordenen, los cuales deberán brindar certeza tanto a las personas favorecidas como a la ciudadanía en general.

En una conferencia de prensa, el consejero Ochoa vinculó la opacidad con un contexto de intervencionismo extranjero por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, sin mencionar nombres, Ochoa sugirió que podrían estar «bajo coacción en una embajada extranjera en Tegucigalpa».

«La prioridad es garantizar la voluntad soberana del pueblo hondureño y asegurar que cualquier decisión del CNE se tome en plena libertad y sin imposición», afirmó Ochoa,

Ente electoral bajo la lupa y audios comprometedores

La conjunción de estos hechos –una reforma que permite alteraciones opacas en los datos electorales, la ausencia física de dos tercios de sus máximas autoridades, una votación realizada bajo sospecha de suplantación y una acción legal de Hábeas Corpus– ha sumido al principal órgano garante de la democracia hondureña en su crisis más profunda en años

A la par, este lunes, Pro Honduras Network informó que cuenta con casi un centenar de audios que revelarían la compra de mesas electorales y votación múltiple en los comicios del 30 de noviembre.

«En nuestro poder tenemos 97 audios correspondientes a conversaciones sostenidas por Juan Carlos Oliva, diputado del Partido Nacional e hijo del ex presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva. En estas grabaciones, Juan Carlos Oliva conversa con operadores políticos y territoriales sobre la planificación y ejecución de prácticas fraudulentas relacionadas con procesos electorales», indicó la organización.

«Las conversaciones muestran a Juan Carlos Oliva participando activamente en la coordinación de estas prácticas, dialogando con operadores encargados de ejecutar el fraude a nivel territorial y de mesas electorales», subrayó.

Pro Honduras Network también denunció que los audios en su poder, corroborarían la movilización irregular de votantes desde otras comunidades para que voten en urnas que no les corresponden, así como el «pago de operadores de mesa con dinero proveniente del crimen organizado y el control total de urnas para inflar resultados y beneficiar una candidatura presidencial».

Otro de los audios estaría vinculado con la presunta negociación directa de «cuántos votos se iban a fabricar por urna y los mecanismos de financiamiento utilizados para ejecutar esa operación».

«En la grabación, los operadores le plantean a Juan Carlos Oliva una cifra inicial de 1,000 votos inflados por cada urna bajo su control. Juan Carlos responde que esa cifra es demasiado alta y propone 500 votos por urna», señaló.

Pro Network Honduras también difundió un audio que dejaría en evidencia «la manipulación directa de las actas en las mesas controladas por el crimen organizado».

Según el registro, la voz adjudicada a Juan Carlos Oliva, explicaría «que el fraude no se hizo en el sistema, ni después del conteo, sino en las mesas electorales, al momento de levantar las actas».

«El audio detalla que las mesas bajo control del Partido Nacional y de estructuras criminales manipularon directamente las actas, con el apoyo de custodios militares que, lejos de garantizar la transparencia, resguardaban las maletas electorales ya adulteradas», indicó el medio en un mensaje compartido en X.

Según Pro Network Honduras en las grabaciones, integrantes del Partido Nacional reconocen que Salvador Nasralla iba liderando a nivel municipal, lo que encendió las alarmas dentro de la tienda de derecha

«A partir de ese escenario, los audios muestran cómo los operadores del Partido Nacional, comandados por Juan Diego Zelaya, aspirante a la alcaldía de Tegucigalpa, y Juan Carlos Oliva, intensifican la ejecución del fraude. Las conversaciones detallan: el financiamiento del personal en las mesas electorales, la inyección de recursos para sostener la estructura de la alcaldía de Tegucigalpa y la coordinación de operadores departamentales y municipales para asegurar resultados favorables», denunciaron.

Consejeras aparecen, pero sin revelar paradero

En horas del mediodía de este lunes las consejeras Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Cossette López (Partido Nacional) aparecieron ante la opinión pública para asegurar que se encuentran bien, en libertad, y rechazar la acción de hábeas corpus presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante un video, las consejeras que no revelaron su ubicación y afirmaron que no existe ninguna retención ni desaparición, y calificaron el recurso constitucional como improcedente, al considerar que no se cumplen los supuestos legales para su aplicación. Asimismo, reiteraron que continúan ejerciendo sus funciones dentro del ente electoral.

«Es importante dejar claro que continuamos desempeñando nuestras funciones de manera remota, conforme lo permite el marco legal hondureño, dando seguimiento permanente a cada una de las actuaciones necesarias para el desarrollo y conclusión del proceso electoral, con el único objetivo de evitar mayores riesgos, preservar nuestra integridad y no entorpecer la declaratoria de las elecciones generales», afirmó Hall al leer un comunicado ante las cámaras.

«En ese sentido, consideramos totalmente improcedente la acción promulgada por la Procuraduría General de la República, en su condición de representante del Estado, pues no nos encontramos privados de nuestra libertad, no somos objeto de detención alguna, nuestra situación no configura bajo ningún supuesto una violación a derechos fundamentales que amerite una activación de garantías constitucionales que están destinadas justamente a proteger la libertad personal. De igual forma, aclaramos que no hemos sido víctimas de secuestro alguno», agregó la consejera.